tag:blogger.com,1999:blog-74768483874349503582012-01-27T06:33:22.604-08:00H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comBlogger2461100tag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-20223636070017268152012-01-27T06:17:00.000-08:002012-01-27T06:33:22.612-08:00Para 2012, son once los juicios orales por delitos de lesa humanidad que tienen fecha de inicio confirmada. Se trata de los debates que se realizarán en Mar del Plata, Capital, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Rosario, Neuquén, Tucumán, Entre Ríos, La Rioja y Santa Fe. Entre los acusados están Jorge Rafael Videla y Luciano B. Menéndez. La causa Díaz Bessone retoma las audiencias el 6 de febrero.<span class="fullpost"><br /><br /><span style="font-weight:bold;">Rosario</span><br /><br />A pesar de la dilación en el proceso oral y público de la causa Díaz Bessone ‒que lleva a pensar que la fecha estimada para el próximo juicio a represores en la ciudad se retrase‒, en la agenda del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de la Nación (CIJ), consta que el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario dará inicio el 27 de febrero al juicio oral donde serán juzgados el ex coronel Manuel Fernando Saint Amant, el ex policía Antonio Federico Bossie y el ex comisario general Jorge Muñoz.<br /><br />En el expediente se investigan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios ocurridos en noviembre de 1976 en la localidad bonaerense de San Nicolás en perjuicio de cinco víctimas.<br /><br />En la última audiencia del año del juicio Díaz Bessone que transita por la etapa de la exposición de las defensas, los jueces del TOF 2 de Rosario informormaron que por ingresar en "feria", las audiencias se reanudarían "el lunes 6 de febrero de 2012".<br /><br />Pese al pedido impulsado por distintos organismos de DD.HH, de familiares de las víctimas y querellantes de acelerar la causa para obtener sentencia durante 2011, el Tribunal integrado por los jueces Otmar Pauluchi, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, decidió continuar la última etapa con los alegatos de las defensas, tras la feria judicial.<br /><br />La megacausa denominada Díaz Bessone, en la que son juzgados el excomandante del II cuerpo del ejército Ramón Genaro Díaz Bessone, los expolicías Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini, José Rubén Lo Fiego, y el civil Ricardo Miguel Chomicky comenzó su desarrollo el 29 de julio de 2010.<br /><br />En el proceso, el Tribunal escuchó a más de un centenar de testigos que estuvieron alojados en la mayor centro de detención que funcionó en el Servicio de Inteligencia (SI) de la policía de Rosario y por el que se estima pasaron cerca de 2.000 personas.<br /><br />Concluidos los alegatos de la fiscalía y de la querella que representa a 91 víctimas, solicitaron "prisión perpetua" para Díaz Bessone y 25 años de prisión en cárcel común para los cuatro expolicías.<br /><br />Menos una, todas las partes acusadoras no levantaron cargos contra Chomicky, un exmilitante de la JP que luego de ser secuestrado y torturado, habría pasado a colaborar con sus captores.<br /><br /><span style="font-weight:bold;">La agenda de juicios en el resto del país</span><br /><br /><span style="font-weight:bold;">9 de febrero, Mar del Plata</span><br /><br />El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata dará inicio al juicio oral contra los ex militares Julio Alberto Tommasi, Roque Ítalo Pappalardo, José Luis Ojeda, y los civiles Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez. Se les imputa privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado, de Carlos Alberto Moreno, oriundo de la localidad de Olavarría y se desempeñaba como abogado laboralista.<br /><br /><br /><span style="font-weight:bold;">14 de febrero, Córdoba</span><br /><br />El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, integrado por los jueces José Fabián Asis, José Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano, encabezará el debate donde serán juzgados Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri, ex integrantes del Comando Radioeléctrico de la ex Unidad Regional 1. La causa investiga la muerte de Jorge Diez, Ana Villanueva y Carlos Oliva, militantes de la Juventud Peronista.<br /><br /><span style="font-weight:bold;">7 de marzo, Neuquén</span><br /><br />Ese día, ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, comenzará el juicio oral contra Luis Alberto Farías Barrera, Enrique Braulio Olea, Oscar Lorenzo Reinhold, Hilarión de la Pas Sosa, Mario Alberto Gómez Arenas, Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín, Francisco Julio Oviedo, José Ricardo Luera, Enrique Charles Casagrande, Máximo Ubaldo Maldonado, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, Raúl Antonio Guglielminetti, Antonio Alberto Camarelli, Gustavo Viton, Miguel Angel Quiñones, Jorge Osvaldo Gaetani, Serapio del Carmen Barros, Emilio Jorge Sacchitella, Jerónimo Enerio Huircain, Oscar Ignacio Del Magro, Julio Héctor Villalobo, Saturnino Martínez y Desiderio Penchulef.<br /><br /><br /><span style="font-weight:bold;">15 de marzo, Tucumán</span><br /><br />El Tribunal Oral Federal de Tucumán dará inicio al debate que se realizará en el marco de la causa “De Benedetti”, en la que se investiga la muerte de Osvaldo De Benedetti, ocurrida en 1978. Se encuentran acusados Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge González Navarro y Alberto Carlos Lucena.<br /><br /><br /><span style="font-weight:bold;">15 de marzo, La Rioja</span><br /><br />El Tribunal Oral Federal de La Rioja dará inicio a un juicio oral contra Luciano Benjamín Menéndez. El debate, encabezado por los jueces, José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano y Jaime Díaz Gavier, se realizará en el marco de la causa “Estrella, Luis Fernando y otro-homicidio calificado reiterado, privación ilegítima de la libertad seguida de muerte y tormentos”. Además de Menéndez también serán juzgados Luis Fernando Estrella y Domingo Benito Vera.<br /><br /><br /><span style="font-weight:bold;">21 de marzo, Paraná</span><br /><br />Desde ese día, el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por los jueces Roberto Lopez Arango, Lilia Carnero y Noemí Marta Berros encabezarán el debate donde serán juzgados Albano Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone, Francisco Crescenzo, Julio César Rodríguez, Juan Miguel Valentino, Naldo Miguel Dasso, Marcelo Alfredo Pérez, Juan Carlos Mondragón y Santiago Carlos Kelly del Moral.<br /><br /><br /><span style="font-weight:bold;">22 de marzo, Santa Fe</span><br /><br />Comenzará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad un juicio oral contra el expolicía Juan José Luis Gil por amenazas y coacciones en perjuicio de funcionarios judiciales, víctimas y querellantes que intervinieron en la etapa de instrucción de una causa por violación a los derechos humanos que tramita ante el Juzgado Federal de Reconquista.<br /><br /><br /><span style="font-weight:bold;">10 de abril, Comodoro Rivadavia</span><br /><br />Ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia –integrado por los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Pedro José De Diego y Nora María Cabrera de Monella-, el 10 de abril, a las 10, comenzará el juicio oral por los hechos conocidos como “Masacre de Trelew”, ocurridos en el año 1972, donde se investigan homicidios agravados y torturas, en perjuicio de 19 víctimas. Los imputados son: Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino, Jorge Enrique Bautista, Luis Emilio Sosa, Horacio Alberto Mayorga y Rubén Norberto Paccagnini.<br /><br /><br /><span style="font-weight:bold;">16 de abril, Capital</span><br /><br />Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital, serán juzgados Pedro Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de su actuación en los centros clandestinos de detención denominados “Atlético”, “Banco” y “Olimpo” en perjuicio de un total de ciento ochenta y un víctimas.<br /><br /><br /><span style="font-weight:bold;">10 de junio, Córdoba</span><br /><br />El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de encabezará el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención denominado La Perla. Entre los imputados se encuentra el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez. Está previsto que durante el juicio comparezcan alrededor de 250 testigos, lo que la convierte en el juicio más importante llevado adelante en esta jurisdicción. <br /><br />Fuente: CIJ</span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-2022363607001726815?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-49321965416826868882011-12-28T11:49:00.000-08:002011-12-28T11:53:08.984-08:00El Tribunal Oral Federal 2 (TOF)de Rosario informó que las audiciencias de la causa Díaz Bessone, en la que son juzgados cuatro expolicías santafesinos, un militar y un civil, acusados de cometer en la última dictadura militar distintos delitos de lesa humanidad, se reanudará el 6 de febrero del año próximo.<span class="fullpost"><br /><br />En lo que fue la última audiencia del año en la sede del TOF 2 de Rosario, que transita por la etapa de la exposición de las defensas, informó que por ingresar en "feria", las audiencias se "reanudarán el lunes 6 de febrero de 2012".<br /><br />Pese al pedido impulsado por distintos organismos de DD.HH, de familiares de las víctimas y querellantes de acelerar la causa para obtener sentencia éste año, el Tribunal integrado por los jueces Otmar Pauluchi, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, decidió continuar la última etapa con los alegatos de las defensas, tras la feria judicial.<br /><br />La megacausa denominada Díaz Bessone, en la que son juzgados el excomandante del II cuerpo del ejército Ramón Genaro Díaz Bessone, los expolicías Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini, José Rubén Lo Fiego, y el civil Ricardo Miguel Chomicky comenzó su desarrollo el 29 de julio de 2010.<br /><br />En el proceso, el Tribunal escuchó a más de un centenar de testigos que estuvieron alojados en la mayor centro de detención que funcionó en el Servicio de Inteligencia (SI) de la policía de Rosario y por el que se estima pasaron cerca de 2.000 personas.<br /><br />Concluidos los alegatos de la fiscalía y de la querella que representa a 91 víctimas, solicitaron "prisión perpetua" para Díaz Bessone y 25 años de prisión en cárcel común para los cuatro expolicías.<br /><br />Menos una, todas las partes acusadoras no levantaron cargos contra Chomicky, un exmilitante de la JP que luego de ser secuestrado y torturado, habría pasado a colaborar con sus captores.</span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-4932196541682686888?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-508794870197547522011-12-07T14:31:00.000-08:002011-12-07T14:35:52.889-08:00El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó este miércoles a prisión perpetua al ex interventor de la provincia de Santa Fe durante la dictadura militar, el ex coronel José María González, quien fue encontrado culpable de delitos de lesa humanidad. "González fue quien derrocó (al gobernador Carlos) Sylvestre Begnis, fue el hombre de la dictadura en esta provincia, y durante su período de gobierno ocurrieron los hechos más cruentos que se dieron en la ciudad (de Santa Fe)", recordó Lucila Puyol, la abogada y militante de HIJOS Santa Fe. <span class="fullpost"><br /><br />El tribunal, integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Lilia Carnero, leyó hoy la sentencia en la que González fue condenado por el homicidio doblemente calificado del militante peronista Mario Marini, secuestrado junto a su esposa Ana María Cavadini y su hijo Germán el 9 de diciembre de 1975.<br /><br />Además del homicidio de Marini, el tribunal también condenó a González por el allanamiento ilegal de la vivienda que habitaba la familia y la privación ilegítima de la libertad de la pareja, agravada en el caso del hombre.<br /><br />El TOF santafesino coincidió con los pedidos de la querella y de la acusación fiscal, que habían solicitado la prisión perpetua.<br /><br />Tras la lectura de la sentencia, la abogada querellante Lucila Puyol expresó su satisfacción por el veredicto de los jueces y estimó que las imputaciones a González "fueron suficientemente probadas por el testimonio de los testigos".<br /><br />Puyol remarcó que "éste es el primer caso de juicios de este tipo en el que la Fiscalía también pidió la prisión perpetua, lo que marca claramente que había elementos suficientes para una condena de este tipo".<br /><br />Además, la abogada manifestó la importancia de que "por primera vez en Santa Fe se juzgó a un militar por delitos de lesa humanidad", a diferencia de la denominada Causa Brusa, en la que fueron juzgados policías y civiles.<br /><br />"Además, hay que tener en cuenta la importancia de González, porque fue jefe del Comando de Artillería 121 desde fines de 1974, luego jefe del Area 212 y el primer interventor de la dictadura", añadió.<br /><br />En ese sentido, Puyol reseñó que "González fue quien derrocó (al gobernador Carlos) Sylvestre Begnis, fue el hombre de la dictadura en esta provincia, y durante su período de gobierno ocurrieron los hechos más cruentos que se dieron en la ciudad (de Santa Fe)".<br /><br />El ex coronel comenzó a ser juzgado el 27 de octubre pasado, día en que se leyó el requerimiento de elevación a juicio y el testimonio de los primeros testigos, entre ellos el de Cavadini.<br /><br />Cavadini y Marini se casaron a inicios de 1975 y residían en una vivienda humilde de Jujuy 3618, actualmente Pasaje Andrade, en el sur de la ciudad de Santa Fe.<br /><br />La mujer contó que el 9 de diciembre de ese año, pasadas las 19, un grupo de tareas integrado por seis hombres armados, vestidos de civil y a cara descubierta, ingresó a la casa en busca de su esposo, en tanto otros tres hombres permanecían afuera de la vivienda.<br /><br />Media hora más tarde llegó Marini y fue apresado por los captores, que lo tiraron al piso y le apuntaron con sus armas.<br /><br />Mientras tanto, parte del grupo se llevó a la mujer junto a su hijo, de entonces 45 días de edad, momento en que Cavadini pudo observar que afuera de la casa estaban los tres hombres que completaban el operativo.<br /><br />La testigo fue trasladada hasta la comisaría primera de Santa Fe, ubicada en la céntrica esquina de 25 de Mayo y Primera Junta, en tanto Marini habría sido alojado en la comisaría cuarta, según le dijo un policía.<br /><br />Luego, un militar que la interrogó días después le dijo que su marido "se les había escapado", aunque la querella sostuvo que Marini murió en una mesa de torturas, hecho ratificado por los testigos.<br /><br />Cavadini estuvo detenida a disposición del Poder Ejecutivo por el término de cuatro años y medio, en tanto su esposo figura en la lista de desaparecidos.<br /><br />González, quien reside en Buenos Aires y goza del beneficio de prisión domiciliaria, fue procesado en julio de 2008 y su causa fue elevada a juicio en mayo de 2010, en ambos casos por decisión del juez federal 2 de Santa Fe, Francisco Miño.<br /><br />Además de este juicio, el represor afronta una causa por el homicidio de 21 militantes políticos, asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y tormentos en cuatro casos, por los cuales está procesado.<br /><br />En su sentencia de este miércoles, el TOF coincidió con el alegato de los fiscales al condenar a González por los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Cavadini y Marini (agravado en este caso) y de homicidio doblemente calificado por alevosía y por la intervención premeditada de más de dos personas.<br /><br />En el juicio se dio por acreditado que González tenía conocimiento de lo sucedido y de la identidad de Marini en virtud de un recurso de hábeas corpus que contestó en aquella época a la Justicia Federal.<br /><br />En su respuesta, el jefe militar ubicó el caso de Marini dentro de "cuestiones de servicio que involucraban a la defensa nacional". <br />Fuente: Télam </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-50879487019754752?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-10634411353925441582011-12-07T04:05:00.000-08:002011-12-07T04:07:25.857-08:00El Tribunal Federal N° 2 de Rosario reinició las audiencias en la causa denominada Díaz Bessone, en la que son juzgados seis ex jefes militares y policiales de inteligencia por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. Sobre el juicio, que transita la etapa final, una de las abogadas querellantes, Ana Oberlin, manifestó su preocupación por el tiempo que lleva la causa, al estimar "que no terminará antes de fin de año como en principio se creía".<br /><span class="fullpost"> Causa Díaz Bessone<br /><br /><br />El proceso que comenzó en julio de 2010 se reinició en la mañana de este lunes con los alegatos de las defensas, iniciados hace un mes, luego el juicio continuará con los alegatos de los querellantes y la fiscalía.<br /><br />Los acusados en la causa son: El ex-comandante del segundo cuerpo del ejército, Ramón Díaz Bessone y a los ex-policías Mario Marcote y José Lofiego para quienes las partes querellantes coincidieron en pedir la condena a prisión perpetua.<br /><br />La lista de acusados por delitos que van desde homicidios agravados, torturas, violaciones y desapariciones, se completa con los expolicías Ramón Vergara y José Scortechini y el civil, Ricardo Chomicky.<br /><br />Desde su inicio en 2010 por el juicio pasaron más de un centenar de testigos que relataron instancias vividas en el más grande centro clandestino de detención que funcionara en el Servicio de Inteligencia (SI) de la Jefatura de Policía donde, se estima, estuvieron detenidos alrededor de 2.000 personas.<br /><br />Sobre el juicio, que transita la etapa final, una de las abogadas querellantes, Ana Oberlin, manifestó su preocupación por el tiempo que lleva la causa, al estimar "que no terminará antes de fin de año como en principio se creía".<br /><br />"La feria comienza este mes y aún restan varios alegatos de las defensas", dijo Oberlin, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.<br /><br />Asimismo, Gustavo De Vicenzo, una de las 91 víctimas por el que son juzgados los seis acusados, adelantó que el miércoles 14 de diciembre próximo el espacio Juicio y Castigo ‒que nucela a sobrevivientes de la dictadura y organizaciones de derechos humanos y políticas‒ concretará un acto para pedir "que se aceleren los tiempos y pronta condena".<br /><br />"Si hay más demoras, el juicio seguirá el año que viene y los acusados seguirán en libertad", resumió De Vicenzo.</span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-1063441135392544158?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-71108527078296763682011-11-30T06:46:00.000-08:002011-11-30T06:47:30.793-08:00El abogado del represor de la dictadura, José Rubén Lofiego –alias el Ciego o Menguele–, dijo que el connotado torturador del ex Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario “recibía órdenes del Ejército”, y reflotó el argumento de la obediencia debida.<span class="fullpost"><br /><br />Gritzko Gadea Dorronzoro, el defensor de uno de los más siniestros represores del SI de Lofiego inició este martes su alegato en el juicio oral que se sigue, además de Lofiego, al ex general Ramón Dìaz Bessone, José Scortechini; Mario Alfredo Marcote y Ramón Rito Vergara; y al civil Ricardo Miguel Chomicky, acusado de “colaboracionista” por varios de sus ex compañeros de militancia.<br /><br />Además de adherir a los planteos ya realizados por la defensa de Marcote, Vergara y Scortechini, y de solicitar la nulidad de parte de los alegatos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fiscalía, los principales argumentos Dorronzoro apuntaron a la prescripción de los delitos que se le imputan a su defendido, y a señalar que el marco normativo dictado por el gobierno de Isabel Perón destinado no dieron otra alternativa a la policía que cometer los iliícitos por los que se lleva adelante el juicio.<br /><br />El abogado de oficio complicó la situación de otro de los imputados, Díaz Bessone, al indicar que la responsabilidad en las detenciones fue del Ejército y que Lofiego no podía determinar la ilegalidad o legalidad de dichas privaciones de la libertad.<br /><br />En el juicio, que lleva más de un año y transita su etapa final, investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 93 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario, el más grande de la provincia, ya que se calcula que por él pasaron entre 1.800 y 2.000 personas.<br /><br />Durante el proceso, la fiscalía y las querellas solicitaron prisión perpetua para el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone, y para el ex policía José Rubén Lofiego. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-7110852707829676368?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-5068689283634827172011-11-24T22:27:00.000-08:002011-11-25T10:29:09.829-08:00Se trata de José María González. Lo solicitó la querella en su alegato ante el Tribunal Oral Federal de la capital provincial. Es en la causa en que se investiga el homicidio de Mario Marini y el secuestro de Ana María Cavadini.<br /><span class="fullpost"><br /><br />El representante de la querella solicitó al Tribunal Oral Federal de Santa Fe que condene a prisión perpetua al ex coronel José María González, en el juicio oral en el que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad durante el último gobierno militar.<br /><br />Los jueces José María Escobar Cello, Marivon Vella y Lilia Carnero llevan adelante la causa por el homicidio de Mario Marini y el secuestro de Ana María Cavadini.<br /><br />Este viernes, a partir de las 9, proseguirán los alegatos del Ministerio Público Fiscal. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-506868928363482717?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-15364190380874084902011-11-24T20:03:00.000-08:002011-11-25T11:08:33.134-08:00El fiscal federal Gonzalo Stara solicitó que se cite a declarar al párroco de la catedral de Rosario, Raúl Giménez, por defender durante una misa la inocencia del cura Eugenio Zitelli, quien está siendo investigado por su presunta vinculación con la represión ilegal durante la dictadura. En el juicio oral por la causa Díaz Bessone, culminó el alegato de una de las defensas.<span class="fullpost"><br /><br />Las afirmaciones de Giménez fueron publicadas en la edición del domingo de Rosario 12, basadas en el testimonio de la periodista Susana Pozzi, quien estaba en la casa parroquial rosarina durante la primera misa del día que tiene lugar entre las 8 y las 9 de la mañana.<br /><br />Stara elevó la demanda al titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, que entiende en la causa que se sigue por crímenes de lesa humanidad en la causa Díaz Bessone (ex Feced) y ordenó la detención de Zitelli, quien hasta hace solo unos meses estaba a cargo de la iglesia San Pedro de la vecina localidad de Casilda<br /><br />"En el día de hoy (por este lunes), conforme con lo que habría manifestado Giménez, hemos solicitado al juez Bailaque que lo reciba antes posible para que de declaración testimonial para que de razón de los dichos que habría efectuado", señaló el fiscal Stara al programa "Trascendental" de LT8.<br /><br />"En principio, aparentemente Giménez tendría algún tipo de información acerca de los hechos, acerca de Zitelli, acerca de los hechos por los que está citado Zitelli, y sobre su ajenidad en los hechos por lo que fue ordenada su detención", añadió el fiscal federal de la causa Díaz Bessone.<br /><br />"Hemos pedido que se lo cite a declarar fundamentalmente para que de razón de sus dichos, no sólo sobre los hechos que se le imputan a Zitelli sino también sobre su participación en los mismos", ratificó el funcionario judicial, en relación con el pedido que presentó al juez Bailaque.<br /><br />Según el testimonio de Pozzi, "en el momento en que se piden las intenciones, un momento cúlmine de la celebración religiosa pues se consagran la sangre y el cuerpo de Cristo, el párroco de la Catedral Raúl Giménez pidió realizar una petición personal por mi querido amigo, un sacerdote que por estas horas está pasando momentos difíciles pues está siendo injustamente acusado de cosas que no cometió”.<br /><br />“Lo acusan de haber sido partícipe de torturas y violaciones cuando era capellán. Mi amigo sólo fue capellán, son mentiras todas esas cosas que se dicen por estas horas, no torturó ni avaló violaciones como dicen. Sólo por haber sido capellán lo están injuriando”, siguió el cura.<br /><br />“También es mentira que esté detenido –añadió–, pues por estas horas está en una casa de retiro que tenemos en Zavalla con una discreta vigilancia. Hablé con él y le dije que pediríamos por su alma. Se puso muy contento cuando se lo comuniqué. Pidamos por él". De esta forma el párroco cerró la petición el viernes a la mañana, sin nombrarlo, pero dejando absolutamente claro que se trataba de ex capellán de la policía rosarina durante la dictadura Eugenio Zitelli.<br /><br />Conocidas las declaraciones el grupo UMANO (Unidos por la Memoria y Ante el Olvido) de Casilda calificó de "inadmisibles las expresiones que tuviera Giménez, a instancias de las "intenciones del rezo", ritual propio de la Misa Católica, quien a través de calificaciones falaces construyó una "verdad" basada en la tergiversación de lo Real. A Eugenio Segundo Zitelli lo imputó el Tribunal Federal Nº 4, por delitos de Lesa Humanidad, por haber sido pieza clave de una Estructura Delictiva cuyos fines eran el Secuestro, la Tortura, la Desaparición, la Violación y en la mayoría de los casos, el posterior asesinato de las personas detenidas en el SI durante la última dictadura".<br /><br />Díaz Bessone<br /><br />En otro orden, en la audiencia desarrollada este miércoles en el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, concluyó la defensa de los policías Mario Marcote. Ramón Vergara y José Scortechini. El proceso, que está llegando a sus últimas instancias, continuará el próximo martes a las 9.30.<br /> </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-1536419038087408490?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-65142247435179092502011-11-14T22:02:00.000-08:002011-11-15T12:12:37.627-08:00El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario decidió este lunes que el ex jefe del segundo cuerpo de ejército durante la dictadura, Ramón Genaro Díaz Bessone, continúe el proceso desde el Hospital Militar de Buenos Aires a través de una transmisión enn vivo. Su abogado acreditó que el represor habría sufrido un ACV.<span class="fullpost"> <br /><br />Los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 dictaron esa resolución tras escuchar el diagnoóstico de la junta médica que indicó que el ex militar está “en condiciones psíquicas de entender lo que pasa en las audiencias pero no tiene la aptitud física para estar presente en las mismas”.<br /><br />El TOF dio lectura al informe oficial de la pericia realizada el 7 de noviembre pasado en el Hospital militar de Buenos Aires que se dividió en psicológica y neurológica."El imputado se encuentra desde el punto de vista psíquico en condiciones de estar en juicio, firmado por el perito oficial y los peritos de parte.y la evaluación neurológica arrojó como conclusión que sobre las condiciones psico-fisicas: se deben efectuar exámenes complementarios”, constató el informe, que no obstante agregó:"se considera que en el momento actual no está en condiciones para estar en juicio", señaló dicha evaluación<br /><br />Por otra parte, los peritos de parte de la querella manifestaron en su informe ampliatorio que, "no se han realizado los estudios complementarios en su totalidad que permitan una definición a sus posibilidades de presenciar las audiencias, a la brevedad deben requerirse desde el tribunal, en la medida en que se vayan realizando, los estudios pendientes y que en el plazo de 15 días se reevalúe neurológicamente al imputado en relación a sus posibilidades físicas de estar presentes en las audiencias"<br /><br />La fiscalía a su turno sostuvo que "no corresponde suspender el debate. Desde el punto de vista psíquico esta en condiciones de estar en juicio. Entendemos que en este tramo, el de los alegatos, netamente técnico, no resulta necesaria la presencia de los imputados, por lo que puede seguir estando en juicio. El propio imputado, ha optado permanecer estar afuera, con lo cual esto meritaría el rechazo de lo planteado. Por ser una etapa netamente técnica, no se da una violación al derecho de defensa. Los exámenes pueden efectuarse sin perjuicio de seguir desarrollándose esta etapa procesal",<br /><br />La Querella de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), Familiares, de la Secretaría de Derechos Humanos e Hijos adhirieron al planteo<br /><br />En consecuencia el TOF 2 resolvió "no hacer lugar al planteo del defensor del imputado Bessone”. Las audiencias continuarán con los alegatos de las defensas de los imputados, el el lunes 21 a las 9.30.<br /><br />En el juicio, cuyo juicio lleva más de un año y transita su etapa final, ademnás de Díaz Bessone, también están imputados los ex policías José Rubén Lo Fiego; José Carlos Scortechini; Mario Alfredo Marcote y Ramón Rito Vergara; y el civil Ricardo Miguel Chomicky, acusado de colaboracionista por varios de sus ex compañeros de militancia.<br /><br />Conocida como “megacausa Feced”, ahora denominada “Díaz Bessone”, investiga crímenes de lesa humanidad cometidos contra 93 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario, el más grande de la provincia, ya que se calcula que por él pasaron entre 1.800 y 2.000 personas. Se prevé que antes de fin de año se conocerá la sentencia.<br /><br />Durante el proceso, las cuatro querellas solicitaron prisión perpetua para el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone. En el juicio se investigan delitos en perjuicio de 93 víctimas del terrorismo de Estado.<br />.</span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-6514224743517909250?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-42155977016957925502011-11-14T15:47:00.000-08:002011-11-14T15:49:53.110-08:00Según el documento, el tribunal dictó desde el año 2004 un total de 1.168 sentencias vinculadas con procesos en los que se investigan crímenes contra los derechos humanos. Listado completo de los expedientes elevados a juicio.<span class="fullpost"> <br /><br />La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, tribunal de alzada de ocho Juzgados Federales de primera instancia con asiento en las ciudades de Santa Fe y Rosario (Provincia de Santa Fe) y San Nicolás (Provincia de Buenos Aires), informa que desde el año 2004 y hasta el presente ha dictado un total de 1.168 resoluciones en recursos presentados por las partes ante decisiones de los jueces de instrucción con competencia penal de la jurisdicción del Tribunal en distintas causas donde se investigan delitos de lesa humanidad.<br /><br />Asimismo, informa que ante los distintos Juzgados Federales de la jurisdicción tramitan un total de 183 causas de ese tipo, y que hasta la fecha se han elevado a juicio 25 causas, las que tramitan ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal Nos. 1 y 2 de la ciudad de Rosario y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Santa Fe, habiéndose dictado sentencia en algunas de ellas, conforme al siguiente detalle:<br /><br />1°) En el año 2007 el Juzgado Federal N° 4 de Rosario elevó parcialmente a juicio la causa “GUERRIERI, Pascual Oscar y otros s/ Privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física”, teniendo como imputados a Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña, Pascual Oscar Guerrieri y Eduardo Rodolfo Costanzo.<br /><br />En dicha causa el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la ciudad de Rosario dictó sentencia conforme se informa en el punto 14°).<br /><br />2°) En el año 2008 el Juzgado Federal N° 4 de Rosario elevó a juicio la causa “FECED, Agustín y otros s/ Homicidio, violación y torturas”, hoy caratulada “DÍAZ BESSONE, Ramón Genaro y otros s/ Homicidio, violación y torturas” que tiene como imputados a Ramón Genaro Díaz Bessone, José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Antonio Scortechini, Ricardo Miguel Chomicki, Lucio César Nast y Carlos Ulpiano Altamirano.<br /><br />A estas actuaciones se le acumularon las causas caratuladas “González, Sonia s/ Su desaparición”, “Paulón, Antonio s/ Su desaparición” y “González, Estrella y otros s/ Sus desapariciones”.<br /><br />Este proceso se halla en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la ciudad de Rosario, y se encuentra en la etapa de alegatos.<br /><br />3°) En el mismo año 2008, el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe elevó a juicio las causas: 1) “BARCOS, Horacio Américo s/ infracción artículo 144 bis inciso 1°, 142 inciso 1°, 144 ter 2do. párrafo y 55 del C.P.”, teniendo como imputado a Horacio Américo Barcos; 2) “ROLÓN, Juan Orlando s/ infracción artículos 144 bis, inciso 1°, artículo 142 inciso 1 y 5, según Ley 23.077; artículo 144 ter, 1° párrafo del C.P. según Ley 14.616 y artículo 55 del Código Penal”, teniendo como imputado a Juan Orlando Rolón. Asimismo, los Juzgado Federales N° 1 y 2 de Santa Fe, conjuntamente, elevaron a juicio la causa “BRUSA, Víctor Hermes – COLOMBINI, Héctor Romeo – RAMOS CAMPAGNOLO, Eduardo Alberto – PERIZZOTTI, Juan Calixto – CORREA, Nicolás – AEBI, María Eva – FACINO, Mario José s/ infracción Arts. 144, 1er. párrafo de la Ley N° 14.616; Arts. 144 bis incisos 1° y 2° y 142 inciso 1° último párrafo de la Ley N° 23.077 y artículo 55 del Código Penal”, teniendo como imputados a Víctor Hermes Brusa, Héctor Romeo Colombini, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, Juan Calixto Perizzotti, Nicolás Correa, María Aebi y Mario José Facino.<br />En las mismas se dictó sentencia conforme se indica en el punto 15°).<br /><br />4°) En el año 2009 el Juzgado Federal N° 4 de Rosario elevó a juicio las causas: 1) “JORDANA TESTONI, Enrique y otros s/ Privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física”, parcialmente, teniendo como imputados a Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña, Pascual Oscar Guerrieri y Eduardo Rodolfo Costanzo; 2) “RODRÍGUEZ, Pedro Alberto y otros s/ privación ilegal de la libertad, violencia, amenazas y tormentos”, teniendo como imputados a Pedro Alberto Rodríguez, Rubén Osvaldo Cervera, Horacio Hugo Maderna y Ramón Genaro Díaz Bessone; 3) “DÍAZ BESSONE, Ramón Genaro s/ Privación ilegal de la libertad, violencia, amenazas y tormentos (Víctima: María Teresa Vidal MARTÍNEZ BAYO)”, teniendo como imputado a Ramón Genaro Díaz Bessone.<br /><br />La causa “JORDANA TESTONI, Enrique y otros s/ Privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física” fue acumulada a la causa caratulada “GUERRIERI, Pascual Oscar y otros s/ Privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física”, en la que se dictó sentencia conforme se informa en el punto 14°).<br /><br />5°) “GUERRIERI, Pascual y otros s/ asociación ilícita”, que tiene como imputados a Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña, Pascual Oscar Guerrieri, Eduardo Rodolfo Costanzo, Ariel Zenón Porra, Juan Andrés Cabrera, Marino Héctor González y Alberto Enrique Pelliza.<br /><br />6°) Ese mismo año el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe elevó a juicio la causa “FACINO, Mario José s/ infracción artículo 144 bis inciso 1 último párrafo, por concurrir las circunstancias del artículo 142 inciso 1 ambos del C.P. conforme Ley N° 14.616, en concurso real con el artículo 144 ter segundo párrafo del C.P., 277 y 79 C.P.”, teniendo como imputado a Mario José Facino.<br /><br />En la misma se dictó sentencia conforme se informa en el punto 15°).<br /><br />7°) A su vez, en el mismo año, el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás elevó a juicio las causas: 1) “NOVOA, Claudio Luis s/ dcia. Privación ilegítima de libertad, torturas y séxtuple homicidio – Víctimas: Goncalvez, Gastón Roberto José; Granada, Ana del Carmen; Fettolini, María del Carmen; Amestoy, Omar Darío; Amestoy, Fernando y Amestoy, María Eugenia”, que tiene como imputados a Manuel Fernando Saint Amant, Antonio Federico Bossie y Jorge Muñoz; 2) “SAINT AMANT, Manuel y otros s/ desaparición forzada de personas – Víctimas: Alvira, María Cristina y otros”, teniendo como imputado a Manuel Fernando Saint Amant; 3) “MASTROBERARDINO, José Emilio – Privación ilegal de la libertad y torturas”, en donde se encuentra imputado Manuel Fernando Saint Amant.<br /><br />8°) En el año 2010 el Juzgado Federal N° 4 de Rosario elevó a juicio la causa “GUERRIERI, Pascual Oscar y otros s/ Privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física”, parcialmente, teniendo como imputados a Ariel Zenón Porra, Juan Andrés Cabrera, Marino Héctor González y Alberto Enrique Pelliza.<br />9°) Ese año el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe elevó a juicio la causa “MARTÍNEZ DORR, Roberto José s/ infracción artículo 144 bis inciso 1 del C.P. y artículo 144 ter 1° y 2° párrafo del C.P. según Ley 14.616 y artículo 55 del C.P.”, teniendo como imputado a Roberto José Martínez Dorr.<br /><br />10°) Por su parte, el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe elevó a juicio la causa “GONZÁLEZ, José María s/ infracción artículo 151, 144 bis inciso 1° (Ley 14.616) en función del 142 inciso 1° (Ley 20.642) y 79 C.P. (en concurso real Art. 55 C.P.)”, teniendo como imputado a José María González.<br /><br />Esta causa se encuentra en la etapa de audiencia de debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Santa Fe.<br /><br />11°) En tanto, el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás elevó a juicio la causa “SAINT AMANT, Manuel F. y otros s/ Privación ilegal de la libertad, torturas y desaparición física (Víctimas: MARTÍNEZ, Pablo y otros)”, que tiene como imputados a Manuel Fernando Saint Amant, Edgardo Antonio Mastandrea y Juan Antonio Benvenutto.<br /><br />12°) En el año 2011 el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe elevó a juicio la causa “BRUSA, Víctor Hermes – COLOMBINI, Héctor Romeo – RAMOS CAMPAGNOLO, Eduardo Alberto – PERIZZOTTI, Juan Calixto – CORREA, Nicolás – AEBI, María Eva – FACINO, Mario José s/ infracción artículo 210 del C.P.”, teniendo como imputados a Víctor Hermes Brusa, Héctor Romeo Colombini, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, Juan Calixto Perizzotti, Nicolás Correa, María Aebi y Mario José Facino.<br />13°) También este año, el Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de San Nicolás elevó a juicio las causas 1) "SCHIEL, Eduardo Julio s/ Formula denuncia sobre sus secuestros y torturas"; 2) "SAINT AMANT, Manuel F. y otros s/ privación ilegítima de la libertad y torturas (víctimas Montalvo, Ricardo y otros)”; 3) "SAINT AMANT, Manuel F. y otros s/ privación ilegítima de la libertad y torturas (víctimas Zuelgaray, Tomás Juan y otros)”; 4) “SAINT AMANT, Manuel Fernando; Pérez Burkhardt, José Jesús; Ricardes, Carlos Diego; Martínez, José Alberto s/ Homicidio, Privación Ilegítima de la Libertad, Vejaciones, Torturas. Víctimas Acosta, Hugo Daniel; Acosta, Ramón Alberto; Beccarini, Vicente Primo; Acosta, Héctor; Kasenas, Dionisio Tomás; Navarro, Mariano; Sosa, Maria Alicia; Brunelli, Naldo Raúl A.”; 5) “FERRERO, Norberto Ricardo y otros s/ privación ilegítima de la libertad, tormentos y falsedad ideológica (Víctimas: Ocariz, Jorge Enrique y otros)”; 6) “PERIS, Julio Raúl s/ su desaparición forzada de persona”; teniendo todas ellas como imputado a Manuel Fernando Saint Amant.<br /><br />14°) Cabe destacar que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario, con fecha 15 de abril de 2010 dictó sentencia en la causa “GUERRIERI, Pascual Oscar y otros s/ Privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física”, y su acumulada “JORDANA TESTONI, Enrique y otros s/ Privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física”, en la que fueron condenados Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña, Pascual Oscar Guerrieri y Eduardo Rodolfo Costanzo (Arts. 144 inc. 1° y último párrafo – según ley 14616 –, Art. 142 inc. 1° - según ley 20642 -, Art. 144 ter párrafo 1° y 2° - según ley 14616 -, todos en concurso real con el Art., 80 inc., 2°, 6° y 7° todos del Código Penal).<br /><br />La sentencia no se encuentra firme a la fecha por cuanto fue recurrida por ante la Cámara Nacional de Casación Penal.<br /><br />15°) Asimismo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe dictó las siguientes sentencias: 1) con fecha 15 de diciembre de 2009 en la causa “ROLÓN, Juan Orlando s/ infracción artículos 144 bis, inciso 1°, artículo 142 inciso 1 y 5, según Ley 23.077; artículo 144 ter, 1° párrafo del C.P. según Ley 14.616 y artículo 55 del Código Penal”, declarando la extinción de la acción penal y el archivo de la causa por el fallecimiento del imputado Juan Orlando Rolón; 2) con fecha 22 de diciembre de 2009 en la causa “BRUSA, Víctor Hermes – COLOMBINI, Héctor Romeo – RAMOS CAMPAGNOLO, Eduardo Alberto – PERIZZOTTI, Juan Calixto – CORREA, Nicolás – AEBI, María Eva – FACINO, Mario José s/ infracción Arts. 144, 1er. párrafo de la Ley N° 14.616; Arts. 144 bis incisos 1° y 2° y 142 inciso 1° último párrafo de la Ley N° 23.077 y artículo 55 del Código Penal”, en la que fueron condenados Víctor Hermes Brusa, Héctor Romeo Colombini, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, Juan Calixto Perizzotti, Nicolás Correa, María Aebi y Mario José Facino (Art. 144 inc. 1° y último párrafo, Art. 144 ter, primer párrafo, según ley 14.616, todos del Código Penal, en concurso real; con excepción del encausado Brusa, a quien se lo encontró autor responsable del delito de previsto en el Art. 144 bis, inc. 2° del Código Penal según ley 23.077), en concurso real); 3) con fecha 12 de abril de 2010 en la causa “BARCOS, Horacio Américo s/ infracción artículo 144 bis inciso 1°, 142 inciso 1°, 144 ter 2do. párrafo y 55 del C.P.” en la que fue condenado Horacio Américo Barcos (Arts. 45, 55, 144 bis inciso primero y último párrafo, 142 inc. 1°, todos del Código Penal, según ley 14.616 y 23.077; y Art. 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, según ley 14.616); 4) con fecha 13 de agosto de 2010 en la causa “FACINO, Mario José s/ infracción artículo 144 bis inciso 1 último párrafo, por concurrir las circunstancias del artículo 142 inciso 1 ambos del C.P. conforme Ley N° 14.616, en concurso real con el artículo 144 ter segundo párrafo del C.P., 277 y 79 C.P.” (Arts. 55, 144 bis inc. 1° y último párrafo, 142 inc. 1° , todos del Código Penal, según ley 14.616 y 23.077; y Art. 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, según ley 14.616, Art. 79).<br /><br />Estas sentencias no se encuentran firmes a la fecha por encontrarse recurridas por ante la Cámara Nacional de Casación Penal.<br />Fuente: CIJ<br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-4215597701695792550?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-65276674007704944152011-11-08T18:40:00.000-08:002011-11-08T18:41:06.321-08:00El Juez Federal de Rosario, Marcelo Bailaque citó a "indagatoria" con pedido de "detención" a monseñor Eugenio Zitelli, en el marco de la causa denominada "Feced-residual", en la que varios testigos sobrevivientes de la última dictadura afirmaron que el ex capellán de la policía de Rosario presenciaba las sesiones de torturas.<span class="fullpost">Piden la detención del cura Zitelli<br /><br />Además del cura Zitelli hay una larga lista de represores que también serán indagados por diferentes delitos de lesa humanidad. Entre ellos los represores José Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara y José Scortechini, quienes se ecuentran soportando el proceso oral denominado Díaz Bessone y que se encontraban en libertad por una resolución de la Cámara de Casación Penal. Por esta nueva citación quedarán detenidos hasta que la justicia resuelva sus estados procesales. El fiscal de la cuasa, Gonzalo Stara, informó que la nómina de citados se completa con "Videla, Sotera, Corrales, Portilo, Vallejo, Olazagiotía y Formoselle".<br /><br />La medida tomada por el Juez Federal de Rosario, Marcelo Bailaque se enmarca en la causa denominada: Feced-Residual, que investiga delitos cometidos por la policía de Rosario en dónde el cura Eugenio Zitelli fue capellán entre 1964 y 1983, según informaron voceros judiciales.<br /><br />En declaraciones formuladas al programa Trascendental que se emite por LT8, Stara, señaló que el cura ‒que hasta el 2 de octubre pasado estaba a cargo de una parroquia en la localidad santafesina de Casilda‒ "fue denunciado por testigos de presenciar sesiones de torturas e indagatorias que se realizaban en el Servicio de Inteligencia que funcionaba en sede policial".<br /><br />Según testimonios de sobrevivientes, el cura Zitelli cumplía funciones como las de "calmar a la familia, y evitar reclamos y denuncias sobre desapariciones y detenidos".<br /><br />Eugenio Zitelli, por decisión del Arzobispo de Rosario, José Luis Mollahan, fue relevado el pasado 2 de octubre de su cargo al frente la parroquia San Pedro de la localidad de Casilda, aunque continúa viviendo en el lugar.<br /><br />El ex capellán de la Unidad Regional II de Rosario es el primer sacerdote citado en Santa Fe por la justicia, en causas que investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar.<br /><br />Juicio Díaz Bessone<br /><br />Por otra parte, este martes se desarrolló una nueva audiencia de la causa Díaz Bessone, denominiación que adquirió la parte del llamado expediente "Feced y otros" que fue elevado a juicio, y que cursa en el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario desde julio de 2010.<br /><br />La audiencia continuó con el alegato del abogado de oficio Germán Artola, quien prosiguió con la defensa de los ex policía Mario Marcote, José Scortecchini y Ramón Vergara.<br /><br />Artola se dedicó a buscar diferencias entre las fechas de detenciones manifestadas por los sobrevivientes y las que figuran en los partes policiales elaborados en esa época.<br /><br />El defensor señaló además que “se trataba de detenciones de carácter legítimo dado el estado de sitio y la legislación antisubversiva vigente” y recordó que la jueza Laura Cosidoy ‒quien declaró como testigo propuesta por los abogados de los represores‒, “manifestó que los habeas corpus se rechazaban porque las detenciones se ajustaban a la legislación de la época”. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-6527667400770494415?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-68933410762016553332011-11-03T18:42:00.000-07:002011-11-08T18:43:18.726-08:00Este miércoles se reanudó el juicio contra Díaz Bessone y otros cinco imputados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Rosario. El defensor oficial Germán Artola, fue el encargado de iniciar la defensa de los represores.<span class="fullpost"><br /><br />En el juicio que se desarrolla en el tribunal federal 2 de la ciudad, están imputados además de Díaz Bessone, los policías José Lofiego, Mario Marcote, José Scorteccini, Ramón Vergara y el ex detenido político Ricardo Chomicky, acusado por Ey compañeros de colaboracionista.<br /><br />La audiencia se demoró en comenzar porque el abogado de Díaz Bessone, Francisco Miño, presentó un recurso porque su defendido habría sufrido un ACV.<br /><br />El tribunal hizo lugar a la petición, con el voto en disidencia de Vengas Echague, y autorizó el trasladado al Hospital Militar Central de la ciudad de Buenos Aires.<br /><br />Lo resuelto por el Tribunal motivó la inmediata reacción del fiscal de la causa, Gonzalo Stara, quien interpuso recurso de nulidad contra la decisión de los jueces Baravani y Paulucci por entender que debió darse intervención a la fiscalía antes de decidir y agregó que no puede privilegiarse al imputado con su traslado al Hospital Militar teniendo la posibilidad de recibir atención médica en esta ciudad.<br /><br />El tribunal rechazó el planteo de la fiscalía y dispuso que se constituya una junta médica para determinar si Díaz Bessone está en condiciones de continuar su sometimiento a juicio.<br /><br />Tras largas deliberaciones, la audiencia comenzó con el alegato de Artola, quien en primer término, planteó la prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo, ratificó la validez de las leyes de obediencia debida y punto final, y planteó la nulidad de la audiencia de debate por entender que se ha afectado el derecho de la defensa por no haber podido controlar eficazmente la prueba de cargo, ya que en numerosas ocasiones el Tribunal no le permitió interrogar a los testigos.<br /><br />Hizo referencia también a la legalidad de las detenciones que se les imputan a sus defendidos como privaciones ilegítimas de la libertad por entender que la policía actuó conforme a las leyes vigentes en ese momento y que luego remitía las actuaciones a la justicia militar.<br /><br />El alegato de Artola y de las demás defensas continuará el próximo martes a las 10. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-6893341076201655333?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-75691681980987234602011-10-22T08:02:00.000-07:002011-10-22T08:07:26.406-07:00<a href="http://1.bp.blogspot.com/-0LsUwobU3Co/TqLcBk-2oFI/AAAAAAAAA74/t5qxzGEZ_bA/s1600/Acto%2BParan%25C3%25A1.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 214px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-0LsUwobU3Co/TqLcBk-2oFI/AAAAAAAAA74/t5qxzGEZ_bA/s320/Acto%2BParan%25C3%25A1.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5666333200850788434" /></a>El Tribunal Oral Federal que investigó el funcionamiento de una maternidad clandestina en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura, declaró este viernes culpables a cinco de los seis imputados de los delitos de sustracción de un menor y de adulteración de identidad. Los integrantes del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario condenados fueron Pascual Oscar Guerrieri (14 años de prisión), Jorge Alberto Fariña (13 años), Juan Daniel Amelong (13 años) y Walter Pagano (11 años), mientras que el médico del hospital militar local, Juan Zaccaría recibió una pena de 5 años. La resolución fue celebrada como un hecho histórico para Entre Ríos, aunque abogados, querellantes y organismos reconocieron que esperaban "mayor contundencia en las condenas".<span class="fullpost"><br /><br />A la vez, el tribunal resolvió absolver de los delitos investigados en la causa al ex militar Marino González, también ex integrante del batallón rosarino.<br /><br />Los condenados pidieron no estar presentes en la sala al momento de la lectura del fallo, que encontró a Guerrieri, Amelong, Pagano y Fariña "coautores responsables" de la sustracción del mellizo varón de la detenida-desaparecida Raquel Negro, y de alteración o supresión de su identidad.<br /><br />En tanto, el médico Zaccaría, ex jefe de terapia intensiva del nosocomio castrense, fue considerado partícipe necesario del delito.<br /><br />El tribunal dispuso también que Guerreri y Zacarías cumplirán prisión domiciliaria, mientras que los restantes irán a cárcel común.<br /><br />Guerrieri, Fariña, Amelong y Pagano ya habían sido condenados a la pena de prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario en el marco del juicio que investigó los delitos cometidos en cinco centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita del Batallón 121 de ejército con asiento en Rosario.<br /><br />Por otra parte Marino González es investigado en otras tantas causas que también tramitan en los juzgados federales de Rosario.<br /><br />El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo e integrante de HIJOS, Álbaro Baella, recordó a Redacción Rosario, que desde la durante los alegatos la Fiscalía había solicitado que Guerrieri sea condenado a la pena de 14 años de prisión, Fariña, Amelong y González a 13, y Zaccaría y Pagano a 11, mientras que las querellas pidieron que todos los acusados sean sentenciados a prisión perpetua por los delitos investigados.<br /><br />Por otra parte, Baella indicó que desde la querella también habían solicitado que se revoque la prisión domiciliaria que goza actualmente Guerrieri y, subsidiariamente, para el caso de que el tribunal no aceptara la calificación del delito de desaparición forzada, la pena de prisión de 25 años e inhabilitación de cumplimiento efectivo para todos los imputados.<br /><br />Baella advirtió que “aún no se han leído los fundamentos”, pero admitió que la sentencia “dista mucho del pedido de pena que hizo la querella conjunta, tanto del pedido de pena del delito de desaparición forzada de persona como los 25 años que pedimos para todos”.<br /><br />La abogada querellante por la agrupación HIJOS regional Paraná, Florencia Amore, adelantó que apelarán el fallo del tribubal. “Esperábamos mayores condenas ‒dijo la abogada‒, pero sigue siendo satisfactorio haber podido transcurrir por este juicio después de 30 años y haber logrado estas condenas, que para nosotros son menores pero son condenas al fin, sobre todo teniendo en cuenta la clase de delitos de la que estamos hablando”.<br /><br />“Tenemos un sentimiento contradictorio. Por un lado estamos contentos porque hemos logrado una condena, pero esperábamos mayor severidad”, señaló.<br /><br />“Es importante que la sociedad tenga muy claro el mensaje en relación a estos hechos gravísimos. El daño que generan, tanto en las personas apropiadas como en las familias que los han buscado por más de 30 años no puede ser soslayado con una pena de tan pequeña. Entonces, desde nuestro punto de vista, los jueces tienen que dejar claro simbólicamente que en este país la apropiación de menores es un hecho repudiable”.<br /><br />Una cuestión de actitud<br /><br />Fuera del tribunal, desde las 17 se había montado un escenario para “celebrar el hecho histórico de que por primera vez Paraná tenga una condena por delitos de lesa humanidad”, explicaron militantes de HIJOS desde los micrófonos.<br /><br />Sabrina Gullino, reconoció estar "sorprendida porque apostábamos a perpetua" para los secuestradores de su madre, Raquel Negro, y de su hermano mellizo, que continúa desaparecido tras el parto en el hospital militar de Paraná, en marzo de 1978.<br /><br />"Igual estoy contenta de que se cierre esta parte", dijo al recalcar el valor del juicio que, sostuvo, "aportó no sólo la condena de los imputados, sino además el hecho de saber que el Melli está vivo y que tenemos herramientas para encontrarlo”.<br /><br />Recalcó que el juicio permitió desterrar la hipótesis de su hermano mellizo muerto a las pocas de nacer, como dijeron algunas versiones.<br /><br />Funcionarios, militantes sociales y familiares de víctimas de la causa, destacaron el fallo que condenó a los implicados y resaltaron la importancia "histórica" del juicio para la provincia de Entre Ríos.<br /><br />El ministro de Gobierno de la provincia, Adán Bahl, aseguró que a partir del fallo "finalmente, la provincia ingresa en la senda de la justicia, la verdad y la memoria".<br /><br />A su vez, el integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Iparraguirre, dijo que “es un triunfo del movimiento de derechos humanos la condena de los cuatro militares y del médico Zaccaría", imputados en la causa.<br /><br />"Salió la verdad a la luz, así que para nosotros es una alegría enorme”, completó el dirigente.<br /><br />La luchadora por los derechos humanos y hermana de un desparecido, María Luz Pierola, recordó por su parte que "hacía 30 años que veníamos peleando por esto".<br /><br />"Vamos a ir por más", prometió antes de reconocer que "hemos logrado en Entre Ríos la condena de los genocidas, lo que no es poco", recalcó.<br /><br />Tras la lectura del veredicto, la Mesa por Juicio y Castigo organizó un festival popular frente a los tribunales federales locales.<br /><br />En el escenario, por donde pasaron varios artistas paranaenses, pudo verse a los Payasos Autoconvocados y la Murga la Memoriosa de la ciudad de Rosario, que acompañaron a una nutrida columna de rosarinos entre los que se encontraron integrantes del Espacio Juicio y Castigo y militantes de HIJOS de esta ciudad.<br /><br />El evento culminó con un recital a cargo de las Actitud María Marta.<br /><br />Datos de la causa<br /><br />En la causa Hospital Militar se investigó a los seis imputados por el robo y la sustitución de identidad de los hijos mellizos de la pareja de los militantes montoneros desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en marzo de 1978 en el hospital militar de Paraná.<br /><br />La melliza mujer, que fue dada en adopción y anotada como Sabrina Gullino luego de ser abandondana en un orfanato de Rosario, recuperó su identidad en 2008.<br /><br />Mientras tanto el bebé varón continúa siendo buscado, a pesar de que el represor arrepentido, Eduardo Costanzo, afirmó que el chico está en el seno de la familia del militar Pablo Navone, quien se suicidó en Córdoba el día que debía declarar por esta causa en Paraná. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-7569168198098723460?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-25730791298641431752011-10-19T14:40:00.000-07:002011-10-19T14:41:31.068-07:00El fiscal federal del juicio oral y público que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de Rosario, Gonzalo Stara, pidió este miércoles las condenas de prisión perpetua para el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, y para el ex oficial de policía José Rubén Lo Fiego. Por otra parte, Stara solicitó al tribunal la pena de 25 años de prisión e inhibición absoluta para otros tres ex policías y la absolución del sexto acusado en ese expediente, un civil señalado por su presunta complicidad con los represores de la última dictadura.<span class="fullpost"><br /><br />En el final de su alegato, el fiscal Stara solicitó al Tribunal Oral Federal Nº2 (TOF2) de esta ciudad, integrado por Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, la pena de prisión perpetua para el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, e igual condena para el ex oficial de la policía rosarina José Rubén Lo Fiego.<br /><br />Ambos están acusados por 91 casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y 17 casos de homicidio de personas que fueron secuestradas durante la última dictadura y detenidas ilegalmente en el centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía local.<br /><br />En tanto, el representante del Ministerio Público pidió 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para los ex policías José Carlos Scortechini, Mario Alfredo Marcote y Ramón Rito Vergara; mientras que solicitó la absolución de Ricardo Miguel Chomicky, un ex militante de la Juventud Peronista secuestrado en 1976 y acusado por otros sobrevivientes del SI de complicidad con sus captores.<br /><br />Cárcel común<br /><br />Además, Stara pidió este miércoles que los imputados cumplan la pena de prisión en cárcel común bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 444 del Ministerio de Defensa de la Nación.<br /><br />A la vez, el fiscal solicitó en relación a Díaz Bessone que se le revoque la prisión domiciliaria de la que goza, y por último reclamó al TOF2 que al dictar la sentencia se ordene la inmediata detención de los imputados, que en todos los casos están en libertad por decisiones de la Cámara Nacional de Casación Penal.<br /><br />Finalmente, el representante de la Unidad Fiscal solicita que se remitan copias de las declaraciones de algunos de los testigos del juicio oral al Juzgado Federal Nº4 de esta ciudad, a los fines de que se investigue el posible delito de tormento contra menores que estuvieron detenidos en el SI mientras sus padres permanecieron allí.<br /><br />Según dijo Stara, "entendemos que esas condiciones de detención configuran el delito de tormentos". Entre otros, mencionó los casos de los hijos de Nelly Ballestrini de Larrosa, María Inés Luchetti, Estela Cristina Bernal y Francisca Van Bove de Espinoza, quienes estuvieron en cautiverio en el SI durante las detenciones de sus progenitores.<br /><br />En tanto, el TOF2 decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 2 de noviembre próximo, cuando comiencen los alegatos de las defensas de los imputados. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-2573079129864143175?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-66640253961090272752011-10-18T16:47:00.000-07:002011-10-18T16:48:58.258-07:00El fiscal Gonzalo Stara concluyó este lunes con el repaso de las pruebas por imputado en el juicio contra una parte de patota de Agustín Feced que operó durante la dictadura en el Servicio de Informaciones de la policía de Rosario (SI). Tras describir la cuantiosa evidencia acumulada contra los policías Mario Marcote, Ramón Vergara y José Scortechini, Stara consideró que hay causas “exculpantes y eximientes” de la conducta del ex militante acusado de colaboracionista, Ricardo Chomicky. En la puerta del tribunal, los organismos de derechos humanos recordaron a los militantes de la Juventud Peronista asesinados el 17 de octubre de 1976, en el operativo conocido como la Masacre de los Surgentes.<span class="fullpost"><br /><br />En el marco del juicio Díaz Bessone, que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario (TOF2), y en la quinta semana de su alegato ‒acusación final‒, el fiscal Stara terminó este lunes de repasar la prueba acumulada durante toda la etapa investigativa y la presentada a lo largo del proceso oral y público en curso desde junio del año pasado.<br /><br />Luego de referirse a la importante evidencia que prueba la participación en los delitos de lesa humanidad cometidos en el SI por Marcote, Vergara y Scortechini ‒los casos de Díaz Bessone y Lofiego fueron detallados la semana pasada‒, Stara fundamentó lo que consideró las causas exculpatorias y eximientes de la conducta del imputado Ricardo Chomicky ‒el ex militante montonero acusado de “colaboracionista” por varios de los sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en la ex jefatura de la policía rosarina‒.<br /><br />El fiscal remarcó la condición de víctima de Chomicky y explicó que, por lo que surge de la causa, por los dichos del propio Chomicky y por resoluciones del juzgado de Instrucción y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, el acusado "fue secuestrado en diciembre de 1976" por un grupo de tareas de la dictadura. Stara recordó además que por esas resoluciones judiciales Lofiego y Marcote están procesados por “privación ilegítima de la libertad y tormentos” contra Comicky.<br /><br />El fiscal se refirió a la falta de libertad y a las condiciones que existían en el SI, y remitió a un documento de la Procuración General de la Nación ‒cabeza de todos los fiscales federales del país, conducido por Esteban Righi‒, en el que se fundamenta por qué no se debe acusar en casos como el de Chomicky.<br /><br />Luego Stara pasó a detallar la calificación legal de los hechos y describió los delitos que cometieron los imputados en el SI, entre los que incluyó “privación ilegítima de la libertad”, “homicidio agravado”, “homicidio agravado” y “tormentos”.<br /><br />Además el fiscal fundamentó por qué los delitos deben ser considerados de “lesa humanidad”, y se detuvo en la consideración de la figura de “genocidio”.<br /><br />En ese punto, el presidente temporal del tribunal, Jorge Venegas Echague, anunció un cuarto intermedio hasta las 9.30 de este martes, y solicitó “puntualidad para que el fiscal pueda concluir con su alegato”.<br /><br />Acto por la Masacre de los Surgentes<br /><br />Fuera del tribunal, desde las 11 de la mañana, querellantes, testigos, familiares de desaparecidos y diversas organizaciones de derechos humanos y sociales ‒nucleados en el espacio Juicio y Castigo‒, realizaron un homenaje a los siete jóvenes detenidos del SI que aparecieran acribillados en la localidad cordobesa de Los Surgentes un 17 de octubre de 1976.<br /><br />En el juicio se están juzgando los secuestros de cuatro de las siete víctimas de la denominada Masacre de Los Surgentes, mientras que los casos de los otros tres fusilados quedaron fuera de esta etapa oral por una polémica “razón” jurídica ‒que fuera cuestionada la semana pasada por el Fiscal Stara‒.<br /><br />Las que sí fueron incluidas en este proceso son las privaciones ilegítimas de la libertad de Analía Murgiondo, Eduardo Felipe Laus, José Antonio Oyarzábal y Daniel Oscar Barjacoba. Los casos que no fueron elevados en este juicio, y que formaron parte del mismo operativo, son los de los militantes Cristina Costanzo, María Cristina Márque y Sergio Abdo Jalil.<br /><br />Francisco Oyarzabal (hermano del asesinado José Antonio), y los sobrevivientes del SI Eduardo Pérez Rizzo y Juan Pablo Bustamante, recordaron los “sueños de una patria para todos por los que dieron la vida” los jóvenes asesinados, y “la alegría con la que cotidianamente se comprometían en la lucha por la construcción de una sociedad solidaria, igualitaria y sin exclusiones”.<br /><br />“No fue una casualidad que los asesinaran un 17 de octubre, estos compañeros que tenían nombre y apellido, y también tenían una identidad política: eran peronistas y montoneros”, indicó, megafono en mano, el Cabezón Pérez Rizzo.<br /><br />Por su parte Héctor Chinche Medina (Familiares) y Juane Basso (HIJOS) reclamaron al tribunal que “termine con las dilaciones permanentes que hacen interminable el juicio” y exigieron una vez más la “detención de los represores que siguen este proceso en libertad”. Los organismos plantearon que no van a tolerar que “el día de la sentencia los genocidas sean condenados por terribles delitos de lesa humanidad, y al mismo tiempo salgan caminando libremente de los tribunales”.<br /><br /> </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-6664025396109027275?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-6627362624725906242011-10-12T13:06:00.000-07:002011-11-15T12:11:35.721-08:00El fiscal federal rosarino Gonzalo Stara lamentó hoy que “sólo esté acusado Ramón Genaro Díaz Bessone por las privaciones ilegítimas de la libertad”, al pormenorizar la prueba reunida en el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad en el caso de la denominada Masacre de Los Surgentes, ocurrida el 17 de octubre de 1976 y en la que fueron asesinados en esa localidad cordobesa siete presos políticos que permanecían secuestrados en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario.<span class="fullpost"><br /><br />Stara lamentó que de los seis imputados en la causa Díaz Bessone, que juzga delitos de lesa humanidad cometidos en esta ciudad durante la última dictadura, sólo el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército esté acusado por los fusilamientos de los siete detenidos, y nada más que por su secuestro y no por los tormentos que sufrieron durante su estadía en el SI y los posteriores asesinatos.<br /><br />“También se encuentran acreditados los secuestro, las torturas y los asesinatos de las víctimas que fueron arrojadas en Los Surgentes en una clara maniobra para borrar las huellas de los delitos cometidos”, dijo esta mañana el representante del Ministerio Público durante su alegato acerca de la prueba reunida.<br /><br />“De la documental que intenta darle legalidad a estos homicidios, confrontados con la verdad y con los testimonios brindados en este juicio, surge a la clara la finalidad que tenían” los represores, abundó Stara.<br /><br />En el juicio oral y público de la causa Díaz Bessone, que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario (TOF2), sólo se juzgan los secuestros de cuatro de las siete víctimas de la Masacre de Los Surgentes, explicó hoy el fiscal.<br /><br />Según detalló Stara en la audiencia de esta mañana, se trata de las privaciones ilegítimas de la libertad de Analía Murgiondo, Eduardo Felipe Laus, José Antonio Oyarzábal y Daniel Oscar Barjacoba.<br /><br />El listado de víctimas se completa con María Cristina Márquez, Cristina Costanzo y Sergio Abdo Jalil, quienes junto a sus compañeros de detención ilegal en el SI fueron trasladados de ese centro clandestino ubicado en el centro de Rosario el 17 de octubre de 1976, para aparecer asesinados en un camino rural cercano a la localidad cordobesa de Los Surgentes, ubicada a 140 kilómetros de esta ciudad.<br /><br />Varios testimonios de sobrevivientes brindados en el juicio oral de la causa Díaz Bessone señalaron que las víctimas de Los Surgentes permanecieron detenidos y fueron sometidos a tormentos en el SI durante 1976.<br /><br />Entre otros, el fiscal Stara recordó hoy los testimonios de Carlos Pérez Rizzo, Gustavo Píccolo y Ana María Ferrari, quienes identificaron a las cuatro víctimas cuyos casos se juzgan en la causa Díaz Bessone como detenidos en el Servicios de Informaciones de la policía local.<br /><br />“El paso de las víctimas de Los Surgentes fue negado en el SI”, recordó hoy el fiscal, al hacer referencia al intento de la burocracia del Terrorismo de Estado por rechazar la detención previa de las víctimas acribilladas a balazos.<br /><br />Luego señaló que la sobreviviente “Ana María Ferrari dio cuenta del paso por el Servicio del ‘Laucha’ Laus y del ‘Ciruja’ Oyarzábal”.<br /><br />Relató que el testigo “Carlos Pérez Rizzo también vio a Oyarzábal y Laus, porque compartió con ellos la detención y se conocían de antes, a la vez que dio detalles de cómo fueron bajados de La Favela (uno de las habitaciones del centro clandestino donde los detenidos no tenían vendas) y cómo fueron llevados” en la madrugada del 17 de octubre de 1976.<br /><br />En cuanto al caso de Analía Murgiondo, quien fue detenido junto a su hija, “testigos que la vieron en el SI contaron pidió a los otros secuestrados que se la cuidaran”, dijo Stara.<br /><br />“Carlos Pérez Rizzo da cuenta no sólo de que Analía Murgiondo estuvo en el SI, sino que era interrogada por el propio (jefe del centro clandestino, el fallecido Agustín) Feced, y ante la resistencia de ella Feced mandó a buscar a la hija para utilizarla en la sala de torturas”, abundó el fiscal en su alegato.<br /><br />El representante del Ministerio Público también recordó que en 1985 los cuerpos de las siete víctimas de la Masacre de los Surgentes “fueron incinerados” en el cementerio San Vicente de esa localidad.<br /><br />En la causa Díaz Bessone, cuyo juicio lleva más de un año y transita su etapa final, también están imputados los ex policías José Rubén Lo Fiego; José Carlos Scortechini; Mario Alfredo Marcote y Ramón Rito Vergara; y el civil Ricardo Miguel Chomicky, acusado de colaboracionista por ex compañeros de cautiverio. <br />Luciano Couso / Télam / Redacción Rosario. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-662736262472590624?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-65957101213425399262011-10-06T05:34:00.000-07:002011-10-06T05:36:44.950-07:00El fiscal federal de Rosario, Gonzalo Stara, aseguró este miércoles en el alegato de la causa Díaz Bessone –que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en esta ciudad durante la última dictadura–, que “está registrado” que el cura Eugenio Zitelli “ingresaba a la sala de torturas” que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía local.<span class="fullpost"><br /><br />Así, el representante del Ministerio Público involucró al cura que actualmente está en una parroquia de la localidad santafesina de Casilda, como parte del aparato de represión montado en ese centro clandestino de detenciones rosarino.<br /><br />Al exponer el caso de Tomasa Verdún de Ortíz, el fiscal Stara mencionó que la víctima pudo constatar la presencia del religioso no sólo en la Alcaidía “donde estaban alojadas mujeres que habían sido «blanqueadas» como detenidas ante la justicia” sino en el propio SI.<br /><br />“Zitelli, como parte del grupo, tenía una función específica, hemos podido registrar que ingresaba al SI y, más concretamente, a la sala de torturas”, sostuvo el fiscal en su alegato.<br /><br />Stara, además, se refirió a la participación de Zitelli en el SI al repasar los testimonios brindados en el juicio oral y público por la causa Díaz Bessone, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF2) de Rosario.<br /><br />El sacerdote fue capellán de la Policía de Rosario durante los primeros años de la última dictadura, y su nombre fue mencionado por los sobrevivientes del SI.<br /><br />El fiscal recordó también que la abogada Olga Cabrera Hansen declaró que las mujeres detenidas “regresaron espantadas” de su entrevista con el cura en la Alcaidía, porque justificaba los tormentos aplicados por los represores.<br /><br />El representante del Ministerio Público también se refirió a los casos de Elida Deheza y Stella Maris Hernández, dos sobrevivientes del SI que declararon en el expediente.<br /><br />Ambas denunciaron en las audiencias no sólo las torturas a las que fueron sometidas, sino también que fueron víctimas de violaciones durante su cautiverio en el SI.<br /><br />Hernández, específicamente, señaló al “«Cura» Marcote”, imputado en la causa como un atacante sexual serial del SI, quien cumplía ese rol dentro de las funciones represivas.<br /><br />En el expediente están imputados el ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; los ex policías José Rubén Lo Fiego, Mario Marcote, José Carlos Scortechini y Ramón Rito Vergara; además del ex preso político Ricardo Miguel Chomicky, acusado de "colaboracionista".<br /><br />Fuente: Redacción Rosario, Télam </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-6595710121342539926?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-6120017224955078982011-10-05T16:14:00.003-07:002011-10-05T16:14:54.604-07:00El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Albaro Baella, pidió esta miércoles una condena de prisión perpetua de cumplimiento efectivo en una cárcel común para los acusados de la sustracción, retención y ocultamiento de los hijos mellizos de Raquel Negro, nacidos en el hospital militar de Paraná en marzo de 1978. <span class="fullpost"> <br />El querellante fue quien cerró el extenso alegato de más de cuatro horas de duración, que en forma conjunta hicieron hoy los abogados querellantes en la causa Hospital Militar de Paraná, que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en ese centro asistencial.<br /><br />Baella calificó a los delitos de que fueron víctimas el mellizo varón de Raquel Negro, cuyo destino se ignora, y la nena, identificada como Sabrina Gullino, de desaparición forzada, agravada por haber nacido durante la desaparición forzada de su madre, en concurso ideal con el delito de supresión de estado civil de menores de diez años.<br /><br />El pedido de condena es por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Raquel Negro, la supresión de sus identidades y la desaparición forzada del mellizo varón.<br /><br />Los abogados querellantes encontraron coautores de esos delitos al ex jefe del batallón de inteligencia 121 de Rosario, Pascual Guerrieri, y a los integrantes del grupo de tareas de ese organismo, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González y Walter Pagano.<br /><br />En tanto, consideraron partícipe necesario al médico militar Juan Antonio Zaccaría, ex jefe de terapia intensiva del hospital militar de Paraná.<br /><br />También pidieron la inhabilitación perpetua de todos los imputados para el ejercicio de cualquier función pública y que se revoque la prisión domiciliaria de la cual goza actualmente Guerrieri por otra en cárcel común.<br /><br />En caso de que el Tribunal Oral Federal de Paraná no acepte la calificación del delito de desaparición forzada, los querellantes solicitaron una pena de prisión de 25 años e inhabilitación de cumplimiento efectivo para los seis imputados.<br /><br />En la causa son querellantes la Secretaría de Derechos Humanos, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos).<br /><br />En el comienzo de los alegatos, la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Ana Oberlin, afirmó afirmó que "el objetivo de la dictadura cívico militar (que gobernó el país a partir de 1976) era transformar totalmente la estructura económica y social, reprimir a los opositores políticos y disciplinar al resto de la sociedad".<br /><br />"Esto sólo se podía lograr a través de la implantación del terrorismo de Estado, porque se necesitaban poseer todos los resortes del gobierno para poder garantizar la impunidad", advirtió.<br /><br />En tanto, la fiscalía solicitó 14 años de prisión para Guerrieri, 13 para Fariña, Amelong y González y 11 para Pagano y Zaccaría por entender que, dentro de un plan sistemático clandestino estructurado desde el poder, el eje del operativo era el Destacamento de Inteligencia 121, que ejecutó la sustracción de los menores y la sustitución de sus identidades, delitos considerados de "lesa humanidad".<br /><br />El fiscal José Ignacio Candioti dijo que ese ministerio público considera autores mediatos a Guerrieri, Fariña, Amelong y González, y partícpes necesarios a Pagano y Zaccaría.<br /><br />“Queda demostrado que los primeros cuatro imputados fueron autores mediatos porque actuaron en el marco de un aparato organizado de poder y en su carácter de integrantes y conductores del batallón 121 y, como principales responsables del centro clandestino de detención donde estaba Raquel Negro, idearon, planificaron y dieron las órdenes para que fuera traída a Paraná a parir y que sus bebés les sean sustraídos y les sean suprimidas sus identidades”, agregó el fiscal.<br /><br />Según Candiotti, Pagano llevó a la beba de Negro al Hogar del Huérfano de Rosario, mientras que el médico militar Zaccarías posibilitó que los mellizos salieran del hospital sin el conocimiento de sus familiares y sin la debida identificación, lo que los convierte en participes necesarios de los delitos investigados.<br /><br />A los imputados se los acusa de haber trasladado desde la Quinta de Funes, cerca de Rosario, a Raquel Negro para parir mellizos en el hospital militar local, donde se cree funcionó una maternidad clandestina.<br /><br />La niña, abandonada en un orfanato de Rosario y anotada como Sabrina Gullino, recuperó su identidad en 2008, pero se ignora el destino del mellizo varón, que continúa desparecido al igual que su madre.<br /><br />Fuentes: Blog Causa Hospital MIlitar, Télam.<br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-612001722495507898?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-21440638431841822342011-10-05T16:14:00.001-07:002011-10-05T16:14:54.486-07:00El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Albaro Baella, pidió esta miércoles una condena de prisión perpetua de cumplimiento efectivo en una cárcel común para los acusados de la sustracción, retención y ocultamiento de los hijos mellizos de Raquel Negro, nacidos en el hospital militar de Paraná en marzo de 1978. <span class="fullpost"> <br />El querellante fue quien cerró el extenso alegato de más de cuatro horas de duración, que en forma conjunta hicieron hoy los abogados querellantes en la causa Hospital Militar de Paraná, que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en ese centro asistencial.<br /><br />Baella calificó a los delitos de que fueron víctimas el mellizo varón de Raquel Negro, cuyo destino se ignora, y la nena, identificada como Sabrina Gullino, de desaparición forzada, agravada por haber nacido durante la desaparición forzada de su madre, en concurso ideal con el delito de supresión de estado civil de menores de diez años.<br /><br />El pedido de condena es por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Raquel Negro, la supresión de sus identidades y la desaparición forzada del mellizo varón.<br /><br />Los abogados querellantes encontraron coautores de esos delitos al ex jefe del batallón de inteligencia 121 de Rosario, Pascual Guerrieri, y a los integrantes del grupo de tareas de ese organismo, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González y Walter Pagano.<br /><br />En tanto, consideraron partícipe necesario al médico militar Juan Antonio Zaccaría, ex jefe de terapia intensiva del hospital militar de Paraná.<br /><br />También pidieron la inhabilitación perpetua de todos los imputados para el ejercicio de cualquier función pública y que se revoque la prisión domiciliaria de la cual goza actualmente Guerrieri por otra en cárcel común.<br /><br />En caso de que el Tribunal Oral Federal de Paraná no acepte la calificación del delito de desaparición forzada, los querellantes solicitaron una pena de prisión de 25 años e inhabilitación de cumplimiento efectivo para los seis imputados.<br /><br />En la causa son querellantes la Secretaría de Derechos Humanos, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos).<br /><br />En el comienzo de los alegatos, la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Ana Oberlin, afirmó afirmó que "el objetivo de la dictadura cívico militar (que gobernó el país a partir de 1976) era transformar totalmente la estructura económica y social, reprimir a los opositores políticos y disciplinar al resto de la sociedad".<br /><br />"Esto sólo se podía lograr a través de la implantación del terrorismo de Estado, porque se necesitaban poseer todos los resortes del gobierno para poder garantizar la impunidad", advirtió.<br /><br />En tanto, la fiscalía solicitó 14 años de prisión para Guerrieri, 13 para Fariña, Amelong y González y 11 para Pagano y Zaccaría por entender que, dentro de un plan sistemático clandestino estructurado desde el poder, el eje del operativo era el Destacamento de Inteligencia 121, que ejecutó la sustracción de los menores y la sustitución de sus identidades, delitos considerados de "lesa humanidad".<br /><br />El fiscal José Ignacio Candioti dijo que ese ministerio público considera autores mediatos a Guerrieri, Fariña, Amelong y González, y partícpes necesarios a Pagano y Zaccaría.<br /><br />“Queda demostrado que los primeros cuatro imputados fueron autores mediatos porque actuaron en el marco de un aparato organizado de poder y en su carácter de integrantes y conductores del batallón 121 y, como principales responsables del centro clandestino de detención donde estaba Raquel Negro, idearon, planificaron y dieron las órdenes para que fuera traída a Paraná a parir y que sus bebés les sean sustraídos y les sean suprimidas sus identidades”, agregó el fiscal.<br /><br />Según Candiotti, Pagano llevó a la beba de Negro al Hogar del Huérfano de Rosario, mientras que el médico militar Zaccarías posibilitó que los mellizos salieran del hospital sin el conocimiento de sus familiares y sin la debida identificación, lo que los convierte en participes necesarios de los delitos investigados.<br /><br />A los imputados se los acusa de haber trasladado desde la Quinta de Funes, cerca de Rosario, a Raquel Negro para parir mellizos en el hospital militar local, donde se cree funcionó una maternidad clandestina.<br /><br />La niña, abandonada en un orfanato de Rosario y anotada como Sabrina Gullino, recuperó su identidad en 2008, pero se ignora el destino del mellizo varón, que continúa desparecido al igual que su madre.<br /><br />Fuentes: Blog Causa Hospital MIlitar, Télam.<br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-2144063843184182234?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-86778339586260474882011-10-04T18:13:00.000-07:002011-10-04T18:14:47.651-07:00El represor Juan Daniel Amelong, afirmó este martes que los médicos propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP) de la capital entrerriana “saben” el destino del mellizo varón de la detenida-desaparecida Raquel Negro, nacido en marzo de 1978 en el hospital militar de Paraná. El militar se quejó de que no se les haya abierto una causa por falso testimonio.<br /><span class="fullpost"><br /><br />Tras haber transcurrido buerna parte del juicio oral y público que investiga el destino de Raquel Negro y sus mellizos, Amelong ‒seriamente complicado por las pruebas producidas a lo largo del proceso‒, pretendió desligar parte de su responsabilidad apuntando contra los médicos del instituto médico provado de Paraná.<br /><br />“Si hay alguien que sabe qué paso con el bebé varón son los médicos del Instituto Privado de Pediatría”, dijo el ex integrante del grupo de tareas que trajo a Negro desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes ‒ubicada en las afueras de Rosario‒, para dar a luz en el nosocomio castrense de Paraná.<br /><br />Amelong remarcó que los tres socios propietarios del IPP “fueron objeto de severas advertencias” por la reticencia que evidenciaron en sus declaraciones ante el tribunal oral federal de Paraná que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en el hospital militar local.<br /><br />En ese sentido, el represor señaló que los médicos no aportaron datos a la investigación a pesar de que los hijos mellizos de la mujer estuvieron internados en el IPP, como quedó demostrado en los registros de pacientes.<br /><br />“No vi que se les haya formado una causa por falso testimonio y ellos saben a quién les entregaron las criaturas”, dijo en referencia a los doctores Miguel Torrealday, David Vainstub y Angel Schroeder, propietarios del IPP.<br /><br />A pedido de los abogados querellantes, el tribunal citó a declarar a Pablo Martín Navone, hijo del militar Paul Navone, quien se suicidó en Córdoba en 2008, el mismo día que tenía que declarar en Paraná en la causa que investiga el funcionamiento de la maternidad clandestina.<br /><br />El joven, en declaraciones a El Diario de Paraná afirmó que, antes de suicidarse, su padre le reveló que Amelong y Walter Pagano (otro de los imputados) se llevaron a la hija de Negro y la abandonaron en la puerta de un orfanato de Rosario, mientras que el varoncito murió a poco de nacer.<br /><br />Por secretaría se informó que el joven no concurrirá a declarar porque viajó a España y regresará recién a fines de octubre.<br /><br />El tribunal federal citó también a declarar al periodista que le hizo la nota a Navone, Juan Cruz Varela, quien reveló que tuvo que viajar a Córdoba para entrevistarse con el hijo del militar suicidado.<br /><br />Varela ratificó que Navone le dijo que el hijo varón de Raquel Negro falleció en el parto y que a la niña se la llevaron Amelong y Pagano para dejarla en la puerta de un orfanato rosarino.<br /><br />En la causa Hospital Militar se juzga a los militares Juan Amelong, Walter Pagano, Marino González, Jorge Fariña y Pascual Guerrieri y al médico Juan Antonio Zaccaría.<br /><br />A los imputados se los acusa de haber trasladado desde Rosario a Raquel Negro hasta el hospital militar local para dar a luz a mellizos, un varón y una mujer.<br /><br />La niña, abandonada en un orfanato de Rosario y anotada como Sabrina Gullino, recuperó su identidad en 2008, en parte por el relato del represor Eduardo Costanzo, que fue quien brindó detalles del operativo de traslado de la mujer a Paraná.<br /><br />El hermano mellizo de Sabrina continúa siendo buscado, a pesar de que Costanzo afirmó ante el tribunal que el chico está en el seno de la familia del suicidado militar Navone.<br /><br />Fuentes: Blog Causa Hospital Militar, Télam </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-8677833958626047488?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-26419396153467244612011-10-01T09:13:00.000-07:002011-10-01T09:14:01.806-07:00La red nacional de la agrupación HIJOS difundió un “mapa de los juicios en el país”, que da cuenta de los diferentes procesos de juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado que se hallan en curso en todo el país y de los que están por venir. Al mismo tiempo que en Rosario se desarrolla el juicio contra el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone y otros cinco imputados, nueve procesos orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura se llevan adelante en Capital Federal, La Plata, Salta, Mendoza, Entre Ríos, San Juan, Bahía Blanca y Mar del Plata.<span class="fullpost"><br /><br />La red nacional de la agrupación HIJOS difundió un “mapa de los juicios en el país”, que da cuenta de los diferentes procesos judiciales contra los responsables del terrorismo de estado que se despliegan a lo largo y ancho de la Argentina y de los, por lo menos, siete otros procesos que están anunciados y podrían comenzar en los últimos meses de 2011 o los primeros de 2012.<br /><br />En la causa Díaz Bessone, también conocida como "Ex Feced", están imputados ‒además‒ los ex policías santafesinos Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini, Mario Alfredo Marcote y José Rubén Lo Fiego; y el ex detenido Ricardo Miguel Chomicky, acusado de “colaboracionista”.<br /><br />Los imputados están acusados por delitos cometidos durante el primer año de la dictadura en el centro clandestino de detenciones que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario. Este proceso comenzó en junio de 2010 y por su prolongación se constituye como uno de los más largos de esta etapa de juicios contra los genocidas de la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976.<br /><br />Redacción Rosario y El Eslabón, junto a la regional local de HIJOS, impulsan el Diario del Juicio, un blog donde se da cobertura periodística a los juicios de la ciudad y la región.<br /><br />Por su parte el Tribunal Federal Oral de Paraná lleva adelante el juicio por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná.<br /><br />En este proceso se investiga la sustracción y sustitución de identidad de los hijos de Raquel Negro, en la que están involucrados seis represores: cinco militares y un médico con rango militar, acusados por sustracción de menores y sustitución de identidad, en el caso de Sabrina Gullino.<br /><br />En el banquillo de los acusados están sentados Pascual Guerrieri, Juan Amelong, Walter Pagano, Jorge Fariña y Marino González; junto con el médico anestesista Juan Zaccaría. Mas información: www.mesajuicioycastigo.com.ar<br /><br />Además, en Entre Ríos se desarrolla un juicio a través del viejo sistema del Código de Procedimiento en Materia Penal (juicio por escrito) de la causa "Area Paraná", que reúne los casos de 70 víctimas. En este juicio están acusados Ramón Díaz Bessone, Jorge Appiani, Oscar Obaid y Alberto Rivas; los ex policías provinciales José Appelhans, Luis Armocida y Carlos Zapata; el policía federal Cosme Marino Demonte; la agente penitenciaria Rosa Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano.<br /><br />En la Capital Federal, el Tribunal Oral Federal 6 juzga a los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, junto a otros seis imputados, por 34 casos de apropiación de menores.<br /><br />Se trata de la causa conocida como “Plan Sistemático”, en la que también están imputados Rubén Franco, Jorge "El Tigre" Acosta, Antonio Vañek, Santiago Omar Riveros, Jorge Azic y Jorge Magnacco, por los delitos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de 10 años. Más información se puede consultar en www.plansistematico.blogspot.com.<br /><br />También en esta ciudad, el Tribunal Oral Federal 5 juzga los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA, proceso que se encuentra en su última etapa.<br /><br />En este juicio se investigan, entre otros delitos, las desapariciones de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon, del periodista Rodolfo Walsh y el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo.<br /><br />Los imputados en este tramo de la megacausa son: Jorge "El Tigre" Acosta, Alfredo Astiz, Juan Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Cavallo, Julio Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Néstor Savio y Ernesto Weber. Para seguir las alternativas de este proceso se puede visitar este sitio: www.cels.org.ar/wpblogs/ccesma.<br /><br />En La Plata, comenzó el juicio contra 26 represores, uno de ellos un civil por delitos cometidos en el denominado "Circuito Camps, en perjuicio de 360 víctimas.<br /><br />Este lunes, se leerán los detalles de los secuestros y torturas sufridas por la familia Graiver-Papaleo y por el periodista Jacobo Timerman, durante su detención en el centro clandestino de Puerto Vasco, que formaba parte de ese circuito represivo.<br /><br />En Salta, en tanto, el Tribunal Oral Federal encabeza el juicio por la desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de la provincia, donde es juzgado el represor Luciano Benjamín Menéndez, junto a otros siete acusados.<br /><br />En este proceso, cuya sentencia se prevée para el 11 de octubre, también se investiga el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal. Se puede ver la transmisión online de este juicio en www.justiciasalta.gov.ar/videoragone.php.<br /><br />En Mendoza, el Tribunal Oral Federal 1 lleva adelante el juicio que acumula 17 causas por crímenes en perjuicio de 24 víctimas, entre ellas el periodista Francisco "Paco" Urondo.<br /><br />Los imputados son el ex jefe de Inteligencia del Ejército en Mendoza, Paulino Furió; el ex teniente Dardo Migno; el comisario general (re) Juan Oyarzábal; el comisario (re) Eduardo Smaha y los ex policías Celustiano Lucero y Luis Alberto Rodríguez Vázquez. Más información de este juicio en www.juiciosmendoza.blogspot.com.<br /><br />En Bahía Blanca, desde junio, son juzgados 13 militares, 4 policías y 2 agentes penitenciarios, en la causa conocida como “V Cuerpo”, por juzgarse violaciones a los derechos humanos contra 90 víctimas en la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército.<br /><br />Esto incluye el sur de Buenos Aires, parte de las provincias de Río Negro y Neuquén, donde operaron los centros clandestinos de detención conocidos como La Escuelita de Bahía Blanca y la Cárcel de Villa Floresta.<br /><br />En tanto, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata juzga a 14 represores por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 69 víctimas.<br /><br />En la causa se investigan crímenes en perjuicio de 69 víctimas, cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaran en la Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, y en la sede de aquella ciudad de la Prefectura Naval Argentina. Más información puede verse www.juiciobahiablanca.wordpress.com.<br /><br />También en Mar del Plata, se desarrolla desde junio, un juicio por delitos cometidos en dos centros clandestinos de detención en perjuicio de 85 víctimas y en el que hay 17 acusados.<br /><br />En el proceso se investigan hechos cometidos en la Comisaría 4ª y el centro clandestino “La Cueva” (ex radar Base Aérea Mar del Plata), como también en la Comisaría 1ª y en la Subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea.<br /><br />Por otra parte, en San Juan, el 18 de octubre se conocerá el veredicto del juicio por la apropiación de Jorge Guillermo Martínez Aranda, que se le sigue al suboficial de inteligencia Luis Tejada y su esposa Raquel Quinteros. En www.juicioporapropiacionensanjuan.blogspot.com se encuentra más información sobre este proceso.<br /><br />Desde HIJOS difundieron además un calendario de los procesos orales y públicos que están anunciados para comenzar en 2011 y 2012<br /><br />» 4 de octubre: el TOF de Tucumán dará inicio al debate que se realizará en el marco de la causa “De Benedetti”, en la que se investiga la muerte de Osvaldo De Benedetti, ocurrida en 1978. Se encuentran acusados Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge González Navarro y Alberto Carlos Lucena.<br /><br />» 19 de octubre: el Tribunal Oral Federal Nº2 de Mendoza dará inicio ese día a un nuevo juicio oral contra el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez. Así, los jueces Roberto Julio Naciff, Héctor Fabían Cortés y Jorge Roberto Burad darán inicio ese día al debate donde también serán juzgados Pierino David Massaccesi y Juan Roberto Labarta Sánchez. En el proceso se investigan crímenes contra los derechos humanos cometidos en perjuicio de 15 víctimas.<br /><br />» 20 de octubre: ante el Tribunal Oral Federal Nº2 de la Capital Federal comenzará un nuevo juicio oral contra el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, por delitos cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. Se investigan los hechos que habrían ocurrido en el ámbito del entonces “Policlínico Profesor Alejandro Posadas”, donde habría existido un centro clandestino de detención y tortura en el predio del hospital, conocido como “El Chalet del Hospital Posadas”, en virtud del cual habrían sido privadas de su libertad 22 personas y el sometimiento a tormentos de cinco de ellas. Además de Bignone serán juzgados Luis Muiña, Argentino Ríos e Hipólito Rafael Mariani.<br /><br />» 24 de octubre: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, integrado por los jueces subrogantes Jorge Eduardo Chávez, Mario Gabriel Reynaldi y Héctor Carlos Acuña, fijó para ese día la fecha de inicio del juicio contra Pedro César Guerrero, por 15 hechos de tormentos agravados, mientras se desempeñaba como guardia penitenciario en la Unidad Penal N° 9, durante el último gobierno militar.<br /><br />» 26 de octubre: el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza dará inicio al juicio oral contra el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, El debate acumulará al menos 17 causas por crímenes contra los derechos humanos en perjuicio de 24 víctimas.<br /><br />» 2 de noviembre: arrancará ante el TOF de esa ciudad el juicio oral contra Luis Alberto Farías Barrera, Enrique Braulio Olea, Oscar Lorenzo Reinhold, Hilarión de la Pas Sosa, Mario Alberto Gómez Arenas, Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín, Francisco Julio Oviedo, José Ricardo Luera, Enrique Charles Casagrande, Máximo Ubaldo Maldonado, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, Raúl Antonio Guglielminetti, Antonio Alberto Camarelli, Gustavo Viton, Miguel Angel Quiñones, Jorge Osvaldo Gaetani, Serapio del Carmen Barros, Emilio Jorge Sacchitella, Jerónimo Enerio Huircain, Oscar Ignacio Del Magro, Julio Héctor Villalobo, Saturnino Martínez y Desiderio Penchulef. El debate estará encabezado por los jueces Orlando Coscia, Norberto Ferrando y Eugenio Krom.<br /><br />» 15 de noviembre: el Tribunal oral en lo Criminal Federal N2 de esa ciudad, integrado por los jueces José Fabián Asis, José Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano, encabezará el debate donde serán juzgados Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri, ex integrantes del Comando Radioeléctrico de la ex Unidad Regional 1. La causa investiga la muerte de Jorge Diez, Ana Villanueva y Carlos Oliva, militantes de la Juventud Peronista.<br /><br />» 17 de noviembre: desde ese día, los jueces Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas y Jaime Díaz Gavier, integrantes del TOF de Tucumán, encabezarán un debate contra los ex militares Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, y el ex policía Roberto Heriberto Albornoz. Están acusados por los delitos de violación de domicilio , privación ilegítima de libertad y homicidio agravado, en perjuicio de Juan Carlos Aguirre y Margarita Susana Azize Weiss.<br /><br />» 27 de febrero de 2012: el TOF Nº2 de Rosario iniciará el juicio oral, donde serán juzgados el ex coronel Manuel Fernando Saint Amant, el ex policía Antonio Federico Bossie y el ex comisario general Jorge Muñoz. Se investigan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios ocurridos en noviembre de 1976 en la localidad bonaerense de San Nicolás en perjuicio de cinco víctimas.<br /><br />» Salta. Postergado. Iba a comenzar el 21/6/2011. Juicio al ex coronel Carlos Alberto Mulhall y a los ex policías Jacinto Ramón Vivas y Felipe Caucota por los delitos de secuestro y tormentos en perjuicio de Pablo Salomón Ríos.<br /><br />Fuentes: Diario del Juicio | HIJOS Red Nacional | Télam | CIJ </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-2641939615346724461?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-68841741719776618612011-09-22T06:38:00.000-07:002011-09-22T06:39:18.547-07:00El ex personal civil de Inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército, Eduardo Tucu Costanzo, afirmó este miércoles que el ex represor Paul Navone se quedó con el mellizo varón de la detenida-desaparecida Raquel Negro, nacido en el Hospital Militar de la capital entrerriana en 1978. "Háganle un ADN al hijo de Navone y a su sobrino, que vive en Casilda, porque siempre se comentó que Navone tenía un hijo de desaparecidos, o él o el hermano", recalcó el represor, quien además señaló a otro de los imputados, Marino González, como el responsable de “tirar la gente de los aviones”. “Les digo a Sabrina y a Sebastián: mírenle bien el rostro a Marino González. Él es el último que tocó a su madre”, afirmó dirigiéndose a los hijos de Raquel Negro.<span class="fullpost"><br />Costanzo, quien cumple una condena de prisión domiciliaria perpetua por su participación en centros de detención clandestina de Rosario, fue quien brindó los detalles que desembocaron en el juicio que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en ese hospital durante la última dictadura. Este miércoles pidió que le hagan "estudios de ADN al hijo y al sobrino de Navone" para confirmar si se trata del chico que se está buscando para restituirle su identidad.<br /><br />Paul Navone, jefe del batallón de Inteligencia 122 de Rosario a principios del proceso militar, apareció muerto en un hotel de Córdoba en febrero de 2008, el mismo día que debía prestar declaración indagatoria en Paraná en la causa Hospital Militar.<br /><br />Costanzo, quien negó haber conocido personalmente a Navone, le dijo al Tribunal Oral Federal que hace un año y medio que viene "luchando para que este atorrante del juez (federal de Rosario, Marcelo) Bailaque le tome declaración a Carlos Razetti, que tiene para decir quiénes mataron a Raquel Negro y quién tiene el mellizo".<br /><br />Cuando el presidente del tribunal le preguntó quién es Razetti, Costanzo explicó que "es hijo del dirigente justicialista asesinado por la Triple A en octubre de 1973, Constantino Razetti".<br /><br />También reveló que "hay un periodista que vive en Barcelona, Oscar Copaitich, que viene dando alaridos a través de una página en Internet, diciendo quiénes mataron a Raquel Negro y quiénes tienen al hijo (desaparecido)".<br /><br />El represor explicó que el periodista "se crió con Navone en Casilda", donde se comenta que tenían un hijo de desaparecidos, él o el hermano".<br /><br />Dijo que Raquel Negro estaba detenida en La Intermedia y que una noche vio llegar a personas desconocidas en un Peugeot 504 que traían en el baúl el cadáver de la mujer totalmente desnuda, atada y con una bolsa en la cabeza.<br /><br />Dijo que ese episodio coincidió con el asesinato de 16 presos políticos que había en ese lugar.<br /><br />"Al cadáver (de Raquel Negro) lo sacaron del baúl y lo llevaron con los otros muertos al camión, para trasladarlos al aeropuerto y tirarlos al mar", añadió.<br /><br />Durante su declaración, Costanzo se dirigió a los hijos de Raquel Negro, Sabrina Gullino y Sebastián Alvárez, y les dijo: "mírenle bien el rostro a Marino González (uno de los militares que está siendo juzgado), porque él es el último que tocó a su madre. Él era quien tiraba a la gente de los aviones", precisó.<br /><br />Por otra parte, el imputado por el robo de bebés durante la última dictadura cívico militar, Jorge Fariña, pidió ampliar su indagatoria ante el Tribunal Oral Federal y dijo que Costanzo es un "fabulador, mentiroso, mitómano, estafador, un personaje perverso".<br /><br />"Creo que la investigación debe dirigirse y profundizarse sobre Costanzo y Navone. Yo no tengo absolutamente nada que ver.<br /><br />Ojalá se llegue a buen término y ojalá se sepa qué es lo que sucedió con los mellizos de la señora Raquel Negro", completó Fariña.<br /><br />En la causa Hospital Militar se juzga a los militares Juan Amelong, Walter Pagano, Marino González, Jorge Fariña y Pascual Guerrieri y al médico Juan Antonio Zaccaría.<br /><br />A los imputados se los acusa de haber trasladado a Raquel Negro hasta el hospital militar local para dar a luz a mellizos, un varón y una mujer.<br /><br />La niña, abandonada en un orfanato de Rosario y anotada como Sabrina Gullino, recuperó su identidad en 2008, en parte por el relato de Costanzo, que fue quien brindó detalles del operativo de traslado de su madre a Paraná.<br /><br />El hermano mellizo de Sabrina continúa siendo buscado, a pesar de que Costanzo afirma que el chico está en el seno de la familia Navone.<br /><br />Fuente: Redacción Rosario / Télam </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-6884174171977661861?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-40154735196260068292011-09-22T05:39:00.000-07:002011-09-22T06:40:39.427-07:00El fiscal Mario Gambacorta continuó este miércoles, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 de Rosario, con su alegato contra los represores que actuaron durante la dictadura en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario.<span class="fullpost"><br /><br />El alegato de la fiscalía había sido iniciado la semana pasada por el otro integrante de la Unidad Fiscal, Gonzalo Stara, y tuvo continuidad este martes y miércoles con Gambacorta, quien se encargó de repasar buena parte de lo casos de las 93 víctimas de la causa.<br /><br />El juicio que se sustancia en el TOF N° 2 de Rosario, se inició en julio de 2010, y se ha transformado en uno de los más largos de la historia de los procesos orales y públicos contra represores de la dictadura.<br /><br />En el TOF 2 son juzgados Ramón Díaz Bessone, José Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, José Scortechini y Ricardo Chomicky por los delitos de homicidio, privación de la libertad, torturas y asociación ilícita.<br /><br />Conocida como “megacausa Feced”, ahora denominada “Díaz Bessone”, investiga crímenes de lesa humanidad cometidos contra 93 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario, el más grande de la provincia, ya que se calcula que por él pasaron entre 1.800 y 2.000 personas. Se prevé que antes de fin de año se conocerá la sentencia.<br /><br />Ante los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echague se comenzó a escuchar la exposición del Ministerio Público Fiscal que se inició el martes y continuó este miércoles.<br /><br />Durante el proceso, las cuatro querellas solicitaron prisión perpetua para el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone. En el juicio se investigan delitos en perjuicio de 93 víctimas del terrorismo de Estado.<br /><br />El alegato de la fiscalía continuará el próximo lunes a las 16. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-4015473519626006829?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-6321851474457864142011-09-17T09:38:00.000-07:002011-09-26T09:42:54.647-07:00El sobreviviente de la ESMA y de la Quinta de Funes, Jaime Dri, le pidió este viernes a los represores que están siendo juzgados en la capial entrerriana en la causa Hospital Militar, que "rompan el pacto de silencio" y revelen donde está el hijo mellizo de la detenida-desaparecida, Raquel Negro.<span class="fullpost"><br /><br />"Hagan un acto histórico y digan dónde está el hermano de Sabrina (Gullino Valenzuela Negro), reclamó el testigo mediante una video conferencia desde Panamá, donde reside.<br /><br />Dri le pidió a los represores que "rompan el pacto de silencio. Eso va a ser valorado por el pueblo argentino. Terminemos con la historia de muertes, bombardeos, persecuciones y desapariciones", insistió.<br /><br />En su declaración, Dri reconoció a los imputados en la causa que investiga el funcionamieno de una maternidad clandestina en el Hospital Militar local y los nombró por los seudónimos que tenían en la Quinta de Funes y en otros centros de detención clandestina de la ciudad de Rosario.<br /><br />“Sí, conozco a Jorge (Pascual Guerrieri), Sebastián (Jorge Fariña), Daniel (Juan Amelong) y Sergio II (Walter Pagano)”, reveló el testigo.<br /><br />“Después de San Martín y Bolivar ‒señaló el testigo‒, siguen los mismos que detentan el poder contra los que levantan las banderas para dejar de ser esclavos y ser un pueblo libre y justo. La clase dominante argentina decidió mediante un método salvaje desaparecer a toda una generación. A 35 años, esos compañeros míos que fueron tirados al fondo del mar son esa juventud que no se resigna a ser esclavos y a que haya miles en la pobreza. Pongamos todos nuestro esfuerzo para construir una sociedad donde no nos enfrentemos más”.<br /><br />“A 35 años, esos compañeros míos que fueron tirados al fondo del mar son la juventud que no se resigna a ser esclavos y a que haya miles en la pobreza. Pongamos todo nuestro esfuerzo para construir una sociedad donde no nos enfrentemos más”, reclamó Dri.<br /><br />También, ratificó que estuvo detenido con Raquel Negro y su esposo, Tulio Valenzuela, en la Quinta de Funes y en La Intermedia, cerca de Rosario.<br /><br />Dijo que a Negro la conocía por el nombre de María y que fue trasladada para parir al hospital militar de Paraná desde La Intermedia y que nunca más supo de ella aunque se enteró que había tenido mellizos porque alguien comentó: “este hijo de puta de Tucho (por Valenzuela) tuvo mellizos”.<br /><br />Relató que a Valenzuela lo vio por última vez antes de su viaje a México, donde debía realizar una operación secreta que tenía por finalidad entregar a la cúpula de Montoneros a las autoridades militares.<br /><br />En el marco de la duodécima jornada del juicio, también declaró el periodista Reynaldo Sietecase, a quien en 1992 el represor Eduardo "Tucu" Costanzo, le reveló detalles del fusilamiento de alrededor de 16 detenidos políticos.<br /><br />También, declaró un fisioterapeuta del Hospital Militar local, quien admitió que en una oportunidad tuvo que atender a una mujer que se encontraba atada de pies y manos aunque nunca supo nada de mellizos ni de un parto y tampoco recordó quiénes eran los militares que se encontraban en el lugar, ni el personal médico que atendió a la mujer.<br /><br />En la causa Hospital Militar están siendo juzgados los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano y Marino Héctor González y el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría.<br /><br />Los seis represores están acusados por los delitos de sustracción de menores y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro, nacidos en ese nosocomio militar en marzo de 1978.<br /><br />La hija mujer de Negro, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, recuperó su identidad en 2008, pero se desconoce el destino del mellizo varón.<br /><br />Fuentes: http://mesajuicioycastigo.com.ar/causahospitalmilitar / Télam </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-632185147445786414?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-36434444219748769342011-09-15T18:48:00.000-07:002011-09-15T18:56:36.352-07:00El presidente del Centro de Militares para la Democracia (Cedida), Horacio Ballester, afirmó este jueves que "nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales", y enfatizó que la tortura, y el robo de bebés cometidos durante la dictadura "no estaban contemplados como funciones del Ejército".<span class="fullpost"><br /><br />Ballester lo afirmó ante el Tribunal Oral Federal de esta ciudad, al testimoniar en la causa en que se investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina durante la dictadura, en la que las detenidas-desaparecidas embarazadas eran llevadas para dar a luz bebés que luego eran apropiados.<br /><br />La afirmación de Ballester dio origen a un duro cruce con uno de los imputados presente en la sala, el ex jefe del batallón de Inteligencia 121 durante la dictadura, coronel Pascual Guerrieri.<br /><br />La nueva audiencia de este jueves incluyó emotivos testimonios del padre adoptivo de Sabrina Gulino, la menor apropiada cuando era bebé, y del tío biológico de ésta que, junto al resto de la familia, aún busca a otro sobrino del que no se tienen noticias desde 1978.<br /><br />Al declarar ante el tribunal, el titular del CEMIDA advirtió que "nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales", y enfatizó que "las torturas, las violaciones, y los robos de bebés no estaban contemplados como funciones del Ejército".<br /><br />Reconoció que "la represión en la Argentina estuvo coordinada y organizada desde el más alto escalafón" militar, y recalcó que "la Doctrina de la Seguridad Nacional es consecuencia de una serie de tratados que se fueron desarrollando a través del tiempo, a partir del ataque japonés a Pearl Harbor" en 1941.<br /><br />Dijo que como consecuencia de esa doctrina y de la guerra fría, "los Estados Unidos diseñaron un plan de lucha contra el enemigo, que era el movimiento comunista internacional, el peronismo, y todo aquel que buscara alguna solución nacionalista".<br /><br />Explicó que como consecuencia de la aplicación de esa doctrina, que tenía que ser ejecutada por las Fuerzas Armadas, "los `comunistas`no tenían derechos. Eran arrestados sin orden o secuestrados. Para mí hubo un genocidio, porque hubo una persecución ideológica", agregó.<br /><br />Ballester explicó que "todos los grandes tratados se firmaron durante gobiernos democráticos, por la presión de los poderes internacionales, Estados Unidos y los mercados".<br /><br />Al hablar de la sustracción de bebés y de la sustitución de identidades, explicó que el proceso militar "siguió el ejemplo de (Francisco) Franco, que en la España de la posguerra se apropió de los hijos de los comunistas".<br /><br />Las declaraciones de Ballester fueron replicadas airadamente por el coronel Guerrieri, quién insistió en que "el soldado no es responsable de la política nacional del Gobierno de turno, que decidió alinearse en determinado bloque".<br /><br />Por su parte en otro testimonio, Raúl Gullino, jubilado y padre adoptivo de Sabrina Gullino, la nieta recuperada número 96 de las Abuelas de Plaza de Mayo; y el tío biológico de la joven, Jorge Negro, relataron emotivos detalles de la adopción y del proceso que culminó con la recuperación de su identidad en 2008.<br /><br />Quebrado por el llanto, Gullino relató que la niña -hija biológica de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela- le fue entregada en adopción legal en el Juzgado de Menores de Rosario en abril de 1978, pocos días después de ser dada a luz por la su madre en el hospital militar de Paraná.<br /><br />El hombre dijo que a la niña nunca le ocultaron que era adoptada y admitió que, con su mujer, "nunca imaginamos que Sabrina fuera hija de desaparecidos”.<br /><br />A su turno, el tío biológico de Sabrina, Jorge Negro, hizo un reconocimiento a sus padres, Rogelio y Ermelinda Paoletti -abuelos de la joven-, "que a pesar de todo su sufrimiento nunca bajaron los brazos", en la búsqueda de mi hermana (Raquel Negro) y sus hijos mellizos y nunca me demostraron que estaban destruidos, como estuvieron”.<br /><br />"Todo mi amor hacia mis padres, que han llevado esto de la mejor manera que han podido”, dijo en un emocionado reconocimiento antes de pedir "a alguna persona que le llegue al alma esta situación que brinde datos y permita encontrar a mi sobrino, como encontramos a Sabrina".<br /><br />Negro dijo que su hermana y sus dos parejas sucesivas, Marcelino Álvarez y Tulio Valenzuela, "estarían muy orgullosos de sus hijos que llevaron adelante" este juicio contra los represores.<br /><br />"Creo que este es el mejor homenaje que estos chicos les pueden hacer a sus padres”, completó mientras era ovacionado por la sala.<br /><br />En el final de la audiencia la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), María Belén Rodríguez Cardozo, explicó el procedimiento de la toma de muestras de sangre, las medidas de seguridad que se siguen y la normativa vigente en ese instituto.<br /><span style="font-style:italic;"><br />Fuente: Télam / http://mesajuicioycastigo.com.ar/causahospitalmilitar </span> </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-3643444421974876934?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-89045504778427045002011-09-14T14:53:00.000-07:002011-09-14T14:54:55.129-07:00El periodista rosarino narró las entrevistas que mantuvo con el ex agente de inteligencia Eduardo Costanzo, que fue quien brindó los datos del traslado de la detenida-desaparecida Raquel Negro, de la Quinta de Funes al hospital militar de Paraná.<span class="fullpost"> En esos encuentros, el represor le dijo a Del Frade que creía que el varón de los mellizos había muerto durante el parto, luego de enredarse en el cordón umbilical.<br /><br />Cuando se le preguntó la razón por la cual el represor brindó los datos, dijo que creía "que se terminaba la impunidad de la cual gozaba en ese momento. Tenía una gran necesidad de blanquearse él y blanquear responsabilidades", remarcó.<br /><br />Este miércoles también estaba citado a declarar en la causa el diputado nacional (MC) Miguel Bonasso, pero debido a otros compromisos no pudo viajar y pidió declarar por escrito.<br /><br />El tribunal decidió arbitrar las medidas para facilitar que Bonasso declare mediante una teleconferencia el viernes próximo, junto con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien se encuentra fuera del país.<br /><br />Militar confirmó partos clandestinos<br /><br />El militar retirado Joe Víctor Erbetta, reveló que en el distrito militar de Paraná eran ingresadas detenidas políticas que luego eran derivadas a centros clandestinos de detención.<br /><br />En la décima jornada del juicio que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en el hospital militar local, Erbeta dijo que desde 1973 hasta 1982 se desempeñó en el Distrito militar Entre Ríos, situado en la zona sur de Paraná.<br /><br />El militar testificó que tiene un hermano desaparecido, que fue secuestrado en 1976 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Argentina (UCA) por efectivos de la Policía Federal.<br /><br />"El 10 de septiembre de 1976 (el comandante de la 2da.Brigada de Caballería Blindada, Juan Carlos) Trimarco me llamó a su despacho y me dijo que no busque más a mi hermano porque era un subversivo y me amenazó con un arma apuntándome a la cabeza", relató el ex militar ante el tribunal oral de Paraná.<br /><br />Recordó que también le prohibieron dirigirse a otros lugares del distrito y que sólo estaba autorizado a permanecer en su oficina.<br /><br />Comentó que en ese lugar se realizaban "reuniones semanales con los jefes, en las que se comentaban temas vinculados con las detenciones, a las que asistía el director del hospital militar".<br /><br />Erbetta reconoció que hasta el lugar "personas que se identificaban como personal de inteligencia de Rosario, Santa Fe y Paraná, traían mujeres desde otros centros clandestinos de detención".<br /><br />También reveló que en 1979 "empezó a decaer ese ingreso, porque se decía que ingresaban por atrás del Ejército, de sur a norte".<br /><br />Cuando se le preguntó a qué lugar trasladaban a esas personas, Erbetta respondió que iban "a la sala de comunicaciones y a la Escuelita, donde había personas detenidas por temas políticos, y otras al hospital militar".<br /><br /><span style="font-style:italic;">Fuente: Télam / Redacción Rosario</span><br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-8904550477842704500?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-20184816304720945652011-09-14T13:24:00.000-07:002011-09-14T13:25:07.996-07:00El fiscal Gonzalo Stara comenzó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 de Rosario, su alegato contra los represores que actuaron durante la dictadura en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario.<span class="fullpost"><br />El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario continuó este miércoles las audiencias de alegatos en el juicio oral que se desarrolla en esa ciudad contra el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y otros cinco imputados, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.<br /><br />Ante los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echague se comenzó a escuchar la exposición del Ministerio Público Fiscal que se inició el martes y continuó este miércoles.<br /><br />Durante el proceso, las cuatro querellas solicitaron prisión perpetua para el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone. En el juicio se investigan delitos en perjuicio de 93 víctimas del terrorismo de Estado.<br /><br />Hasta ahora las penas solicitadas por las querellas fueron las siguientes:<br /><br />Secretaría de Derechos Humanos de la Nación<br /><br />Prisión perpetua para Díaz Bessone y para el ex policía José Rubén Lo Fiego.<br />25 años de prisión para los ex policías Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini, y no realizó acusación contra el imputado Ricardo Miguel Chomicki, ex detenido político apuntado por sobrevivientes como "colaboracionista".<br /><br />Agrupación HIJOS<br /><br />Prisión perpetua para Díaz Bessone y 25 años de prisión para el resto de los acusados. HIJOS tampoco acusó contra Chomicky.<br /><br />Liga Argentina por los Derechos Humanos y Familiares de desaparecidos<br /><br />Prisión perpetua para Díaz Bessone y José El Ciego Lofiego, y 25 años de prisión para el resto de los acusados.<br /><br />Todos los acusados se encuentran investigados por distinta cantidad de casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita.<br /><br />En el proceso se investigan los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario durante el “reinado” del ya fallecido comandante de gendarmería Agustín Feced<br /><br />Foto: Nora Pastorini<br /><br />Fuente: Diario del Juicio / CIJ </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-2018481630472094565?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-69500015614462746642011-09-13T09:49:00.000-07:002011-09-13T09:50:32.695-07:00Las abogadas de Familiares de desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (La Liga), solicitaron al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Rosario que “se condene a Ramón Genaro Díaz Bessone y a José Rubén Lofiego a la pena de prisión perpetua”.<span class="fullpost"><br /><br />Además, las letradas solicitaron para los otros imputados, Mario Marcote, José Antonio Scortechini, Ramón Vergara y Ricardo Chomicki, la pena de 25 años de prisión, por los delitos de “genocidio, privaciones ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, homicidios triplemente calificados y asociación ilícita agravada”.<br /><br />Una de las abogada de Familiares y la Liga, Gabriela Durruty, argumentó que su “querella entiende que las víctimas no están buscando sólo un reconocimiento judicial de condena a los represores, sino sobre todo, un reconocimiento jurídico a los hechos sucedidos en el país”.<br /><br />Las letradas requirieron “el reconocimiento judicial del genocidio por parte de la Justicia Argentina”, el cual según expresaron “permitirá a toda la sociedad no sólo prevenir, rearticularse y solidarizarse con hechos que como en la presente causa ofenden a toda la humanidad, sino que también posibilitará la resistencia firme a cualquier intento de inclusión de estas prácticas”.<br /><br />Previo al pedido de pena de la querella de Familiares y la Liga, se escuchó la respuesta de los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ante el pedido de suspensión solicitado en la audiencia anterior (ver nota anterior).<br /><br />Los representantes de la Secretaría de Nación, señalaron ‒entre otros argumentos‒, que “tal como se dijo en la última audiencia, la querella es un sujeto eventual del proceso penal, y su ausencia en uno o más actos, de ningún modo impide que el juicio prosiga válidamente”. (ver Contestación).<br /><br />Desde el TOF reconocieron que la de estar presente en la audiencia era una "facultad" de las querellas, y solicitaron que la próxima vez las partes avisen si se van a ausentar.<br /><br />El juicio proseguirá este martes con el inicio del alegato de la fiscalía, a cargo de Gonzalo Stara.<br /><br />En el TOF 2 son juzgados Ramón Díaz Bessone, José Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, José Scortechini y Ricardo Chomicky por los delitos de homicidio, privación de la libertad, torturas y asociación ilícita.<br /><br />Conocida como “megacausa Feced”, ahora denominada “Díaz Bessone”, investiga crímenes de lesa humanidad cometidos contra 93 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario, el más grande de la provincia, ya que se calcula que por él pasaron entre 1.800 y 2.000 personas. Se prevé que antes de fin de año se conocerá la sentencia. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-6950001561446274664?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-87425836897032374472011-09-13T09:17:00.000-07:002011-09-13T09:30:32.529-07:00El Diario del Juicio publica a continuación la contestación de los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación al TOF 2 de Rosario, sobre el debate surgido a raíz del planteo de suspensión de una de las audiencias del proceso contra el jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Díaz Bessone, y otros cinco imputados.<span class="fullpost"><br /><br /></span><div><span class="fullpost"><div><br /></div><div><br /></div><div><i><b>Ideas para contestar al TOF 2. </b></i></div><div><i><b><br /></b></i></div><div><i>Muy brevemente, queremos manifestar algunas cuestiones en relación a lo sucedido en la última audiencia suspendida. Y aclarar ante todo que nos vemos obligados a hacerlo a raíz del estado público que tomo nuestra ausencia, indudablemente por la trascendencia histórica que tienen estos juicios, que nos afectaron no sólo a nivel personal, sino también en nuestro desempeño laboral.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i>Aún no podemos salir del asombro que nos provocó la suspensión de la audiencia anterior. Sabemos que el Tribunal tenía la intensión de desarrollar la jornada, pero que debió tomar esta resolución por la solicitud de la querella representada en ese acto por la Dra. Durruty. Este pedido de suspensión lo realizaron alegando que nuestra ausencia podía configurar “un vicio”, dijo expresamente, que ponía, en definitiva, en riesgo el juicio. Y ello ocurrió con la anuencia del representante del Ministerio Público.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i><br /></i></div><div><i>1° En primer lugar, consideramos que no existe argumento jurídico alguno que avale los dichos de las partes que solicitaron la suspensión. Y en este sentido, queremos distinguir que si bien no acordamos con la actitud y los fundamentos de la querella, la adhesión formulada por el fiscal reviste mayor gravedad, ya que este es el encargado de ejercer el contralor de la legalidad y del debido proceso.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i>Como representantes legales de una de las querellas en este juicio y en muchos otros procesos judiciales, conocemos muy bien las facultades, derechos y restricciones que nuestro ordenamiento jurídico nos impone. Asimismo, siempre tuvimos en cuenta la abundante jurisprudencia de la CSJN, que poco a poco ha ido reconociendo a la parte querellante mayores atribuciones, en orden a una correcta e integral interpretación de las reformas hechas al CPPN.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i>Entonces, y tal como se dijo en la última audiencia, la querella es un “sujeto eventual” del proceso penal, y su ausencia en uno o más actos, de ningún modo impide que el juicio prosiga válidamente. Más aún, el estar presentes durante las audiencias de debate oral, no resulta una obligación para esta parte sino una facultad que puede ejercer válidamente.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i>La parte querellante en nuestro ordenamiento procesal nacional, y en juicios en los cuales se juzgan delitos de acción pública, como es el presente caso, resulta ser un sujeto que algunos doctrinarios han llamado también “querellante conjunto”, es decir que opera con el ministerio público fiscal, y tiene facultades formales casi idénticas a él, y autónomas respecto del órgano estatal de la persecución penal. Sin embargo, obviamente no desconocemos que como querellantes tenemos algunas limitaciones como ser las facultades coercitivas y ejecutivas de las que goza el ministerio público fiscal.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i>Específicamente, respecto a la presencia del querellante en las audiencias de debate oral, Maier expresa: “Durante el juicio público reina el principio de igualdad de posibilidades para todos los intervinientes, razón por la cual el papel del querellante puede ser equiparado a aquel que cumple el representante del ministerio público fiscal y sus facultades son idénticas. Sin embargo, la incomparecencia del querellante o de su representante al debate, total o parcialmente, no provoca la suspensión del juicio.” (Remitiéndose en su nota al artículo 365 del CPPN). “Derecho Procesal Penal” de Maier, pág. 688, ed. Del Puerto, T. 2, Bs. As. Año 2004, 1° edición.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i><br /></i></div><div><i>2° En segundo lugar, y en orden a desestimar la pretendida nulidad que la Dra. Durruty procuró resguardar con su pedido de suspensión, debemos tener presente lo que repetidamente hemos sostenido, que la nulidad es un remedio excepcional y restricto, que cede siempre ante los principios de conservación y trascendencia del proceso penal. Asimismo, la nulidad tiene una característica primordial que es su especificidad, es decir que no hay nulidad sin previsión expresa en la ley, y no hay nulidades por extensión o analogía.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i><br /></i></div><div><i>En este sentido entendemos que las nulidades, sean relativas o absolutas, no deben ser declaradas si el supuesto vicio del acto no le ha impedido lograr su finalidad (principio de conservación) o si no media un interés jurídico que reparar (principio de trascendencia). A su vez, ya todos sabemos que es inadmisible la nulidad por la nulidad misma, ya que la base de toda declaración de invalidez es la demostración de un interés jurídico concreto. En definitiva, debe mediar un perjuicio efectivo, real y actual que justifique el nacimiento del interés jurídico en su pronunciamiento (CNCP, sala II, JA, 1994. II.629, CNCP, sala II, LL, 2000-f-939) o la frustración de un derecho, en tanto que si se adopta en el interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto ritual incompatible con el buen servicio de justicia.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i>Debe reservarse este remedio para una efectiva cierta y actual vulneración de un derecho o una garantía… y esto no puede ser desconocido por un fiscal de juicio.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i>Entonces, dicho esto, consideramos que la Dra. Durruty al formular su pedido, y su marido al adherir, no tuvieron en cuenta estos principios básicos, esenciales, a la hora de pensar las nulidades en el proceso penal. No esgrimieron ningún tipo de perjuicio, ni norma que sancione una nulidad por la ausencia de la querella en una audiencia, sencillamente porque esto no existe.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i><br /></i></div><div><i>Pero lo más asombroso es que la misma querella que pidió que se suspenda la audiencia, en algunas oportunidades durante el juicio “Guerrieri”, ante el TOF 1°, pero de igual composición, ha estado ausente y jamás nadie (ni las otras querellas –entre las cuales estábamos estos mismos abogados a quienes la ausencia de las Dras. de ningún modo nos pasó inadvertido-, ni mucho menos la fiscalía representada también por el Dr. Stara, ni los defensores) ha esbozado un pedido de nulidad de ese debate por la ausencia de las abogadas. </i></div><div><i><br /></i></div><div><i>Sólo destacamos la sorpresa que nos provoca esta actitud o cambio de criterio, cuando claramente recordamos que ninguna de las abogadas, ni la representante en aquel entonces de la Secre de DDHH de Nación, estuvieron presentes en las declaraciones testimoniales brindadas en fechas 1° y 10 de diciembre de 2009, tal como consta en las respectivas actas de audiencia.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i>No existe artículo alguno del CPPN, que prevea la sanción de nulidad ante la incomparecencia del querellante a una audiencia de debate. Es más, el artículo 365 del CPPN, luego de establecer la regla de continuidad del debate, contempla las situaciones de excepción que puedan provocar su suspensión, sin mencionar en su extensa redacción al querellante.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i>Que quede claro: no había riesgo procesal alguno porque un sujeto no esencial no estuviera presente, lo que es sabido por las representantes de la otra querella y no puede ser ignorado por un fiscal de juicio, quien ha variado llamativamente su criterio, ya que en el juicio anterior ante la ausencia de su esposa (Dra. Durruty) y compañeras de querella, no hizo ningún planteo similar. Además, el criterio que sostenemos se vio confirmado por la aceptación de las ausencias de las abogadas en momentos del debate de “Guerrieri”, por los mismos jueces que intervienen en este proceso y que continuaron con las audiencias pese a las faltas, sin solicitar ningún tipo de explicación al respecto. También debemos resaltar que los jueces querían llevar adelante la audiencia como corresponde, lo que fue impedido por el planteo querellante. O sea que el obstáculo provino de, al menos, un desconocimiento del derecho y olvido de sus propios actos, por parte de quienes pidieron la suspensión.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i><br /></i></div><div><i>Por otro lado, el Dr. Galarza Assoni se pronunció en el sentido de la existencia de una especie de desistimiento tácito de la pretensión punitiva de esta querella por su ausencia injustificada a una audiencia de debate.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i>En relación a este planteo, primero debemos aclarar que al letrado no le asiste legitimación para esgrimir este pedido ya que la Secretaría de DDHH en el año 2008 desistió expresamente de la acusación oportunamente formulada a Chomicki. Y en consecuencia, al momento de formular nuestros alegatos no hemos perfeccionado acusación en relación a este imputado. Entonces, otra vez nos sentimos muy asombrados al escuchar la pretensión articulada por este defensor, sin legitimación para hacerlo sencillamente porque no existe agravio que lo asista.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i>Sin embargo, ante la adhesión formulada por el Dr. Gadea, nos vemos obligados a manifestarnos en relación a este tema. Y otra vez nos asombramos del desconocimiento de nuestro ordenamiento procesal que se evidencia en este antojadizo planteo. Resulta tan evidente la improcedencia del desistimiento tácito de la pretensión punitiva en nuestro ordenamiento, que incluso para que un abogado representante legal de un querellante pueda articularlo, debe estar expresamente prevista esa facultad en el poder especial que se le otorgó. “Si el poder no incluye la facultad de desistir de la querella, no podrá hacerlo el mandatario ni podrá celebrar convenios con el querellado si su mandante no lo autorizó expresamente” (según el CPPN Comentado por Navarro-Daray, comentario al art. 83, pág. 327, ed. Hammurabi 3° edición, Tomo 1, año 2008).</i></div><div><i><br /></i></div><div><i>En este mismo sentido, Navarro-Daray, pág. 1039, art. 347, T. 2: “El eventual silencio del querellante ante la vista corrida por el órgano importa falta de interés frente a un acto neurálgico del proceso. Pero como la omisión no implica desistimiento –éste debe ser expreso-, el querellante tendrá facultades para proseguir actuando como tal en el debate con excepción del ejercicio de aquéllas vinculadas indisolublemente a la integración de un acto (el de acusar o requerir la elevación a juicio) incumplido”.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i>En definitiva, el querellante no está ligado al proceso más que por su propia voluntad y puede abandonarlo cuando quisiere. Pero en los delitos de acción pública, el desistimiento debe ser expreso. El desistimiento tácito, “es aplicable solamente a los delitos de acción de ejercicio privado (art. 422; véase su comentario) nunca en los de acción pública (CNCP, Sala I, JPBA, 94-112-259).</i></div><div><i><br /></i></div><div><i>Dicho esto, además, queremos aclarar sólo por respeto a las víctimas y los compañeros y compañeras que a diario están presentes en todas las audiencias de este juicio, y en la puerta acompañando este proceso, la razón por la cual no pudimos concurrir, incomparecencia que lamentablemente fue utilizada con un fin político en perjuicio de las víctimas, provocando una dilación innecesaria.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i>No pudimos concurrir porque ese mismo día había una audiencia de trascendental en la ciudad de Paraná, en el juicio que se está llevando adelante por la sustracción, el ocultamiento y la retención de los hijos de Raquel Negro y por las sustituciones de sus estados civiles. Resultaba primordial participar en esa jornada, por las particularidades de la misma. Pero de ningún modo esto quiere decir que un juicio sea más importante que otro, no, de ninguna manera. Sencillamente, ante el convencimiento, por todo lo que recién expliqué, que podíamos no estar presentes aquí, porque nuestra presencia no era esencial ese día, concurrimos a la audiencia en Paraná. En respeto a las víctimas analizamos dónde íbamos a ser más útiles.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i>Y además, queremos que sepan que no nos pareció oportuno solicitar que se suspendiera la audiencia en este juicio, teniendo en cuenta las dilaciones que ya venimos sufriendo, cuando jurídicamente era perfectamente viable que se sustente la audiencia sin nuestra presencia. Nos parecía que no podíamos pretender que no se hiciera la audiencia en perjuicio justamente de las víctimas de este proceso.</i></div><div><i><br /></i></div><div><i>Por todas esas razones, nos sorprende dolorosamente lo ocurrido, que reiteramos no tiene motivo jurídico válido, y queríamos efectuar las aclaraciones no solamente al Tribunal sino también a todas las compañeras y compañeros que acompañan este juicio, a efectos de poder explicar la verdad de lo ocurrido.</i></div></span></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-8742583689703237447?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-51359095637191155752011-09-10T07:13:00.000-07:002011-09-10T07:14:18.687-07:00El socio propietario del Instituto de Pediatría de Paraná (IPP), Miguel Torrealday, admitió este viernes haber estado a cargo del área de neonatología de ese centro asistencial en 1978, pero advirtió que "no se sentía jefe" y que estaba en ese lugar por "su experiencia y conocimientos".<span class="fullpost"><br /><br />El médico fue buscado en su domicilio por el tribunal federal oral de esta ciudad para que amplie la declaración testimonial brindada el jueves, en la que negó haber estado al frente de esa área.<br /><br />En la novena jornada del juicio que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en el Hospital Militar de Paraná y la derivación de los hijos mellizos de la detenida-desaparecida Raquel Negro al IPP, Torrealday terminó reconociendo su desempeño en la sala de neonatología.<br /><br />El médico, que recibió una advertencia del presidente del tribunal, Roberto López Arango, para que conteste lo que se le pregunta y "no se vaya por las ramas", admitió haber estado a cargo de neonatología, luego de que otros dos socios del IPP fueron careados y coincidieron en que Torrealday desempeñaba esa función.<br /><br />Los socios propietarios del IPP, David Vainstub y Angel Schroeder, concidieron también en la falta de control que existía en ese instituto sobre los médicos externos, que podían internar pacientes "en forma abierta" y darles el alta sin que ellos tuvieran conocimiento.<br /><br />Ambos médicos coincidieron también en que desconocían que los bebés de Raquel Negro, presumiblemente nacidos en el hospital militar local en 1978, fueron internados en el IPP, como reconocieron enfermeras y otros profesionales de ambos institutos.<br /><br />"Yo nunca había visto el libro de registro de pacientes, hasta la visita de (la titular de Abuelas de Plaza de Mayo), Estela de Carloto", reveló Schroeder, luego de que Vainstub sostuviera lo mismo un rato antes.<br /><br />De la declaración de ambos profesionales también surgió que en los `70 en el IPP "no había control de quién retiraba a un bebé".<br /><br />"Cualquier persona podía ir y decir que iba a retirar el bebé", reconocieron cuando el tribunal les preguntó sobre el procedimiento para retirar a algún niño dado de alta del instituto.<br /><br />Sobre el particular Vainstub recalcó que el IPP "era una institución abierta. Los médicos de todo Paraná venían con el chico, lo internaban, lo seguían, los medicaban y hasta le daban el alta".<br /><br />"Cualquier médico de Paraná podía internar sin que nosotros intervengamos", insistió el profesional.<br /><br />En un pasaje de su declaración, Schroeder dijo que Torrealday era "quien comandaba" el servicio de Neonatología del IPP, pero luego se retractó y dijo que sólo atendía a sus pacientes.<br /><br />Esta circunstancia fue advertida por los abogados querellantes, quienes pidieron un careo con Vainstub.<br /><br />Finalmente, ambos profesionals reconocieron que Torrealday estaba al frente de esa área "por su experiencia y conocimientos".<br /><br />En la causa Hospital militar están siendo juzgados los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, coronel retirado Pascual Oscar Guerrieri; el militar y abogado Juan Daniel Amelong; el ex personal civil de Inteligencia Walter Salvador Dionisio Pagano; los ex militares retirados Jorge Alberto Fariña y Marino Héctor González; y el ex jefe de terapia intensiva del hospital militar local, juan Antonio Zaccaría.<br /><br />En la causa se investiga el robo de bebés y la sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978.<br /><br />Uno de los bebés de la mujer es Sabrina Gullino, quien recuperó su identidad en 2008.(Télam) </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-5135909563719115575?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-51371941748099172012011-09-09T05:33:00.000-07:002011-09-09T05:36:12.450-07:00El Tribunal Oral Federal que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en el hospital militar de Paraná durante la última dictadura, responsabilizó este jueves a uno de los testigos de la causa por estar "ocultando información" sobre el parto de una joven que permanece desaparecida desde 1978.<span class="fullpost"><br /><br />"Creo fervientemente que usted está omitiendo información", le dijo la vocal del tribunal, Lilia Carnero, al socio propietario del Instituto Privado de Pediatría (IPP) de esta ciudad, Miguel Torrealday, uno de los testigos que compareció hoy.<br /><br />La afirmación de la jueza se produjo luego que Torrealday dijo desconocer qué médico del IPP atendió por derivación a los mellizos que dio a luz la detenida-desaparecida, Raquel Negro, nacidos en el hospital militar de esta ciudad en 1978.<br /><br />Torrealday dijo también desconocer qué profesional de ese instituto entregó a los niños en una supuesta adopción, a pesar de que una enfermera del IPP reconoció hoy que a ella le ordenaron cambiar a uno de los niños porque sería entregado en adopción.<br /><br />"Yo lo cambié y una pareja vino a buscarlo, pero yo no vi quienes eran porque estaban detrás de la puerta de la sala", había dicho un rato antes la enfermera, cuya identidad se preservó por razones de seguridad.<br /><br />En su declaración de hoy, Torrealday aseguró que no recuerda la internación de los bebés mellizos de Negro, y que recién se enteró del caso mucho tiempo después, al revisar los libros del IPP durante una reunión con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carloto.<br /><br />En el libro de ingresos del instituto, los mellizos están registrados como NN López, el varón, y Soledad López, la niña.<br /><br />"Queremos saber quién fue el médico, porque nos puede aportar la información para recuperar el niño perdido”, añadió Torrealday, pero recibió otra advertencia de la vocal Carnero.<br /><br />"Usted no puede decirle al tribunal `queremos saber`. Ustedes deben saber. Ustedes tienen la clave para saber, por eso tienen que hacer memoria", le recalcó la magistrada.<br /><br />Cuando el profesional insistió en que no recordaba qué pasó con los bebés, el presidente del tribunal, Roberto López Arango, expresó su extrañeza porque "ninguno de los cuatro médicos (propietarios del IPP) supieran lo que sabían todas las enfermeras”.<br /><br />Durante la jornada de hoy también declararon dos enfermeras de Neonatología del IPP, que recordaron la derivación a ese instituo de los mellizos de Raquel Negro desde el hospital militar en 1978.<br /><br />Una de las enfermeras dijo que los bebés fueron dados de alta, un dato que coincide con el libro de registros del IPP, y que alienta la posibilidad de que el mellizo varón logró sobrevivir, a pesar de la cardiopatía congénita que presentaba y que difícilmente superaría, según lo declarado hace unos días por un médico del hospital militar.<br /><br />En la jornada de hoy declaró también una laboratorista del Hospital Militar, cuya identidad se mantiene en reserva, que dijo haberse enterado por comentarios del nacimiento de mellizos en 1978 y desconocer el destino de la mamá y de los niños.<br /><br />Esta testigo reconoció que durante la dictadura se hacían análisis de sangre en el hospital militar local a personas identificadas como NN.<br /><br />Recordó también que en una oportunidad fue llamada para realizarle una transfusión de sangre a un hombre que "estaba muy herido" en el quirófano.<br /><br />La testigo dijo que en esa ocasión, el anestesista Juan Antonio Zaccaría, uno de los imputados en la causa, le dijo que no era necesario que clasificara el grupo y factor sanguíneo del paciente porque "dentro de un rato se va a morir".<br /><br />"Esa persona falleció en la cirujía y después me enteré que había sido traída en el baúl de un auto hasta el Hospital Militar, creo que luego de un enfrentamiento armado", agregó.<br /><br />En la causa Hospital Militar están imputados en el robo y sustitución de identidad de los hijos mellizos de Raquel Negro, los represores Juan Amelong, Walter Pagano, Marino González, Pascual Guerrieri, Jorge Fariña y el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría. <br /><br />Fuente: Télam </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-5137194174809917201?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-40347709810105650452011-09-07T20:18:00.000-07:002011-09-07T20:20:03.555-07:00El médico pediatra Alfredo Sors, quien en mayo de 1978 ingresó a trabajar en el Instituto de Pediatría de Paraná (IPP), reconoció que en ese centro asistencial ingresaban bebés provenientes del nosocomio militar local.<span class="fullpost"><br />“Puedo asegurar que, después de mayo del `78, atendíamos a niños que ingresaban desde el Hospital Militar y de otros centros privados", afirmó el profesional durante la séptima jornada del juicio oral y público que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en el hospital militar de la capital entrerriana.<br /><br />En la causa se investiga la sustracción y sustitución de identidad de los hijos mellizos de la detenida-desaparecida Raquel Negro, nacidos en el hospital militar local en 1978 luego de que trasladasen a su madre desde el centro de detención clandestino conocido como Quinta de Funes, ubicado a pocos kilómetros de Rosario.<br /><br />En su declaración, Sors sostuvo que hubiese sido un hecho inusual la internación de los mellizos de Raquel Negro sin un debido registro administrativo en el IPP, y opinó que si el varón de los mellizos padecía una cardiopatía congénita, como declararon otros médicos y enfermeras, debió haber sido derivado a centros especializados de Córdoba o de la Capital Federal, de mayor complejidad.<br /><br />El médico aclaró que ingresó al IPP en mayo del `78 y que no intervino en la atención de los mellizos, uno de los cuales, Sabrina Gullino, recuperó su identidad en 2008.<br /><br />Durante la jornada de este miércoles también declararon cuatro enfermeras del hospital militar, una de las cuales dijo no haber tenido "ninguna noticia" del nacimiento de los bebés en ese lugar.<br /><br />También dieron su versión una instrumentista y un laboratorista, que admitieron conocer "por el boca en boca" el nacimiento de los mellizos de Raquel Negro en ese nosocomio castrense durante la última dictadura militar.<br /><br />Por otra parte, el Tribunal Federal local dispuso que un médico del Tribunal Oral 2 de Rosario verifique el estado de salud del represor Eduardo Costanzo, quien no se presentó a declarar la semana pasada a causa de estar afectado por un problema de salud.<br /><br />Constanzo, ex integrante de un grupo de tareas de Rosario, fue quien dio los detalles sobre el operativo de traslado de la detenida desaparecida Raquel Negro hasta el Hospital Militar de Paraná.<br /><br />Según el represor, la mujer fue trasladada desde el centro de detención ilegal conocido como Quinta de Funes, cerca de Rosario, hasta el hospital militar de Paraná, donde dio a luz a mellizos.<br /><br />Constanzo declaró que, tras el parto, la niña fue dejada en un asilo de huérfanos de Rosario, desde donde fue entregada a la justicia y dada en adopción legal a un matrimonio. Esta niña, anotada como Sabrina Gullino, recuperó su identidad en el año 2008.<br /><br />Según la declaración de Constanzo, después del parto, Raquel Negro fue ejecutada por el jefe del batallón de inteligencia 122 de Rosario, Paúl Navone, quien también se apropió del mellizo varón de la detenida-desaparecida.<br /><br />Constanzo también dio detalles de la "Operación México", en la que la pareja de Raquel Negro y padre de los mellizos, Tulio Valenzuela, fue trasladado a ese país para entregar a la cúpula de la organización Montoneros al gobierno militar.<br /><br />Valenzuela logró escaparse del grupo de militares con los que viajó a México y denunció públicamente la operación.<br /><br />En la causa del Hospital Militar están procesados, por el delito de sustracción y sustitución de identidad de los hijos de Negro y de Valenzuela, el médico Juan Antonio Zaccaría, y los ex militares integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario Pascual Guerrieri, Juan Amelong, Jorge Fariña, Héctor González y Walter Pagano.<br /><br />Fuente: Télam </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-4034770981010565045?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-92203875809336025442011-09-02T07:33:00.000-07:002011-09-02T07:35:31.086-07:00La enfermera jubilada Natalia Krunn admitió este jueves que estuvo presente en el momento en que la detenida-desaparecida Raquel Negro dio a luz a mellizos, en marzo de 1978, en el hospital militar de la capital entrerriana.<span class="fullpost"> <br /> <br /> <br />En la quinta jornada del juicio que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en ese nosocomio durante la última dictadura militar, la mujer reveló ante el tribunal oral federal detalles del parto de Negro. <br /> <br />La enfermera reconoció que fue la propia Raquel Negro quien le reveló su identidad y le dijo que venía del centro clandestino de detención Quinta de Funes, cerca de Rosario. <br /> <br />Krunn reveló que la joven se quejó de haber sido "maltratada" y dijo que ella pudo constatar, mientras la bañaba, "que tenía lesiones en la cola". <br /> <br />Agregó que en el parto, primero nació un varón, que Negró alcanzó a abrazar antes de que el bebé fuera retirado "por dos personas que yo no conocía, que dijeron que no estaba bien". <br /> <br />La enfermera relató que después nació la nena, "que sí se quedó con la madre". <br /> <br />"Al otro día, cuando volví a mi trabajo, pregunté qué fue de la parturienta y me dijeron que se la llevaron los familiares. <br /> <br />“Nunca más supe nada ni se habló de la chica", completó. <br /> <br />Durante la jornada de este jueves declararon también el médico Alfredo Berduc, la obstetra Gregoria Yolanda Piquet y las enfermeras Alicia Haydé Caminos de Baratero y Rosa Deharbe. <br /> <br />Todos estos testigos relataron aspectos de la internación de los mellizos de Raquel Negro en el servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar local, en marzo de 1978, y de la derivación al Instituto Privado de Pediatría de Paraná (IPP). <br /> <br />Lo llamativo de la jornada fue la declaración de la obstetra Piquet, que recordó haber instruido sobre el trabajo de parto a una embarazada, aparentemente detenida, cuyas características no coinciden con las de Negro, Según Piquet, esa mujer gestaba un solo bebé y era madre primeriza, lo que avalaría la hipótesis del funcionamiento de una maternidad clandestina en el hospital militar local y la presencia de otras jóvenes detenidas ilegalmente, que eran conducidas para dar a luz en ese lugar. <br /> <br />El médico de Terapia Intensiva del nosocomio local, Alfredo Berduc, recordó que de los mellizos de Negro, el varón "tenía una cardiopatía congénita severa y estaba cianótico (de color morado)". <br /> <br />"La cardiopatía del nene era severa y requería de decisiones muy drásticas", dijo al relatar que le pidió al director del hospital que dispusiera el traslado de los dos niños al Hospital Materno Infantil San Roque o al IPP, para una mejor atención. <br /> <br />Reconoció que "alguien" le dijo que la mamá de los bebés era una detenida y que "no averiguó" qué pasó con la mujer después del parto. <br /> <br />"En ese momento no se podía averiguar mucho, además yo no la atendí porque no tenía ninguna patología de mi incumbencia", agregó. <br /> <br />Utilizando terminología técnica, explicó que, por la patología que presentaba el varoncito, no pudo haber salido del Instituto de Pediatría sin una intervención de alta complejidad. <br /> <br />En ese sentido, dijo creer que el chico murió a poco de nacer, mientras estaba internado en el IPP. <br /> <br />"No creo que ese niño haya vivido", insistió en relación con los problemas de salud que presentó al nacer. <br /> <br />En la causa Hospital Militar se investiga el traslado en 1978 hasta ese lugar, desde el centro ilegal de detención Quinta de Funes, de Rosario, de la detenida-desaparecida Raquel Negro, quien dio a luz a mellizos. <br /> <br />La nena, anotada como Sabrina Gullino, recuperó su identidad en diciembre de 2008, pero se ignora el destino que sufrió su hermanito. <br /> <br />Redacción Rosario / Télam </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-9220387580933602544?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-90676882347377893132011-09-01T07:35:00.000-07:002011-09-02T09:38:44.907-07:00Nueve juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura se llevan adelante en el país en Capital Federal, Rosario, Salta, Mendoza, Entre Ríos y Mar del Plata.<span class="fullpost"> <br /> <br />En Rosario, ante el Tribunal Oral Federal 2, se desarrolla el juicio contra el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y otros cinco imputados. <br /> <br />En la causa conocida como "Ex Feced", están imputados además los ex policías santafesinos Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini, Mario Alfredo Marcote y José Rubén Lo Fiego; y el civil Ricardo Miguel Chomicky, acusado de complicidad en la represión ilegal. <br /> <br />Están acusados por delitos cometidos durante el primer año de la dictadura en el centro clandestino de detenciones que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario. <br /> <br />En Entre Ríos se lleva adelante el proceso que investiga el robo de los mellizos de la detenida desaparecida Raquel Negro. <br /> <br />Los acusados son los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 coronel (re) Pascual Guerrieri, el militar y abogado Juan Amelong, el ex personal civil de Inteligencia Walter Pagano, los ex militares (re) Jorge Fariña y Marino Héctor González, y el ex jefe de terapia intensiva del hospital militar local, Juan Antonio Zaccaría. <br />En la causa se investiga el robo de bebés y la sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978. Uno de esos bebés es Sabrina Gullino quien en la actualidad milita en la agrupación HIJOS y con su medio hermano, Sebastián Alvarez, se constituyeron en querellantes en la causa. <br />Raquel Negro fue trasladada desde la Quinta de Funes, en Rosario, para dar a luz mellizos, uno de los cuales, Sabrina, recuperó su identidad en diciembre de 2008. Del hermano mellizo de la chica, se desconoce su destino. <br /> <br />En la Capital Federal, el Tribunal Oral Federal 6 juzga a los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, junto a otros seis imputados, por 34 casos de apropiación de menores. <br /> <br />Se trata de la causa conocida como “Plan Sistemático”, en la que también están imputados los represores Rubén Franco, Jorge "El Tigre" Acosta, Antonio Vañek, Santiago Omar Riveros, Jorge Azic y Jorge Magnacco, por los delitos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de 10 años. <br /> <br />También en esta Ciudad, el Tribunal Oral Federal 5 juzga los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionara en la ESMA, proceso en el que se estima que mañana será el último día de alegatos. <br /> <br />En este proceso se investigan, entre otros delitos, las desapariciones de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh. <br /> <br />Los imputados en este tramo de la megacausa "ESMA" son: Jorge "El Tigre" Acosta, Alfredo Astiz, Juan Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Cavallo, Julio Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Néstor Savio y Ernesto Weber. <br /> <br />En Salta, en tanto, el Tribunal Oral Federal encabeza el juicio por la desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de la provincia, donde es juzgado el represor Luciano Benjamín Menéndez, junto a otros siete acusados. <br /> <br />En este proceso, cuya sentencia está prevista para el 12 de septiembre, también se investiga el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal. <br /> <br />En Mendoza, el Tribunal Oral Federal 1 lleva adelante el juicio que acumula 17 causas por crímenes en perjuicio de 24 víctimas, proceso que entró en su segunda etapa de alegatos. <br /> <br />Este miércoles, querellantes y defensores comenzaron la segunda etapa de alegatos en el juicio, que entre otros casos juzga, el asesinato del periodista Francisco "Paco" Urondo. <br /> <br />Los imputados son el ex jefe de Inteligencia del Ejército en Mendoza Paulino Furió; el ex teniente Dardo Migno; el comisario general retirado Juan Agustín Oyarzábal; el comisario retirado Eduardo Smaha y los ex policías Celustiano Lucero y Luis Alberto Rodríguez Vázquez. <br /> <br />En Bahía Blanca, desde junio, son juzgados 13 militares, 4 policías y 2 agentes penitenciarios, en la causa conocida como "V Cuerpo", por juzgarse violaciones a los derechos humanos contra 90 víctimas en la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército. <br /> <br />Esto incluye el sur de Buenos Aires, parte de las provincias de Río Negro y Neuquén, donde operaron los centros clandestinos de detención conocidos como La Escuelita de Bahía Blanca y la Cárcel de Villa Floresta. <br /> <br />En tanto, la semana pasada comenzó en el Tribunal Federal Oral de Paraná el juicio por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná. <br /> <br />En este proceso se investiga la sustracción y sustitución de identidad de los hijos de Raquel Negro, en la que están involucrados seis represores: cinco militares y un médico con rango militar, acusados por sustracción de menores y sustitución de identidad, en el caso de Sabrina Gullino. <br /> <br />En el banquillo de los acusados están sentados Pascual Guerrieri, Juan Amelong, Walter Pagano, Jorge Fariña y Marino González; junto con el médico anestesista Juan Zaccaría. <br /> <br />También la semana pasada, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzó a juzgar a 14 represores por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 69 víctimas. <br /> <br />En la causa se investigan crímenes contra los derechos humanos en perjuicio de 69 víctimas, cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaran en la Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, y en la sede de aquella ciudad de la Prefectura Naval Argentina. <br /> <br />También en Mar del Plata, se desarrolla desde junio, un juicio por delitos cometidos en dos centros clandestinos de detención en perjuicio de 85 víctimas y en el que hay 17 acusados. <br /> <br />En el proceso se investigan hechos cometidos en la Comisaría 4ª y el centro clandestino "La Cueva" (ex radar Base Aérea Mar del Plata), como también en la Comisaría 1ª y en la Subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea. <br /> <br />Fuente: CIJ / Télam </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-9067688234737789313?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-74910447489230949512011-08-31T15:31:00.001-07:002011-08-31T15:31:40.531-07:00Sabrina Gullino, hija de los desaparecidos Raquel Negro y Edgar Tulio Valenzuela, pidió este miércoles a los imputados del juicio Hospital militar de Paraná ‒en el que se investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina durante la última dictadura‒, que "rompan el pacto de silencio y digan que pasó con mi hermano mellizo".<span class="fullpost"> <br /> <br />En la causa se investiga el robo de bebés y la sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978. <br /> <br />Uno de esos bebés fue Sabrina Gullino quien en la actualidad con su medio hermano, Sebastián Álvarez, se constituyeron en querellantes en la causa. <br /> <br />"Estos reos son responsables del secuestro y asesinatos de mi mamá y de mi papá y de la desaparición de mis hermanito mellizo y, aunque quisieron destruir a mi familia, no pudieron", agregó Gullino. <br /> <br />En su declaración ante el tribunal federal local, Gullino le reclamó a los imputados que "rompan el pacto de silencio, como hizo el médico militar Juan Antonio Zaccaría, que reconoció que había habido otros partos (clandestinos) en el hospital militar". <br /> <br />Sabrina relató que su madre biológica, Raquel Negro, fue trasladada desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, para dar a luz en el hospital militar local en marzo de 1978. <br /> <br />La mujer fue internada como sobrina del entonces jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, y tuvo mellizos, un varón y una nena. <br /> <br />Poco después de nacer, los mellizos fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría de Paraná, por complicaciones en su salud. <br /> <br />Tras ser dados de alta, la niña fue dejada en el Hogar del Huérfano de Rosario, luego entregada a la Justicia de Menores y finalmente dada en adopción legal. <br /> <br />Recalcó que ella, anotada como Sabrina Gullino, recuperó su identidad en diciembre de 2008, pero desconoce el destino que sufrió su hermanito. <br /> <br />Raquel Negro y su pareja, Edgar Tulio Valenzuela, fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en el centro de Mar del Plata. <br /> <br />Junto con la pareja estaba Sebastián Alvarez, hijo de la mujer, que tenía un año y medio de edad en ese momento y ahora se constituyó en el querellante de la causa junto con Gullino. <br /> <br />"Mi papá, en un supuesto acuerdo con los militares, tenía que marcar a la cúpula de Montoneros en México, mientras que mi madre, con un embarazo avanzado, quedó como rehén y Seba fue entregado a nuestros abuelos maternos", agregó la joven. <br /> <br />Gullino agradeció "a las enfermeras que se jugaron y aportaron datos a la justicia para iniciar la causa" y que permitieron determinar que ella y su hermanito fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría de Paraná, donde ingresaron como Soledad López y NN López. <br /> <br />"Los dos tenemos el alta de ese centro privado, lo que me hace suponer que mi hermano mellizo está vivo", agregó. <br /> <br />La joven se dirigió luego a los represores Juan Amelog y Walter Pagano, “que son los que me llevaron en el auto y me dejaron abandonada en un orfanato. Seguramente deben estar arrepentidos de no haberme tirado al río, porque miren todo lo que está pasando: 33 años después se constituyó este tribunal que los está juzgando”, recalcó. <br /> <br />Seguidamente declaró su hermano, Sebastián Álvarez, quien reclamó la colaboración de los dueños del Instituto Privado de Pediatría, donde fueron derivados tras nacer, para obtener datos sobre el destino del mellizo desaparecido pocos días después. <br /> <br />"Que digan qué pasó, porque hay claras diferencias entre las enfermeras que recuerdan el caso y los doctores que no se acuerdan de nada", dijo antes de recalcar que de lo contrario "vamos a creer que era una práctica normal el ingreso clandestino de chicos a institutos privados". <br /> <br />Luego declaró el médico Juan Ferrarotti, quien reconoció haber trabajado en terapia intensiva del Hospital Militar en 1978, pero dijo no recordar sobre el nacimiento de los mellizos en el nosocomio. <br /> <br />Este miércoles también debía declarar el agente de inteligencia, Eduardo "Tucu" Constanzo, que fue quien reveló los detalles del traslado de Raquel Negro al hospital militar de Paraná y de la apropiación de sus hijos mellizos. El represor, que se encuentra cumpliendo condena con prisión domiciliaria en Rosario, iba a ser traído por la fuerza pública hasta la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, pero una diverticulitis aguda se lo impidió. <br /> <br />Fuentes: Télam / Diario del Juicio / El Diario</span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-7491044748923094951?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-56819513831687866132011-08-31T15:09:00.000-07:002011-08-31T16:14:11.142-07:00Las abogadas de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y Familiares pidieron este miércoles que “los crímenes aberrantes cometidos en el ex Servicio de Informaciones se condenen por haber tenido forma del delito de genocidio”. Las letradas no concluyeron con su exposición, que proseguirá el próximo 12 de septiembre.<span class="fullpost"> <br /> <br />El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 de Rosario continuó este miércoles con las exposiciones de las abogadas de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y Familiares, en el proceso contra el ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Díaz Bessone y otros cinco imputados. <br /> <br />Las letradas sostuvieron que “el delito de Desaparición Forzada de Personas incluído este mismo año en el Código Penal”, se trata de un crimen “permanente que se sigue cometiendo hasta tanto no aparezcan los restos de las víctimas del terrorismo de estado" <br /> <br />Antes de pasar al pedido de pena, la abogada de Familiares, Gabriela Durruty, solicitó al tribunal "ante la ausencia de los letrados que representan a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la suspensión de la audiencia en resguardo de las garantías del debido proceso". <br /> <br />El pedido contó con la adhesión del Ministerio Público Fiscal a cargo de Gonzalo Stara y de la querella representada por la abogada de HIJOS Nadia Schujman, quien aclaró que “si bien consideraba que la querella era un sujeto eventual", adhería a "lo planteado por la fiscalía para salvaguardar cualquier planteo”. <br /> <br />Por su parte el defensor de Ricardo Chomicki, Héctor Galarza Azzoni, adhirió al pedido de suspensión y solicitó que luego de escuchar la exlpicación de la Secretaía, se tenga por desistida tácitamente la acusación de la misma en caso de no ser justificada. <br /> <br />El Tribunal sólo hizo lugar al pedido de suspensión y quedó a la espera de las explicaciones que deberán brindar los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. <br /> <br />Este miércoles los letrados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se encontraban presentes en el juicio por el robo de bebés en el Hospital militar de Paraná, que se desarrolla en los tribunales federales de Entre Ríos. En dicha jornada estaba previsto que declare Sabrina Gullino, la nieta recuperada hija de la militante desaparecida Raquel Negro. <br /> <br />El proceso en el TOF 2 de Rosario continuará el 12 de septiembre a las 9:30, día en que se estima que las abogadas del equipo jurídico de la Liga y Familiares concluirán su alegato y dará comienzo el de la fiscalía. <br /> <br />Largo proceso <br /> <br />El juicio que se sustancia en el TOF N° 2 de Rosario, se inició en julio de 2010, y se ha transformado en uno de los más largos de la historia de los procesos contra represores de la dictadura. <br /> <br />En el TOF 2 son juzgados Ramón Díaz Bessone, José Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, José Scortechini y Ricardo Chomicky por los delitos de homicidio, privación de la libertad, torturas y asociación ilícita. <br /> <br />Conocida como “megacausa Feced”, ahora denominada “Díaz Bessone”, investiga crímenes de lesa humanidad cometidos contra 93 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario, el más grande de la provincia, ya que se calcula que por él pasaron entre 1.800 y 2.000 personas. Se prevé que antes de fin de año se conocerá la sentencia. <br /> <br /> </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-5681951383168786613?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-72459643493847499102011-08-31T01:41:00.000-07:002011-08-31T08:42:46.054-07:00El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 de Rosario retomó este martes las exposiciones de las abogadas de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y Familiares, en el proceso contra integrantes del Servicio de Informaciones de la policía durante la dictadura. Las letradas calificaron como “conductas de genocidio”, a los delitos cometidos por los represores.<span class="fullpost"> <br /> <br />“Siguiendo expresas instrucciones de nuestros poderdantes acusamos a Ramón Genaro Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, José Antonio Scortechini, Ramón Rito Vergara y Ricardo Miguel Chomicki”, plantearon las abogadas Leticia Faccendini, Jésica Pellegrini, Gabriela Durruty y Daniela Asinari, integrantes del equipo jurídico que representa a los querellantes Eduardo Seminara, Azucena Solana, José Aloisio, Liliana Gómez Marta Bertolino, y Alfredo Vivono. <br /> <br />Las letradas acusaron a los imputados de “haber cometido los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por mediar violencia y amenazas y durar más de un mes concurso real con el delito de tormentos agravados por aplicarse contra perseguidos políticos, en algunos casos en concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado y en otros casos, en concurso con el delito de desaparición forzada agravada, todo ello en concurso real con asociación ilícita agravada, todos ellos comprensivos de las conductas de genocidio" <br /> <br />Durante el proceso, las dos primeras querellas solicitaron prisión perpetua para el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone. En el juicio se investigan delitos en perjuicio de 93 víctimas <br /> <br />Los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 2, Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, continuaban este miércoles, a partir de las 10, las audiencias de alegatos. <br /> <br />La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación requirió la pena de prisión perpetua para Díaz Bessone y para el ex policía José Rubén Lo Fiego. <br /> <br />Asimismo, pidió 25 años de prisión para los ex policías Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini, y no realizó acusación contra el imputado Ricardo Miguel Chomicki. <br /> <br />Por otro lado, la querella que representa a la Agrupación HIJOS requirió la pena de prisión perpetua para Díaz Bessone y 25 años de prisión para el resto de los acusados. <br /> <br />Todos los acusados se encuentran investigados por distinta cantidad de casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-7245964349384749910?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-55345197133273065652011-08-30T08:18:00.001-07:002011-08-30T08:23:17.942-07:00<a href="http://4.bp.blogspot.com/-NXvs_ys7fQs/Tlz_vHU5hQI/AAAAAAAAA7Y/KhgESDS3eQA/s1600/Sabrina%2BGullino.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 244px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-NXvs_ys7fQs/Tlz_vHU5hQI/AAAAAAAAA7Y/KhgESDS3eQA/s320/Sabrina%2BGullino.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5646669217701397762" /></a>Los hijos de Raquel Negro –la militante que estaba embarazada de mellizos cuando fue desaparecida por integrantes del Batallón 121 del Ejército–, Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez, ofrecerán sus testimonios en el juicio por robo de bebés en el Hospital Militar de Paraná. Además declarará el represor Eduardo Tucu Costanzo. Con esos testimonios continuará este miércoles el proceso en los tribunales federales de la capital entrerriana, en el marco del juicio que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en el hospital militar de esta ciudad.<span class="fullpost"> <br /> <br /> <br />La audiencia del juicio, en el que son juzgados cinco militares y un ex médico militar, está convocada para las 10. A esa hora se hará presente junto a su hermano Sebastián, la nieta recuperada en 2008, Sabrina Gullino, una de los mellizos que esperaba parir Raquel Negro al momento de su desaparición. <br /> <br />Los acusados son los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 coronel (re) Pascual Guerrieri, el militar y abogado Juan Amelong, el ex personal civil de Inteligencia Walter Pagano, los ex militares (re) Jorge Fariña y Marino Héctor González, y el ex jefe de terapia intensiva del hospital militar local, Juan Antonio Zaccaría. <br /> <br />En la causa se investiga el robo de bebés y la sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978. Uno de esos bebés es Sabrina Gullino quien en la actualidad milita en la agrupación HIJOS y con su medio hermano, Sebastián Alvarez, se constituyeron en querellantes en la causa. <br /> <br />Raquel Negro fue trasladada desde la Quinta de Funes, en Rosario, para dar a luz mellizos, uno de los cuales, Sabrina, recuperó su identidad en diciembre de 2008. Del hermano mellizo de la chica, se desconoce su destino. <br /> <br />Junto con Gullino declarará Eduardo Costanzo, un ex integrante de un grupo de tareas de Rosario, que fue quien brindó detalles del operativo de traslado de la mujer hasta el hospital militar local y de la suerte que corrieron los niños. <br /> <br />La internación de Raquel Negro en el hospital militar local fue reconocida por el médico militar Juan Antonio Zaccaría, imputado en la causa que investiga el funcionamiento de la maternidad clandestina. <br /> <br />Zaccaría admitió que en ese hospital "había personas que no se registraban, porque estaban internados en forma ilegal o no correcta". <br />Estas declaraciones fueron completadas en la tercera jornada del juicio por el ex jefe del batallón de inteligencia 121 de Rosario, coronel Pascual Guerrieri, quien afirmó que la detenida-desaparecida Raquel Negro "fue ejecutada" en 1978 por el mayor Pascual Navone, quien también se apropió del hijo recién nacido de la mujer, que hasta ahora no ha sido encontrado. <br /> <br />En su declaración, Guerrieri afirmó que la orden de trasladar a Negro para que diera a luz mellizos en el hospital militar de Paraná fue dada por el entonces comandante del 2do. Cuerpo de Ejército, general Leopoldo Fortunato Galtieri Amelong, también imputado en la causa, coincidió con Guerrieri en que son inocentes de los hechos que se les imputan y que los responsables fueron Navone y Costanzo. <br /> <br />Según delcaró una de las abogadas querellantes, Ana Oberlin, la versión de Guerrieri y Amelong, de apuntar contra Navone y Costanzo, es una "estratégia jurídica" para deslindar sus resposabilidades en los hechos investigados. <br /> <br />Foto: Télam <br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-5534519713327306565?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-70180842373904510982011-08-28T07:11:00.000-07:002011-08-28T07:12:49.348-07:00El ex jefe del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario, coronel Pascual Guerrieri, afirmó este viernes que la detenida-desaparecida Raquel Negro "fue ejecutada" en 1978 por el mayor Pascual Navone, quien también se habría apropiado de uno de los hijos recién nacidos de la mujer.<span class="fullpost"> <br /> <br />Las palabras de Guerrieri se escucharon en el juicio oral que se está desarrollando en Paraná, Entre Ríos, en el marco de la causa Hospital Militar de Paraná, que investiga el funcionamiento en ese lugar de una maternidad clandestina durante la dictadura cívico militar. <br /> <br />Guerrieri leyó además ante el tribunal declaraciones formuladas por el agente de inteligencia Eduardo Constanzo, ante un tribunal rosarino en abril de este año. <br /> <br />En ese testimonio, el agente de inteligencia declaró que "Raquel Negro fue llevada al Hospital Militar (de Paraná), ya que había sido torturada y estaba embarazada de mellizos. Luego del parto, Navone fue quien la ejecutó de un tiro en la cabeza". <br /> <br />Navone es el militar de Inteligencia del Ejército que apareció muerto con un disparo en la cabeza en febrero de 2008 en Córdoba, el mismo día que debía prestar declaración indagatoria en la instrucción de la causa en la capital entrerriana, mientras que Constanzo es un ex-agente de inteligencia que involucró en el hecho a cinco militares y un médico que están siendo juzgados ahora en Paraná. <br /> <br />En su declaración, Guerrieri afirmó que la órden de trasladar a Raquel Negro para que diera a luz mellizos en el Hospital Militar de Paraná fue dada por el entonces comandante del II Cuerpo de Ejército, general Leopoldo Fortunato Galtieri, y llevada a cabo por el Destacamento de Inteligencia 122, en el cual revistaban Navone y Constanzo. <br /> <br />"Yo no di ninguna órden para que se haga ese traslado", argumentó. <br /> <br />También sostuvo que le tocó "vivir en esa época por razones biológicas" y que estaba "al servicio de la Nación como soldado profesional, cumpliendo las órdenes que nos daban". <br /> <br />Aseguró que su intención es "colaborar para que todo esto se termine y se aclare". <br /> <br />Recordó que en los 70 se decía que la única salida que tenía el país era Ezeiza. "Yo hoy digo que la única salida que tengo es la Chacarita, porque tengo 77 años y todavía no me puedo retirar del Ejército", agregó al pedir: "déjenme morir en paz con mi familia". <br /> <br />"Ingresé al Ejército a los 12 años, tengo 77 y todavía no me pude ir porque llevo 10 años preso. No tengo banderas partidarias, la única bandera que me representa es la verde oliva del Ejército argentino", agregó. <br /> <br />Guerrieri dijo sentirse ofendido "cuando se habla de la patota (nombre que se le adjudicó al grupo de tareas que integró en Rosario). Yo nunca instruí patotas. Patotas pueden ser las de las canchas del fútbol o la Triple A. El ejército no fue una patota", insistió. <br /> <br />Sostuvo que en los 70 "en la calle nos pedían que viniéramos, porque el gobierno de Isabelita (Perón) no daba para más". <br /> <br />Admitió ser parte de "un ejército derrotado, por habernos subido más arriba de lo que correspondía". En ese sentido, dijo también que "no hubo que ir a las Malvinas". <br /> <br />Otro de los represores imputados, Juan Amelong, también imputado en la causa Hospital Militar, coincidió con Guerrieri en que son inocentes de los hechos que se les imputan y que los responsables fueron Navone y Constanzo. <br /> <br />"No tuve nada que ver con la autoría de lo que se me imputa", declaró Amelong al tribunal, y pidió que se requieran los registros de visitas del II Cuerpo de Ejército para comprobar que Constanzo se reunía con Navone en ese lugar, y que también se haga un entrecruzamiento de llamadas telefónicas. <br /> <br />También denunció "animosidad" de parte de Constanzo contra Guerrieri porque, al parecer, éste se quedó con un dinero que el ejército destinó a la familia del agente de inteligencia en un momento de apremios económicos. <br /> <br />"Constanzo me confesó en un calabozo en Rosario, que Guerrieri se quedó con una ayuda económica que el ejército había destinado para su familia", dijo Amelong al dar a entender que la denuncia contra ellos obedecía a una venganza del ex agente. <br /> <br />El resto de los militares acusados, Marino González, Jorge Fariña y Walter Pagano, decidieron no declarar, por lo cual el Tribunal Oral Federal de Paraná ordenó leer las declaraciones indagatorias que formularon en la etapa de instrucción. <br /> <br />El otro imputado, el médico militar Juan Antonio Zaccaría, accedió a declarar ayer y sorprendió a todos al reconocer que Raquel Negro y sus dos hijos estuvieron en el Hospital Militar local en marzo de 1978. <br /> <br />En la causa se investiga el traslado de Raquel Negro para dar a luz en el Hospital Militar local y la apropiación de los hijos mellizos de la desaparecida. <br /> <br />La mujer había sido trasladada desde la Quinta de Funes, en Rosario, para dar a luz mellizos, uno de los cuales, Sabrina Gullino, recuperó su identidad en diciembre de 2008. <br /> <br />Esta niña había sido abandonada el 27 de marzo de 1978 en la puerta del Hogar de Huérfanos de Rosario, desde donde fue dada en adopción legal a Raúl Gullino y su esposa Susana Scola. Del hermano mellizo de la chica, se desconoce su destino. <br /> <br />Guerrieri, Fariña, Amelong y Pagano, ya fueron condenados a prisión perpetua en el juicio que se llevó adelante en Rosario y en el que se investigó el circuito represivo del Batallón 121. <br /> <br /> <br /> <br />Fuente: Diario del Juicio / Télam</span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-7018084237390451098?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-35417345882105270612011-08-25T18:42:00.000-07:002011-08-25T18:44:56.611-07:00<a href="http://3.bp.blogspot.com/--ShcrFM7FyA/Tlb6UJNiheI/AAAAAAAAA7Q/SNLBdFWEOv4/s1600/tribunalesparan%25C3%25A12011-08-24.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 150px;" src="http://3.bp.blogspot.com/--ShcrFM7FyA/Tlb6UJNiheI/AAAAAAAAA7Q/SNLBdFWEOv4/s200/tribunalesparan%25C3%25A12011-08-24.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5644974406932530658" /></a> <br />El médico militar Juan Antonio Zaccaría, imputado en la causa que investiga el funcionamiento durante la última dictadura de una maternidad clandestina en el hospital militar de Paraná, admitió que "había casos que no se registraban (en ese nosocomio) porque estaban internados en forma ilegal o no correcta".<span class="fullpost"> <br /> <br />El médico, que se desempeñó como jefe de terapia intensiva en 1978 cuando la detenida-desaparecida Raquel Negro dio a luz mellizos en el hospital militar, dijo que nunca antes "tomó contacto con los otros imputados" y que no los conocía hasta la iniciación de la causa. <br /> <br />Zaccaría accedió a declarar ante el tribunal oral federal de Paraná luego de que los jueces rechazaron un pedido de su abogado defensor, Humberto Franchi, para que se anule el proceso contra el médico a raíz de los problemas físicos y psíquicos que argumentó. <br /> <br />Zaccaría ingresó hoy a la sala donde se ventila el juicio en una silla de ruedas, aunque ayer lo había hecho por sus propios medios. <br /> <br />Con aparentes dificultades auditivas y para expresarse, el médico reconoció que en 1978, cuando Raquel Negro fue internada para dar a luz mellizos, se desempeñaba como jefe de terapia intensiva del hospital militar local. <br /> <br />Dijo que su trabajo se limitaba a "recibir órdenes de la superioridad", pero no recordó el nombre del jefe de la guarnición de ejército local. <br /> <br />Explicó que el primer contacto que tuvo con Raquel Negro y los mellizos fue al día siguiente del nacimiento, cuando llegó al hospital y se encontró con ellos. <br /> <br />Dijo desconocer dónde nacieron los niños y reconoció que la internación de ambos en terapia intensiva "era algo excepcional". <br /> <br />"Yo no hice nada porque no soy obstetra ni pediatra, pregunté porqué estaban ahí, pero nadie me contestó", agregó. <br /> <br />Zaccaría explicó que los bebés "estaban en incubadoras o cunas chicas", aunque aclaró "no recuerdo bien". <br /> <br />Dijo que fue a la jefatura del hospital a pedir explicaciones y que, cuando regresó, los chicos ya no estaban más en terapia intensiva. <br /> <br />"Los habían hecho desaparecer. Creo que los llevaron a un instituto privado de pediatría de Paraná", agregó. <br /> <br />Calificó al hecho de "irregular" y dijo que, aunque dio la novedad verbalmente a la jefatura del hospital "no tuve ninguna respuesta". <br /> <br />Consultado sobre el estado de salud de los niños, comentó que creía que "el varón estaba mal y la nena bien". <br /> <br />Dijo que no alcanzó a darles ninguna indicación a las enfermeras "porque no me dieron tiempo a nada. En l5 minutos los llevaron, no sé dónde", remarcó. <br /> <br />Zaccaría dijo no recordar si Raquel Negro quedó internada en terapia intensiva. "Yo la vi durante 5 minutos, su aspecto era bueno, pero hablé muy poco con ella", agregó. <br /> <br />El médico aseguró no tener "idea del destino de Raquel Negro", aunque recordó que "siempre había algún militar junto a ella". <br /> <br />"Yo no era amigo de eso, pero tuve que tenerla internada", reconoció. <br /> <br />Dijo además desconocer si había detenidos internados en el hospital militar. <br /> <br />"No sé si estaban inscriptos en el libro de registros. Había cosas que no se registraban porque estaban internados en forma ilegal o no correcta", completó. <br /> <br />En el inicio de la segunda jornada del juicio que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en el hospital militar local, el defensor oficial de los cinco militares imputados, Mario Franchi, pidió la nulidad del juicio y la incompetencia del Tribunal. <br /> <br />El abogado argumentó que las actuaciones corresponden al tribunal oral número 1 de Rosario, donde operaba el grupo de tareas que es juzgado ahora en Paraná, acusado de traer a la mujer desde la Quinta de Funes para tener mellizos en el hospital militar local. <br /> <br />También consideró que el debate debe ser anulado porque faltan pruebas pedidas y recursos pendientes de resolución. <br /> <br />Este planteo fue rechazado por el tribunal por "improcedente", porque los hechos investigados ocurrieron en la capital entrerriana. <br /> <br />El militar y abogado Juan Amelong, imputado en la causa, ejercitando su propia defensa, planteó la incompetencia de los jueces federales y pidió ser juzgado por un tribunal militar, solicitud que fue descartada de plano por los magistrados. <br /> <br />En la Causa Hospital Militar se investiga la internación de Raquel Negro en ese lugar para dar a luz mellizos. <br /> <br />Uno de los niños, fue abandonado en un horfanato de Rosario y luego dado en adopción como Sabrina Gullino, hasta que recuperó su identidad en 2008. <br /> <br />El niño y la madre nunca fueron encontrados y se ignora su paradero. <br /> <br />El juicio continuará mañana con las declaraciones de los cinco militares que integraban el grupo de tareas del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario durante la dictadura: Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña y Marino Héctor González. <br /> <br />Fuente: Télam <br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-3541734588210527061?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-15325341745846008302011-08-17T10:55:00.000-07:002011-08-18T07:38:13.215-07:00El TOF Nº2 de Rosario prosiguió este martes las exposiciones. Durante el proceso, las dos primeras querellas solicitaron prisión perpetua para el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone. Se investigan delitos en perjuicio de 93 víctimas <br /><span class="fullpost"> <br /> <br />El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario continuó este martes las audiencias de alegatos en el juicio oral que se desarrolla en esa ciudad contra el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y otros cinco imputados, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado. <br /> <br />Así, prosiguió ante los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echague la exposición de las querellas representadas por las abogadas de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de desaparecidos . <br /> <br />El alegato de esta representación legal de las querellas no terminó de ser expuesto este martes, y seguirá con su desarrollo el próximo 29 de agosto. <br /> <br />Los imputados se encuentran investigados por distinta cantidad de casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita. <br /> <br />En el proceso se investigan hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias de la Sección Informes de la Jefatura de Policía de Rosario, en perjuicio de 93 víctimas. <br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-1532534174584600830?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-48594551787725349882011-08-16T06:37:00.000-07:002011-08-16T06:40:55.008-07:00<a href="http://2.bp.blogspot.com/-3ew5eOuDSAQ/TkpzOLztGfI/AAAAAAAAA7I/2OnUSzw4wKk/s1600/J%25C3%25A9sica.png" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 103px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-3ew5eOuDSAQ/TkpzOLztGfI/AAAAAAAAA7I/2OnUSzw4wKk/s200/J%25C3%25A9sica.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5641448170759985650" /></a> <br /><div>Este lunes continuaron los alegatos contra el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército de la dictadura, Ramón Díaz Bessone, y otros cinco imputados. Fue el turno de la acusación de Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de desaparecidos.<span class="fullpost"> <br />Las abogadas que representan a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y a Familiares iniciaron su alegato este lunes y lo continuarán este martes. <br /> <br />Leticia Fascendini, quien representa en el expediente a un grupo de querellantes particulares y a organismos defensores de derechos humanos mencionados, explicó que "el equipo mantendrá al acusación por genocidio que viene sosteniendo desde el 2005, pero con la alternativa de condenar por los delitos del derecho interno que más se acercan". <br /> <br />Además Fascendini enumeró la acusación de la querella que incluye los delitos de "homicidio triplemente calificado, aplicación de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad calificada y desaparición forzada de personas, figura recientemente agregada al Código Penal, y que se ajusta perfectamente a algunos de los hechos más graves ventilados en las audiencias". <br /> <br />La abogadas Leticia Faccendini, Jésica Pellegrini, Gabriela Durruty y Daniela Asinari, quienes integran el equipo jurídico de ambos organismos de derechos humanos, representan a los querellantes Eduardo Seminara, Azucena Solana, José Aloisio, Liliana Gómez Marta Bertolino, y Alfredo Vivono. <br /> <br />Al comienzo de su alegato, que continuará este martes, las letradas hicieron hincapié en que los hechos ventilados en el juicio "no fueron hechos aislados producto del comportamiento criminal de algunos militares y policías”, sino que “son inescindibles del drama general que no es otro que el del genocidio perpetrado contra un grupo nacional del cual, nuestros representados, como el conjunto de las víctimas, fueron objeto". <br /> <br />Este lunes, el alegato de esta parte de los querellantes no pudo concluir al cierre de la audiencia, por lo que proseguirá este martes. <br /> <br />El juicio se sustancia en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario (bulevar Oroño 940). El gobierno provincial invitó "a la comunidad a seguir los alegatos a través de la web", a través de un dispositivo instrumentado por del ministerio de Justicia y Derechos Humanos.. <br /> <br />En este proceso, iniciado en julio de 2010, son juzgados Ramón Díaz Bessone, José Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, José Scortechini y Ricardo Chomicky por los delitos de homicidio, privación de la libertad, torturas y asociación ilícita. <br /> <br />Conocida como “megacausa Feced”, ahora denominada “Díaz Bessone”, investiga crímenes de lesa humanidad cometidos contra 91 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario, el más grande de la provincia, ya que se calcula que por él pasaron entre 1.800 y 2.000 personas. Se prevé que antes de fin de año se conocerá la sentencia. <br /> <br />Para ver el juicio por internet: http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/guia/multimedia </span></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-4859455178772534988?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-39795237102353941482011-08-10T19:39:00.000-07:002011-08-10T19:42:58.209-07:00<a href="http://3.bp.blogspot.com/-5Ol1vcVa-IM/TkNBW48WjgI/AAAAAAAAA7A/cY62L8aKw6s/s1600/%25C3%2581lvaro.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 165px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-5Ol1vcVa-IM/TkNBW48WjgI/AAAAAAAAA7A/cY62L8aKw6s/s320/%25C3%2581lvaro.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5639423019896442370" /></a>La querella de HIJOS concluyó este miércoles con su alegato en el juicio a la patota de la dictadura que actuó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario. Albaro Baella, abogado de la organización, requirió la pena de prisión perpetua para el ex general Díaz Bessone y veinticinco años de cárcel para los cuatro policías imputados. <br /><span class="fullpost"> <br />El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, escuchó la acusación de los abogados y militantes de HIJOS, que también fue seguido por buena parte de las víctimas y sus familiares, que se llegaron a la sala de audiencias. <br /> <br />En primer término, abrió la audiencia la abogada Nadia Schujman, para terminar de desarrollar el último de los seis casos que representan los letrados de HIJOS. “Con la verdad sobra para condenar a los imputados”, dijo Schujman a los jueces tras concluir con el relato de los hechos sufridos por la ex detenida Cármen Lucero –quien tenía sólo 16 años cuando fue secuestrada–. <br /> <br />Luego tomó la palabra el otro letrado de HIJOS, Álvaro Baella, quien subrayó todo lo que dijeron los sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en el SI sobre cada uno de los imputados, y extrajo de los testimonios de los más de 150 testigos, los dichos que confirmaron lo declarado en el juicio por los querellantes que representa HIJOS. <br /> <br />Con relación el delito de privación ilegítima de la libertad, desde HIJOS hicieron un planteo novedoso, al señalar que ese delito duró todo el tiempo que estuvieron detenidos los querellantes que representan, aún el tiempo que permanecieron en calidad de “blanqueados” (es decir puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional). Baella explicó que esa detención “era un engranaje más dentro del plan sistemático” trazado por el terrorismo de estado. <br /> <br />Baella hizo un desarrollo sobre cómo las Fuerzas Armadas construyeron la idea de “enemigo”, y lo amplio que podía ser ese concepto. Para ejemplificar dicha construcción recordó palabras del imputado Díaz Bessone en una entrevista con la periodista francesa, Marie Monique Robin. El abogado de HIJOS recordó los dichos del militar, quien aseguró que el enemigo podía estar en todos lados: “atendiendo un comercio, asistiendo a clases en la universidad o en colegios, enseñando como profesores. Puede ser un abogado, un ingeniero, un médico, un trabajador, un obrero”, leyó Baella, para recordar las palabras de Díaz Bessone. <br /> <br />El letrado también trajo a la luz el documento conocido como informe Sotera –construido por Ejército y Policía–, en el que constaban como blanco, buena parte de las víctimas de esta causa. <br /> <br />Luego de ese planteo, Baella argumentó por qué los delitos cometidos en el SI, deben ser considerados en el marco de un genocidio, y definió –citando al autor Daniel Feierstein– a la práctica genocida como “aquella tecnología de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento, para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios”. <br /> <br />El abogado de HIJOS remarcó algunas cuestiones que el tribunal no podía dejar de tener en cuenta a la hora de evaluar los hechos juzgados. “Solicitamos –dijo Baella– que se tome en cuenta el carácter de crímenes de lesa humanidad de los delitos que se juzgan; la gravedad de los hechos descriptos y la intensidad del padecimiento de las víctimas, padecimiento que todos hemos percibido del relato de los sobrevivientes aquí en esta sala, con la proximidad propia del lugar desde donde declararon; cualquier palabra que pronuncie sobre ese sufrimiento va a empequeñecer la magnitud de los relatos”. <br /> <br />También destacó Baella a los jueces, que “deben considerarse la sistematicidad de la prácticas llevadas adelante por los acusados; los delitos sexuales perpetrados contra las víctimas, la amenaza constante respecto a la suerte de los familiares de los detenidos, que a veces llegaba al punto de hacerles creer que los tenían también detenidos o hacerles escuchar el llanto de un bebe refiriendo que era su hijo, o incluso ponerles frente a su hijo, madre u otro familiar que habían capturado”. <br /> <br />“La desaparición forzada de Miriam Moro y Roberto De Vicenzo y el ocultamiento del cadáver de los asesinados por tanto tiempo, coloca a los imputados, que tengo a mi diestra, en la negación de la humanidad misma, ya que privar a las familias (como se intentó hacer con el caso de Miriam Moro y Roberto De Vicenzo), de los ritos funerarios, manteniéndolos en un estado de incertidumbre constante, coloca a quien determina ese hecho, en un estado previo a la civilización”, afirmó el letrado. <br /> <br />Finalmente, Baella pasó al pedido de pena en el que solicitó prisión perpetua para Díaz Bessone y veinticinco años de cárcel para los policías José Rubén Lofiego, Mario Marcote, José Carlos Scortechini y Ramón Rito Vergara. <br /> <br />Al igual que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, HIJOS no requirió por el ex detenido acusado de colaboracionista, Ricardo Miguel Chomicki. <br /> <br />Al término de la exposición de HIJOS, otra de las abogadas querellantes, Gabriela Durruti, solicitó comenzar con su alegato la próxima jornada. Desde el tribunal informaron que se retomarán las audiencias el lunes 15 de agosto a las 9.30. <br /><span style="font-weight:bold;"> <br />Triste solitario</span> <br /> <br />Un episodio imprevisto se suscitó en medio de la audiencia, cuando una de las personas del público comenzó a repetir a los gritos que Gonzalo Miño ‒el defensor de Díaz Bessone‒, “está jugando a las cartas”. <br /> <br />Sin entender lo que pasaba, el presidente interino del tribunal, Otmar Paulucci, pidió “orden en la sala” y amenazó incluso con desalojar al público. En ese momento otra de las personas del público también aclaró a los gritos que lo que pasaba es que Miño se encontraba “jugando a los jueguitos en la computadora”. <br /> <br />En un movimiento veloz, Miño cerró su notebook en la que durante las últimas audiencias se la pasa jugando. Hecho que fue tomado como una falta de respeto por los sobrevivientes y familiares de las víctimas del Servicio de Informaciones. <br /> <br />Foto: Graciela Borda</span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-3979523710235394148?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-54273916372775438842011-08-09T20:10:00.000-07:002011-08-09T20:27:01.287-07:00<a href="http://4.bp.blogspot.com/-vQ6U-NnEqig/TkH275wRwPI/AAAAAAAAA64/tYd18mvbn8w/s1600/Nadia.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 240px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-vQ6U-NnEqig/TkH275wRwPI/AAAAAAAAA64/tYd18mvbn8w/s320/Nadia.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5639059717420597490" /></a>La agrupación HIJOS comenzó este martes con su alegato en el juicio contra represores del Servicio de Informaciones de la policía de Rosario. Nadia Schujman, una de las abogadas, repasó los crímenes cometidos por los acusados entre los que recordó “la tortura de bebés, de embarazadas, las violaciones, así como un sinfín de situaciones que no podrán ser borradas”. El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario continuó así con el proceso contra el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y otros cinco imputados, por delitos cometidos durante la dictadura. <span class="fullpost"> <br /> <br /><meta equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">La audiencia se inició cerca de las 11 con la primera parte del alegato de HIJOS. Al comienzo <meta equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">de su alegato Schujman planteó que “esta causa comenzó a gestarse aún antes de la reanudación democrática. Los primeros testimonios se fueron brindando en familiares y APDH, cuando todavía la dictadura militar usurpaba el gobierno de nuestro país. Con gran valor los familiares comenzaron a organizarse, a intercambiar información, y el aporte de una gran abogada fue crucial en esto, Delia Rodríguez Araya, quien dirigió las presentaciones que se hicieron ante la justicia provincial y federal en el año 1983”. <br /> <br />Para dar cuenta de uno de los roles que cumplió la dictadura, la abogada citó las palabras de uno de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones, Enzo Tossi, y recordó que dijo que “era necesario implementar desde el terror del estado la desaparición de personas para que millones de personas del pueblo acepten su propia desaparición como sujeto político en democracia”. <br /> <br />“Hemos escuchado ‒refirió Schujman‒, a lo largo de este juicio que refleja sólo una pequeña parte de los casos que contiene la causa Feced, la descripción del terror en el SI con la frase «la banalidad del mal», como dijo la testigo y sobreviviente Stella Hernández, quien a su vez citó a Hannah Arendt, la crueldad en límites que cuesta poder incluso oír; la tortura de bebés, de embarazadas, el ensañamiento en una herida cuando alguien estaba lastimado, las violaciones, así como un sinfín de situaciones que podría seguir enumerando, que ya todos escuchamos y supongo no podrán ser borradas”. <br /> <br />En su alegato, los integrantes de HIJOS reconocieron el rol trascendental cumplido por el ex presidente Néstor Kirchner, al convertir al reclamo de juicio y castigo en política de estado. “Seria obtuso e injusto no reconocer que conjuntamente con ese reclamo histórico de juicio y castigo existió la voluntad de un gobierno que facilitó que ese camino pudiera ser transitado en esta etapa que estamos viviendo”, dijo Schujman. <br /> <br />La abogada de HIJOS, describió el marco histórico en el que se desarrollaron los crímenes investigados. “El genocidio, como estrategia para configurar el modelo de la Nación Argentina, ha sido una realidad que varias veces han sufrido las grandes mayorías de los pobladores de estas tierras a lo largo de la historia. Desde el aniquilamiento de los pueblos originarios hasta la última dictadura cívico-militar, un mismo sector de la sociedad, el poder económico concentrado local y extranjero, recurrió una y otra vez a la misma metodología, aunque con claros matices de época”. <br /> <br />Y luego agregó que “tras dejar de lado los postulados de los militares surgidos de las Revolución de Mayo, como Manuel Belgrano, José de San Martín, Martín Miguel de Güemes, y tantos otros, que sentaron las bases de un proyecto de nación que tenía como banderas la independencia, la fraternidad, la libertad y la igualdad; las fuerzas armadas argentinas se pusieron al servicio de las elites económicas aliadas al poder internacional, y traicionaron a la patria y a su pueblo, una y otra vez". <br /> <br />Schujman indicó que “la larga cadena de golpes militares que interrumpieron el estado de derecho durante la era Constitucional argentina (con sus correlatos de represión, muerte, torturas, desapariciones y proscripciones); puede leerse como una espiral ascendente de violencia desatada por las Fuerzas Armadas, que en todos los casos respondieron a los mismos sectores (instigadores y beneficiarios de las dictaduras)”. Y a continuación añadió “que en todos los casos también tuvieron como víctimas a los mismos damnificados: las grandes mayorías sociales en general, y la clase trabajadora en particular”. <br /> <br />La letrada recordó “al contralmirante Arturo Rial, quien fue extremadamente claro para expresar el objetivo trazado por el golpe de estado que depuso al gobierno constitucional de Juan Perón en septiembre de 1955. «Sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero», dijo el Marino en aquellos años”. Y amplió: “Meses antes de aquel golpe, el 16 de junio de 1955, esos mismos militares habían perpetrado uno de los delitos de lesa humanidad más escandalosos de la historia argentina, el bombardeo hecho por aviones de la marina a la casa Rosada y la plaza de Mayo, que dejó en un sólo día la lista inacabada de 350 muertos. Ninguno tuvo justicia”. <br /> <br />“Es clave reconocer ‒dijo Schujman‒, el sentido que tuvo la impunidad con que se cubrieron cada uno de los crímenes cometidos por los gobiernos ilegales surgidos de los golpes de estado. Porque cada dictadura fue más violenta que la anterior. Y cada una vino luego precedida por una total ausencia de justicia”. <br /> <br />La abogada de HIJOS, afirmó que “alguien dijo una vez que la mejor manera de invitar a que un delito se vuelva a cometer, es dejarlo sin condena, en la total impunidad. Y eso es lo que pasó en nuestro país con los crímenes de lesa humanidad y los golpes de estado”, para luego asegurar: “Entre otras cosas, en este proceso estamos reclamando que ya es hora de que se corte de una vez y para siempre con esa espiral; y esa es una tarea en la que Justicia argentina tiene una responsabilidad excluyente”. <br /> <br />Tras desplegar el marco histórico en el que se juzga a los imputados del juicio, Schujman realizó una descripción acabada de cómo era y funcionó el centro clandestino de detención que operó en el SI, tarea para la que se utilizó las declaraciones de los más de 150 testigos producido en el debate. <br /> <br />Luego dio paso a un pormenorizado repaso de los casos de los querellantes que representan los abogados de HIJOS. En ese sentido Schujman dio cuenta del secuestro, las torturas y las terribles situaciones vividas por los ex detenidos políticos, Gustavo Mechetti, Juan Pablo Bustamante, Esteban Mariño y Ana Ferrari, y de los homicidios de Miriam Moro y Roberto De Vicenzo. No alcanzó a desplegar el último de los casos, el de la sobreviviente Carmen Lucero, ya que el tribunal cortó la audiencia a las 16 y anunció que el juicio continuará mañana miércoles a partir de las 9.30. <br /> <br />Cuando Schujman concluya con el desarrollo del caso de Lucero, el otro abogado de HIJOS, Álvaro Baella, será el encargado de dar cuenta de la prueba por imputado, la calificación legal (la adecuación de las conductas de los imputados a los tipos del Código Penal) y el pedido de pena. <br /> <br />La causa <br /> <br />En el juicio, además de Díaz Bessone, son juzgados José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y Ricardo Miguel Chomicki. <br /> <br />Los imputados son acusados de integrar el aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe. <br /> <br />El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación. Se estima que por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos. <br /> <br />Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 150 testigos que han ido aportando sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura. <br /> <br />El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta. <br /> <br />El juicio se puede ver en vivo desde la página de la provincia de Santa Fe en la siguiente dirección: http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/guia/multimedia <br /> <br />Foto: Graciela Borda</span> <br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-5427391637277543884?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-79541525715104516532011-08-08T21:17:00.000-07:002011-08-08T21:22:21.843-07:00<a href="http://1.bp.blogspot.com/-j1MVnpDG6LM/TkC1poHIMyI/AAAAAAAAA6w/18ZYze16QgE/s1600/Vergara.JPG" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 214px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-j1MVnpDG6LM/TkC1poHIMyI/AAAAAAAAA6w/18ZYze16QgE/s320/Vergara.JPG" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5638706460214440738" /></a><div>En el juicio contra una parte de la patota que actuó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ‒una de las querellantes del proceso‒, pidió prisión perpetua para el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y el torturador José Lofiego, y 25 años de cárcel para los policías, Mario Marcote, José Scortecini y Ramón Vergara.</div><div><span class="fullpost">El Tribunal Oral Nº 2 de Rosario, en el que se está juzgando al general retirado Ramón Díaz Bessone y otros cinco imputados, continuó con las audiencias de alegatos que habían comenzado la semana pasada. Este lunes el juicio concluyó con la acusación de los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que estuvo representada por Lucas Ciarniello Ibañez y Ana Oberlin. <br /> <br />En su extenso alegato, Ciarniello, tras repasar la cuantiosa prueba producida a lo largo del proceso contra los imputados, solicitó las penas de prisión perpetua para el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y el torturador José Lofiego, y veinticinco años de cárcel para los policías, Mario Marcote, José Scortecini y Ramón Vergara. <br /> <br />El abogado enmarcó los delitos cometidos por los acusados como crímenes de "lesa humanidad", los cuales consideró "imprescriptibles". <br /> <br />Ciarniello, reclamó además a los jueces que con la sentencia cese la “condición insultante” de libertad en la que se encuentran los acusados. <br /> <br />La distinción en el pedido de pena, se debió a que los dos principales acusados llegaron a este proceso imputados de diferentes homicidios, mientras que los restantes estaban acusados de privación ilegítima de la libertad y torturas. En ese sentido, la solicitud incluyó el máximo de pena que estipula el Código Penal para estos delitos. <br /> <br />En el proceso se investigan hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias de la Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario, en perjuicio de 86 víctimas. <br /> <br />En el juicio, además de Díaz Bessone, son juzgados José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y Ricardo Miguel Chomicki. <br /> <br />La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no acusó por el imputado Ricardo Cady Chomicky ‒quien fue secuestrado del SI y es señalado por ex compañeros de militancia como colaborador‒, ya que considera que sus conductas en el centro clandestino de detención no son punibles. <br /> <br />Los alegatos continuarán este martes desde las 9.30 con la acusación de los representantes legales de HIJOS, Álvaro Baella y Nadia Schujman. <br /> <br />La causa <br /> <br />Los imputados son acusados de integrar el aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe. <br /> <br />El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación. Se estima que por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos. <br /> <br />Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 150 testigos que han ido aportando sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura. <br /> <br />El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta. <br /> <br />El juicio se puede ver en vivo desde la página de la provincia de Santa Fe en la siguiente dirección: http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/guia/multimedia <br /> <br />Imagen: El represor Ramón Vergara (Foto: Nora Pastorini) <br /></span></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-7954152571510451653?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-81458153496786195662011-08-03T19:33:00.000-07:002011-08-03T19:37:04.818-07:00<a href="http://2.bp.blogspot.com/-dNZ_qiB3M1E/TjoFMFUBaDI/AAAAAAAAA6o/c2bhMgV3uM8/s1600/Anay%2BLucas%2Babogados%2Bde%2BSDDHH.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 165px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-dNZ_qiB3M1E/TjoFMFUBaDI/AAAAAAAAA6o/c2bhMgV3uM8/s320/Anay%2BLucas%2Babogados%2Bde%2BSDDHH.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5636823588750321714" /></a>El Tribunal Oral Nº 2 de Rosario comenzó con las audiencias de alegatos en el juicio contra el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone, y otros cinco imputados. Este miércoles el proceso prosiguió con la acusación de los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quienes fundamentaron la necesidad de que el Estado sea querellante en estas causas.<span class="fullpost"><br /><br />En el proceso se investigan hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias de la Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario, en perjuicio de 86 víctimas.<br /><br />Los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echague comenzaron a escuchar las exposiciones de las querellas que seguirán el próximo lunes con la segunda parte del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos ‒representada por los abogados Lucas Ciarniello Ibañes y Ana Oberlin, quienes además son integrantes de la agrupación HIJOS‒.<br /><br />Los alegatos continuarán luego con las acusaciones de los representantes legales de HIJOS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la abogada de Familiares. Después será el turno del Ministerio Público Fiscal y finalmente el de las defensas.<br /><br />Al inicio del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, Ana Oberlín subrayó la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad, y resaltó el hecho de que el poder ejecutivo haya tomado la decisión de ser de querellante en causas contra el terrorismo de estado, en cumplimiento de las “obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino”.<br /><br />Oberlin enumeró las “prácticas sistemáticas” de violencia de género perpetradas por los represores, e hizo un especial señalamiento con relación a los delitos sexuales cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el (SI).<br /><br />La abogada solicitó que esos delitos se remitan al juzgado de instrucción para ser investigados, y pidió al tribunal que sean “visivilizados en la sentencia”, como parte de los tormentos aplicados por los represores.<br /><br />Luego Oberlin comenzó a desarrollar en detalle, caso por caso, la la larga lista de víctimas y sus padecimientos, por las que se realiza este juicio, tarea que no pudo concluir debido a que el cuarto juez, José María Escobar Cello, tuvo que abandonar la audiencia por cuestiones personales.<br /><br />El proceso continuará el próximo lunes con la prosecución del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. A su término los abogados de HIJOS, Álvaro Baella y Nadia Schujman, comenzarán con la acusación de esa agrupación.<br /><br />En el juicio, además de Díaz Bessone, son juzgados José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y Ricardo Miguel Chomicki.<br /><br />Cabe recordar que, desde que comenzó del debate, en julio de 2010, ya declararon ante el tribunal cerca de 150 testigos.<br /><br />Los acusados se encuentran imputados de distintos delitos, entre los que se cuentan casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-8145815349678619566?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-14014232343521900632011-08-02T14:31:00.000-07:002011-08-02T14:39:21.610-07:00<a href="http://3.bp.blogspot.com/-xq2hU2tHw2Q/TjhtCSoPxYI/AAAAAAAAA6Y/3cMO7fYGQEU/s1600/EstebanMari%25C3%25B1oT%25C3%25A9lam.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 213px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-xq2hU2tHw2Q/TjhtCSoPxYI/AAAAAAAAA6Y/3cMO7fYGQEU/s320/EstebanMari%25C3%25B1oT%25C3%25A9lam.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5636374819781985666" /></a>A un año del inicio del juicio Díaz Bessone, querellantes, testigos y organismos de DDHH, exigieron este martes en la puerta de los tribunales "cárcel común para los represores del Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario". <meta equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">Ante una serie de dilaciones producidas en la audiencia del Tribunal Federal 2 de Rosario –donde son juzgados el general retirado, Ramón Díaz Bessone y otros cinco imputados–, se pospuso para este miércoles el inicio de los alegatos de las querellas.<span class="fullpost"> <br /> <br /> <br /> <br />Durante la audiencia de este martes se incorporó por lectura el testimonio de víctimas fallecidas, entre la que se destacó la del ex detenido desaparecido, Eduardo Nassini, militante que tras salir de las cárceles de la dictadura fue uno de los tantos que con sus numerosas declaraciones, construyó la base probatoria de la causa Feced, después rebautizada como Díaz Bessone. <br /> <br />Por su parte el espacio Juicio y Castigo, ámbito desde el cual organismos de derechos humanos, sobrevivientes de la dictadura y organizaciones sociales realizan el "aguante del juicio", dieron una conferencia de prensa en la puerta del tribunal, en la que manifestaron sus expectativas porque "una causa que lleva tantos años finalmente pueda llegar a su término durante éste año", tal cual refirió Esteban Mariño, ex detenido del SI. Mariño, indicó además que "no quedan dudas de que en la primera etapa, con la participación de más de 150 testigos, se logró un caudal probatorio cuantioso que llevará a la condena a los imputados", dijo. <br /> <br />"Esperamos que un juicio que tardó tanto en llegar a esta etapa, tenga el cierre que todos necesitamos, con el castigo y la cárcel común de los imputados", concluyó Mariño. <br /> <br />Por su parte María Inés Lucetti de Betanin, también sobreviviente del SI, manifestó su preocupación por el avance de la denominada causa "Feced residual", que es otro tramo del expediente Díaz Bessone que todavía se encuentra en el juzgado de instrucción. <br /> <br />El juicio, que comenzó el 29 de julio de 2010, investiga crímenes cometidos contra 91 víctimas del terrorismo de Estado, y tiene como imputados al ex-comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Díaz Bessone, a los ex-policías provinciales, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini y el civil Ricardo Miguel Chomichy. <br /> <br />El juicio continuará este miércoles con el alegato de los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. <br /> <br /><span style="font-style:italic;">Foto: José Granatta/Télam </span> <br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-1401423234352190063?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-668769623561308192011-07-27T08:00:00.000-07:002011-07-27T12:04:33.950-07:00Los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario se trasladaron este martes hasta el Servicio de Informaciones de la ex jefatura de policía, para realizar una inspección ocular del espacio donde funcionó el centro clandestino de detención por el que pasaron unas 1800 personas entre los años 1976 y 1979.<span class="fullpost"><br /><br />El juicio oral y público que se desarrolla en Rosario contra el ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y otros cinco imputados, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, continuó este martes con la inspección ocular del SI por parte de los jueces, quienes estuvieron acompañados por un puñado de ex detenidos políticos.<br /><br />Entre otros sobrevivientes, Eduardo Perez Risso, Marta Bertolino, Laura Ferrer Varela y Liliana Gómez mostraron a los jueces los lugares donde fueron torturados, donde se hallaban recluidos, donde estaba la oficina en que se escribían a máquina las “confesiones” arrancadas bajo tormentos. Los testigos indicaron lugares claves para comprender el funcionamiento de ese dispositivo de terror montado por los represores, como el Sótano y la Favela.<br /><br />Los ex presos recordaron ante los jueces dónde vieron por última vez a algunos de los desaparecidos de la causa, y pudieron mostrar lo increiblemente pequeño del lugar por donde pasaron alrededor de 1800 presos políticos, de los cuales unos 300 se encuentran desaparecidos.<br /><br />Los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echague, “ahora vieron por sus propios ojos el lugar sobre el que se está hablando hace más de un año en el juicio, lo que constituye un paso trascendental para darle un anclaje aún más real a los relatos de los testigos y sobrevivientes del SI”, indicó Nadia Schujman, abogada de HIJOS Rosario.<br /><br />Luego, a la vuelta de la inspección se pasó un video con lo registrado durante la recorrida, lo que provocó un nuevo pedido del ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Díaz Bessone para ejercer su derecho a descargo. El militar retirado volvió a atacar la palabra de los testigos, en un intento por desacreditar sus dichos.<br /><br />Cabe recordar que, desde que comenzó el debate, en julio de 2010, declararon ante el tribunal cerca de 150 testigos.<br /><br />Se investigan hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias del Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de Policía de Rosario, en perjuicio de 86 víctimas.<br /><br />En el proceso son juzgados, además del ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y el civil Ricardo Miguel Chomicky.<br /><br />Los acusados se encuentran investigados por distinta cantidad de casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita.<br /><br />En el juicio se ventilan los delitos de lesa humanidad cometidos por el aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.<br /><br />El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación. Se estima que por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-66876962356130819?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-28182742768623163422011-07-25T20:15:00.000-07:002011-07-25T20:16:49.330-07:00<span style="font-weight:bold;">Por Juane Basso.</span>El general retirado Ramón Genaro Díaz Bessone, principal acusado del juicio en el que se ventilan los delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones de la policía local durante la dictadura, continuó este lunes con su declaración ‒iniciada la semana pasada‒, en la que se dedicó a atacar a los testigos del proceso.<span class="fullpost"><br /><br />Como ya lo había hecho el año pasado al comienzo del juicio oral y público que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 de Rosario, Díaz Bessone realizó una nueva defensa de lo actuado por las Fuerzas Armadas (FFAA) durante el terrorismo de estado iniciado el 24 de marzo de 1976.<br /><br />“En una guerra no hay secuestro, se toma al enemigo prisionero”, justificó el represor. Aunque no especificó por qué, en contradicción con ese criterio, las Fuerza Armadas recluyeron a los detenidos en centros clandestinos, desaparecieron los presos políticos y robaron sus bebés, violando todas las “leyes” de la guerra que invoca el ex militar.<br /><br />A pesar de que el derecho internacional ya dio por tierra los postulados que esgrime Díaz Bessone, el militar retirado reiteró ante el tribunal la tesis de que en la Argentina hubo una guerra. “En una guerra no se comete homicidio contra el enemigo, se mata en combate”, disparó el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército.<br /><br />Además de repasar los nombres de buena parte de los testigos para atacarlos sin fundamentos, Díaz Bessone se esforzó por despegar al Ejército de la “actuación” realizada por la policía que en aquellos años dirigía el comandante de Gendarmería Agustín Feced.<br /><br />En ese sentido, el represor fustigó al ex policía Adolfo Salman, que declaró en este mismo juicio meses atrás, y aportó numerosa documentación que complica a las fuerzas armadas y de seguridad.<br /><br />El juicio continuará este martes, cuando los magistrados del TOF 2 se trasladen a la ex jefatura de policía, para hacer un reconocimiento ocular en el lugar donde funcionó el centro clandestino de detención que estaba ubicado en la ochava de San Lorenzo y Dorrego, en el sector del Servicio de Informaciones.<br /><br />Datos de la causa<br /><br />En el juicio se investigan hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias del Servicio de Informacines de la Jefatura de Policía de Rosario, en perjuicio de 86 víctimas.<br /><br />Los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echague conducen el debate oral donde son juzgados, además de Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y Ricardo Miguel Chomicki.<br /><br />Los acusados de este juicio se encuentran investigados por distinta cantidad de casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita.<br /><br />Desde el inicio del proceso oral y público ‒comenzó el 29 de julio de 2010‒ ya declararon ante el tribunal cerca de 150 testigos. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-2818274276862316342?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-53932964717860962762011-07-21T13:10:00.000-07:002011-07-21T13:11:31.756-07:00<span style="font-style:italic;">Por Juane Basso.</span>El mayor asesino de la dictadura –con vida– de los que actuaron en el II Cuerpo de Ejército, reiteró sus diatribas contra la Justicia y el gobierno nacional. En su declaración de este martes, el general retirado Ramón Genaro Díaz Bessone, se alineó con los diarios Clarín y La Nación, y apuntó que la gestión de Cristina “viola la libertad de expresión”.<span class="fullpost">El principal acusado del juicio oral y público llevado adelante en el Tribunal Oral federal N° II de Rosario –en el que se ventilan los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario–, volvió a pedir la palabra para repetir la perorata que hiciera al inicio del proceso.<br /><br />“Si una jueza de la Nación, como la doctora (Laura) Cosidoy, defensora de mucho de los testigos, puso en tela de juicio la veracidad de sus testimonios, lo lógico es dudar de la veracidad de sus testimonios en este juicio”, dijo al comienzo de su ampliación de indagatoria, Díaz Bessone.<br /><br />El general retirado agradeció en la práctica los servicios prestados con el testimonio que ofreció en este mismo juicio la ex abogada de oficio durante la dictadura, Laura Inés Cosidoy, quien atacó los dichos de los testigos y sobrevivientes del SI meses atrás. “La doctora Cosidoy, defensora de los detenidos, reconoce que las Fuerzas Armadas (FFAA), eran autoridad competente”, recordó el militar retirado.<br /><br />Además de repetir exactamente los mismos ataques contra la Justicia, el gobierno nacional y los organismos de derechos humanos, que hiciera en su primera declaración, Díaz Bessone apuntó sus cañones contra la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en claro reconocimiento de cuáles son sus aliados en esta nueva guerra que cree estar librando para defender el estado de impunidad en el que vivió por más de treinta años.<br /><br />Tras citar artículos del diario La Nación, el ex jefe del II Cuerpo de Ejército afirmó, como si estuviera replicando una editorial de Joaquín Morales Solá o Julio Blanck, que “a diario muchos argentinos están reaccionando contra las violaciones a la Constitución Nacional, tal es el caso de la violación de la libertad de prensa”, expresó libremente el ministro de la dictadura.<br /><br />Amarilla por reiteración de faltas<br /><br />Desde el tribunal le hicieron un llamado de atención a Díaz Bessone por la reiteración sus dichos. “Las cuestiones que usted plantea –lo retaron los magistrados– ya han sido planteadas en incidentes que ya han sido formulados y resueltos en las distintas instancias. Usted ya ha mencionado muchas de estas cosas en su primera declaración”.<br /><br />En un acto de honestidad brutal, Díaz Bessone leyó un comunicado publicado durante los años del terrorismo de estado firmado por diferentes “fuerzas vivas”, que deja en evidencia el vínculo de los sectores civiles que apoyaron el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.<br /><br />El militar retirado leyó el documento intitulado “Los Argentinos queremos decirle al mundo”, en el que firmaron –dijo Días Bessone– “más de cien instituciones, como Rotary Club, la Asociación Industriales Metalúrgicos y otras”. “Los argentinos estuvimos en guerra, queremos que el mundo sepa que la situación la provocaron las organizaciones armadas. Pedimos en su momento a las FFAA que entráramos en guerra, nuestra guerra tuvo su precio, enorme cuota de dolor y sacrificio de argentinos que defendieron nuestro derecho a la paz y nuestra forma de ser”, recordó que decía aquel comunicado, el ex ministro de Videla.<br /><br />Entre otras de las “fuerzas vivas” que firmaron aquel texto repudiable, figuran la “Asociación de Bancos Argentinos, Asociación de Industriales Metalúrgicos, Asociación Internacional del Club De Leones, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Comercio De Buenos Aires, Cámara Argentina de Anunciantes, Cámara Argentina de Comercio, Cámara Argentina de Editores de Libros, Cámara Argentina de La Construcción, Cámara de Comercio Industria y Producción de La Republica Argentina, Centro Argentino de Ingenieros, Consejo Empresario Argentino, Consejo Publicitario Argentino, Liga De Madres de Familia, Rotary Club De Buenos Aires, Sociedad Rural Argentina”, y siguen las firmas.<br /><br />Los años no vienen solos pensó este cronista al repasar el fragmento leído por Días Bessone y el documento mismo, que son más una muestra del rol de los instigadores civiles de la dictadura cívico militar, que una prueba para la propia defensa del general retirado.<br /><br />El tiempo, al igual que la muerte, hace –como corresponde– su trabajo con todos los seres vivos. Sin piedad, ni exclusiones. Incluso con los dinosaurios, que algún bendito día habrán de desaparecer. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-5393296471786096276?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-62992655964385679692011-07-19T20:21:00.000-07:002011-07-19T20:40:39.195-07:00<a href="http://1.bp.blogspot.com/-w0UcdC0UQsM/TiZMsVT_XwI/AAAAAAAAA6Q/qFbEYxYp6dA/s1600/Lofiego.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 103px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-w0UcdC0UQsM/TiZMsVT_XwI/AAAAAAAAA6Q/qFbEYxYp6dA/s200/Lofiego.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5631272708592328450" /></a><div style="text-align: left;"><span style="font-style:italic;">Por Juane Basso</span>. El Tribunal Oral Federal Nº 2 reanudó este martes el juicio contra el ex jefe del II Cuerpo de Ejército durante la dictadura, Ramón Díaz Bessone, y otros cinco imputados. Los represores acusados, José Lofiego y Mario Marcote, rompieron el silencio y complicaron a varios viejos “camaradas”.</div><span class="fullpost"><br />Los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echague continúaron escuchando declaraciones testimoniales, en el debate donde son juzgados, además de Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y Ricardo Miguel Chomicki.<br /><br />Tal cual lo habían anunciado los defensores de los represores, este martes ampliaron su declaración los dos más connotados torturadores del Servicio de Informaciones (SI), Lofiego y Marcote. Pero antes tuvo lugar el testimonio del ex comisario Felipe Orefice.<br /><br />En el juicio se investigan hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias del Servicio de Informacines (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario, en perjuicio de 86 víctimas.<br /><br />El mudo<br /><br />Previo a la testimonial de Orefice se suscitó una polémica cuando el fiscal del juicio, Gonzalo Stara, se opuso a que el ex comisario declare como testigo ya que está imputado en el mismo expediente ‒pero en la etapa que aún tramita en el juzgado instrucción‒. Los abogados de la querella adhirieron al planteo de Stara. Tras la reposición de los abogados de los defensores, el tribunal resolvió que declare como estaba previsto.<br /><br />“Me desempeñaba en la División Informaciones, yo hacía partes de prensa, informes”, comenzó su testimonio Orefice, quien se esforzó por eludir cualquier contacto con los detenidos del ex centro clandestino de detención que funcionó en el SI.<br /><br />Consultado sobre si tenía contacto con los presos políticos, el ex comisario dijo que “no para nada”. Además deslindó responsabilidades al referir que “los que tenían trato eran los que estaban en operaciones” y apuntó: “en ese tiempo el responsable de mi división era Roberto Scardino y el jefe era Raúl Guzmán”.<br /><br />La fiscalía y las querellas no hicieron preguntas por considerar que Orefice tiene que declarar como imputado.<br /><br />El Ciego<br /><br />Luego de Orefice vino la ampliación declaratoria del ex oficial de policía José Rubén Lofiego, alias “El Ciego”, quien no contestó preguntas, pero si soltó la lengua.<br /><br />El Ciego reconoció que todo lo que sucedía en el SI quedaba documentado. “A los detenidos, las personas privadas de la libertad que llegaban allí se les hacía inmediatamente una documentación anexo 1 y 2”, declaró el torturador. “Esa información se hacia por triplicado, una quedaba ahí, otra se enviaba a la sede del II Cuerpo y este pedía que se ponga a la persona a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN)”, añadió.<br /><br />El imputado, al igual que lo hiciera en otras declaraciones, entregó los nombres de varios de sus camaradas de la patota como “Seichuk, Guzmán Alfaro, Pianola, Orefice, Ibarra”. También mencionó a “Carlos Gómez, que venía de Hurtos, Alberto Hidalgo que también venía de ahí, Cesar Heriberto Peralta y Vega”.<br /><br />Lofiego respondió a los “inocentes” dichos de Orefice. “Es inadmisible que en un sitio tan reducido se diga que no se sabe qué hacía el otro. Que se diga que hacía sólo tareas administrativas y que no sabia lo que hacían al lado de él”, apuntó el torturador que parece no soportar a sus ex compañeros que reniegan de la faena realizada en aquellos años. Para más detalles, el represor aseguró: “Los jueces lo verán cuando vayan al Servicio”.<br /><br />En tren de complicar aún más a Felipe Orefice, Lofiego recordó que “Orefice no puede decir que no se sabía lo que se hacia” ya que “tenía un hermano que era miembro como Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 121 del Ejército”. Para refrendar sus dichos el Ciego refirió que el hermano mencionado “figura en la información desclasificada por la presidenta”.<br /><br />El acusado también discutió la inocencia que impostó en su declaración ‒realizada semanas atrás‒ el que fuera mano derecha de Agustín Feced, Ricardo Corrales, otrora secretario personal del máximo responsable de la policía rosarina durante la dictadura.<br /><br />“El rol del secretario personal, no es una idea mía, está pautado por Ley”, dijo Lofiego. Y para subrayar el nivel de compromiso de Corrales con los delitos cometidos en el SI, recordó que “Corrales ordenó operativos”, entre los cuales rememoró uno en el que terminaron deteniendo al después jefe de policía ‒ya en democracia‒, Ricardo Milic.<br /><br />El torturador aseguró que en aquella época “todo el mundo espiaba” para el gobierno de facto y volvió a referirse al decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el que desclasificó información de los personales civiles de inteligencia de la dictadura. “Hoy sabemos que el secretario general de la UOM (Gerardo Martínez), era personal de inteligencia”, mencionó el Ciego.<br /><br />El Sordo<br /><br />El último en declarar fue el ex policía Mario Marcote, quien fuera sindicado como “el violador serial” del SI por las sobrevivientes del ex centro clandestino de detención.<br /><br />“A pesar de las fotos mías en Internet a las que hacen alusión algunos de los testigos, en las descripciones que hacen de mi no coinciden”, se defendió el represor que fue varias veces escrachado por la agrupación HIJOS, al igual que Lofiego. “Hace 27 años que soy hostigado por los organismos de derechos humanos, que me hicieron perder trabajos” se quejó Marcote en alusión explícita a “los escraches”.<br /><br />Marcote negó que Feced haya dicho que él era “El Cura”, apodo con el que todos los sobrevivientes lo recuerdan. “Si lo vi dos veces (a Feced), cuando logré sortear a Corrales, que no dejaba llegar a Feced para nada”, esgrimió el torturador.<br /><br />Tras la declaración de Marcote se anunció que el juicio continuaría este miércoles con la ampliación declaratoria del acusado de mayor rango de este proceso, el general retirado Ramón Díaz Bessone.<br /><br />Datos de la causa<br /><br />Los acusados de este juicio se encuentran investigados por distinta cantidad de casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita.<br /><br />Desde el inicio del proceso oral y público, en julio de 2010, ya declararon ante el tribunal cerca de 150 testigos.</span><div><span class="fullpost"><br /></span></div><div><span class="fullpost"><i>Foto: Javier García Alfaro</i></span></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-6299265596438567969?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-46628063380412265952011-06-28T17:09:00.000-07:002011-06-28T17:10:48.256-07:00<span style="font-style:italic;">Por Juane Basso</span>. En el juicio contra represores del Servicio de Informaciones de la policía (SI) ‒el centro clandestino de detención más grande que funcionó durante la dictadura en Rosario‒, este martes declaró el secretario privado de Agustín Feced, el ex oficial Ricardo Corrales, quien no “recordó nada”. La fiscalía y las querellas no le hicieron preguntas porque “debe ser indagado como imputado”.<span class="fullpost"><br />En la jornada realizada en el Tribunal Oral Federal N° II de Rosario, hubo dos declaraciones y varias chicanas y planteos. Primero fue el turno del ex oficial Corrales y luego testificó el cineasta rosarino Héctor Nene Molina.<br /><br /><br />Corrales fue propuesto como testigo por Germán Artola, el abogado de oficio que representa a los ex policías acusados Mario Marcote, Carlos Scorteccini y Ramón Vergara.<br /><br /><br />El policía retirado, un hombre de avanza edad, se notó esquivo y eludió con poca credibilidad a las preguntas servidas en bandeja por el defensor de los represores. Corrales repitió casi siempre no recordar nada.<br /><br /><br />“¿Quien era su jefe?”, preguntó el defensor Artola. “Pasaron muchos jefes, en este momento no me acuerdo”, repitió varias veces, y luego se iluminó: “El Coronel Duré, después vino el comandante Feced”.<br /><br /><br />“¿Concurría a las distintas dependencias de la jefatura?”, preguntó más adelante Artola. “Nunca, jamás”, contestó el oficial retirado.<br /><br /><br />La fiscalía y los abogados querellantes no realizaron ninguna pregunta a Corrales, por considerarlo “una pieza importante del engranaje represivo que funcionó en el SI”, y esperan que sea citado a declaración indagatoria en la parte del expediente que todavía tramita en instrucción. Los jueces tampoco realizaron consultas al testigo de Artola.<br /><br /><br />Tras una discusión entre defensores de los imputados y el tribunal, sobre los procedimientos para encontrar a uno de los testigos propuestos por estos, Héctor Galarza Azzoni, abogado del ex preso político y al mismo tiempo acusado en el juicio, Ricardo Chomicky, solicitó a los jueces que se ingrese como documentación un texto de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en el que el organismo de derechos humanos fundamenta por qué no se deben enjuiciar a quienes fueron secuestrados en un centro clandestino de detención. Chomicky fue señalado como “colaborador” por varios de los sobrevivientes del SI, mientras que él argumentó que fue “reducido a la servidumbre” por la patota de Feced.<br /><br /><br />Una de terror<br /><br /><br />El otro declarante de este martes fue el reconocido cineasta local, Héctor Nene Molina. El testigo ofreció un material en crudo de un trabajo que realizó en el SI hace años atrás, en ocasión en la que filmó la vuelta al ex centro clandestino de detención de tres sobrevivientes del SI, Eduardo Seminara, Alfredo Vivono y Carlos Perez Risso.<br /><br /><br />Luego de los testimonios, desde el tribunal informaron que el juicio se suspenderá hasta el 19 de julio, fecha en la que se retomarán las audiencias, y en la que anunciaron que se fijará fecha para realizar una inspección ocular en el ex SI, a la que concurrirá el ex preso político Carlos Perez Risso ‒uno de los tres sobrevivientes que se habían visto minutos antes en el video de Molina‒, a propuesto del fiscal Gonzalo Stara.<br /><br /><br />En este juicio están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y Ricardo Miguel Chomicky.<br /><br /><br />Los imputados son acusados de integrar el aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.<br /><br /><br />El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación. Se estima que por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.<br /><br /><br />Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que han ido aportando sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.<br /><br /><br />El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta.<br /><br /><br />La de este martes fue la última audiencia antes de que comience la feria judicial. El juicio contra una parte de la patota del comandante de gendarmería, Agustín Feced, continuará el próximo 19 de julio.<br /><br /><br /> </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-4662806338041226595?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-42759130282952426522011-06-15T03:46:00.001-07:002011-06-15T03:46:54.413-07:00En una nueva audiencia del juicio contra una parte de la patota de la dictadura que dirigió el comandante de Gendarmería Agustín Feced, este martes declaró Adolfo Salman, un ex policía que mandó en cana a sus ex camaradas.<br /><span class="fullpost"><br /><br />En este juicio, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 de Rosario, están sentados en el banquillo de los acusados el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.<br /><br />Adolfo Salman es un policía de la provincia de Santa Fe que revistó en la fuerza desde el año 1969 hasta marzo de 1977, y que actualmente vive en la ciudad de Las Rosas. Este martes declaró como testigo y su testimonio permitió establecer la estrecha articulación que hubo durante el terrorismo de estado en la región, entre el ejército y la policía.<br /><br />El ex policía ya había declarado en la causa Guerrieri Ámelong. “Yo desempeñaba tareas en Las Rosas ‒declaró Salman‒. El comisario Saichuk (fallecido) era el encargado de esa zona. Nosotros, dependíamos del ejército. El Mayor Morales era el que daba las órdenes, pedía información de la gente. Se investigaba lo que ellos pedían, se hacían tareas de inteligencia, se debía traer información de toda la familia de la gente, de cómo se movía. El Batallón 121 daba las órdenes. En el 73 empecé a trabajar en el servicio”.<br /><br />Salman confesó que “se hacían reuniones en el Comando, de asesoramiento para los policías, donde Galtieri daba las órdenes, sobre como hacer tareas de inteligencia. Nos daban cátedra, nos lavaban el cerebro también”.<br /><br />Con la intención de mostrar la conexión entre ejército y policía, el ex agente aportó en su anterior declaración, documentación que ya había presentado ante la Conadep en los primeros años de la vuelta de la democracia. Salman recordó que sus actitudes le valieron un concejo de guerra y varios años de detención.<br /><br />El testigo confesó que “en una oportunidad Feced me mostró un álbum de fotografías donde constaban fotos de las personas desaparecidas”.<br /><br />“Yo detuve a tres personas que gracias a dios están vivas”, dijo en un tramo de su declaracióny más adelante agregó: “Yo tenía que acatar órdenes y no revisarlas, fuimos peones del circo. Nos usaron como cualquier cosa y nos tiraron como sucedió conmigo”.<br /><br />Chomicky habló otra vez<br /><br />El dato sobresaliente de la semana se dio este lunes, con la ampliación de la indagatoria de Ricardo Chomicky, el acusado del juicio que encierra en su persona la doble condición de víctima y acusado. Chomicky fue secuestrado a fines de 1976 y llevado al centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones de la policía (SI), pero en la actualidad se encuentra imputado por los delitos de asociación ilícita y aplicación de tormentos, acusado por varios de sus ex compañeros de cautiverio, quienes lo denuncian como colaborador de la patota de Feced.<br /><br />Este lunes Chomicky pidió hablar de nuevo ‒ya lo había hecho al inicio del juicio‒, según manifestó para “puntualizar algunos hechos una vez que pasaron los testimonios de la audiencia”.<br /><br />A lo largo de su declaración, Chomicky se defendió de señalamientos realizados por algunos testigos del juicio. “En todas las declaraciones de los testigos, no ha habido una sola persona que pueda asegurar, salvo (Juan Carlos) Ramos, sobre mi participación en alguna detención”, dijo el acusado.<br /><br />Entre otros, Chomicky repasó el testimonio del ex canciller Rafael Bielsa ‒que declaró semanas atrás en este proceso‒. “Hemos escuchado el testimonio de Bielsa quien me alojó en su casa a fines del 76´. Llegué y me fui solo. Es ex canciller de un gobierno que propició estos juicios, no podemos pensar que tuvo animosidad. ¿Si yo conocía el domicilio de Bielsa, por que no di ese domicilio?”, se preguntó. Con el testimonio de Bielsa ‒testigo propuesto por la abogada de Familiares‒, el Cady (apodo de Chomicky), se anotó un testigo a favor de su versión de los hechos (ver nota sobre la declaración de Bilesa).<br /><br />Luego Chomicky continuó: “Sólo di el domicilio de Ramos, y fue bajo tortura. El mismo Ramos dijo que me vio en el día de su detención tirado en el asiento de atrás de un auto. Fue para parar la tortura y las violaciones de Folch”. Nilda Folch era la pareja de Chomicky, también estuvo en el SI, y al igual que el Cady es acusada como “colaboracionista” y se encuentra prófuga (ver nota sobre la declaración anterior) .<br /><br />Chomicky también dijo al tribunal que otro de los testigos, “(Gustavo) Mechetti, ante una pregunta del tribunal, respondió «no, en mi caso no, no, no, no»”. Ocho veces dijo que no”. “Estoy sentado aquí por los tormentos de Mechetti”, agregó Chomicky.<br /><br />El acusado luego se preguntó: “¿Pude haber apremiado a dos o tres personas de las cien que pasaron?”. Y se respondió: “Yo sé que el testimonio tiene preponderancia vital, no puede ser que sobre cien testimonios sólo tres lo refieran”.<br /><br />En su declaración, Cady también se refirió a la acusación del delito de “Asociación Ilícita” que se le imputa. “Mi permanencia fue en calidad de secuestrado ‒dijo‒, no entiendo como uno puede ser miembro de una asociación ilícita que participa de su propio secuestro. Además no hay un solo testimonio que me sindique como participe de algún hecho posterior a mi libertad”.<br /><br />Tras eso se dirigió a sus ex compañeros de militancia: “Entiendo a los compañeros que luego de ser torturados, humillados, estén desconformes con mi situación de privilegio, pero eso fue decidido por Feced. Si a eso le sumamos mi casamiento en cautiverio, el padrinazgo. Mi participación fue cebar mates, limpiar. La imputación de mis compañeros fue la alta traición y no haber declarado luego de mi libertad. Pero no han cuidado ni el más mínimo detalle de imputarme cuando aún no estaba detenido. Quisieron instalar la teoría del doble agente. Yo tenía 15 años”.<br /><br />Para discutir algunas acusaciones que le realizaron una media docena de testigos, Chomicky repasó fechas y lugares con la intención de reafirmar su condición de víctima, y probar su tesis de que la decisión de sus ex compañeros de acusarlo, se tomó luego de que él se negara a declarar en los primeros juicios, en los comienzos de la democracia.<br /><br />“Que pasa entre el 83 y 84?, se preguntó Cady, y se respondió: “pasa mi negativa a denunciar. Me fueron a hablar para que declare y me negué, por lo que ya expliqué, y me dijeron que de una u otra forma iba a declarar”.<br /><br />Chomicky volvió una y otra vez sobre su condición de “víctima”, y “militante popular”. “En estas audiencias ‒aseguró el acusado‒, se ha podido probar que hubo un plan sistemático de persecución y exterminio de organizaciones, también se ha probado cual fue mi postura, que fue combatirlo, no desde una mesa de bar de facultad, ni de la comodidad del exilio. Me fui a militar a un barrio y dejé la comodidad de barrio Martin, no me entregué en ningún cuartel para asegurar garantías”.<br /><br />Cady ofreció unos papeles al tribunal y dijo “pongo a disposición un documento de la división judiciales del SI, fechado en octubre del 76´, con firma de Seichuk,en la que dice que yo estaba prófugo y que era soldado del ejército montonero. No hay duda que a quien tienen sentado aquí fue un militante popular”.<br /><br />También dijo Chomicky que “el funcionamiento del SI queda a la vista por los numerosos testigos. Dada la calidad de imputado no puedo hacerlo, es más, en instrucción se me está juzgando como víctima y no pude declarar por esta situación. Hace días se confirmó el procesamiento por los mismos hechos, no sé si existe este caso de ser víctima y víctimario en los mismo hechos”.<br /><br />Y luego manifestó: “Creo que lo único que se ha probado en este juicio es que tienen sentado a un pibe de 19 años, que fue secuestrado junto a su novia de 18 y que fue torturado, y sometido al servilismo. Aquí se han mostrado muchas fotos, a veces se pierde la noción del tiempo, (muestra una foto) a este pide de 19 años es a quien se está juzgando y no a este viejito de 50 y pico de años”.<br /><br />La causa<br /><br />Los imputados están son acusados de integrar el aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.<br /><br />El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación. Se estima que por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.<br /><br />Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que han ido aportando sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.<br /><br />El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta.<br /><br />Al cierre de la audiencia de este martes, desde el tribunal informaron que el juicio se retomaría recién el 28 de junio. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-4275913028295242652?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-3386194847421250372011-06-08T14:32:00.000-07:002011-06-10T14:37:21.796-07:00Los jueces del tribunal oral federal N°2 de Rosario, quienes están juzgando a un grupo de represores de la dictadura que actuó en el Servicio de Informaciones de la policía de Rosario, resolvieron este martes rechazar el pedido de ampliación de la acusación que hbaía solicitado el fiscal de la causa, Gonzalo Stara.<span class="fullpost"><br /><br />El fiscal de la causa, Gonzalo Stara había solicitado la ampliación de la indagatoria a los imputados, al entender que “de la prueba producida (en el juicio)”, se han conocido “numerosos elementos que nos aportan información circunstanciada sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por los acusados en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario”.<br /><br />Entre algunos de los elementos que el fiscal había propuesto que sean incluidos en una nueva indagatoria a los acusados, se encuentra el delito de violación, una práctica recurrente en el SI, que denunciaron varias de las sobrevivientes, y que tanto los ex detenidos como los organismos de derechos humanos reclaman que sean consideradas como delitos de lesa humanidad.<br /><br />Las abogados de los acusados, ya habían contestado al fiscal, y sostuvieron que el pedido de ampliación solicitado por la fiscalía debería declararse “nulo por falta de fundamentos”. Los defensores de los imputados criticaron el dispositivo jurídico que habilita los pedidos de ampliación de las indagatorias en el marco de un proceso oral.<br /><br />Los jueces del tribunal, por su parte, en un muy fundamentado fallo, resolvieron no hacer lugar al pedido de la fiscalía. Aunque recordaron que las nuevas acusaciones sí podrán presentarse en el expediente que sigue tramitando en instrucción,<br /><br />En este juicio, que lleva adelante el TOF N° 2 de Rosario están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.<br /><br />Los imputados están son acusados de integrar el aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.<br /><br />El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación. Se estima que por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.<br /><br />Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.<br /><br />El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-338619484742125037?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-86571079674951635522011-05-31T05:53:00.000-07:002011-05-31T05:59:36.441-07:00Los defensores de los acusados no quieren más preguntas para los represores. Los abogados de una parte de la patota de Feced que está siendo juzgada por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2, respondieron este lunes el planteo de la fiscalía en el cual se requirió la ampliación de la acusación a los imputados, se opusieron a la solicitud, y reclamaron a los jueces que el pedido sea declarado nulo. El martes 7 de junio, los magistrados resolverán el entuerto.<span class="fullpost"><br /><br />El fiscal de la causa, Gonzalo Stara había solicitado la ampliación de la indagatoria a los imputados, al entender que “de la prueba producida (en el juicio)”, se han conocido “numerosos elementos que nos aportan información circunstanciada sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por los acusados en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario”.<br /><br />Entre algunos de los elementos que el fiscal propone que sean incluidos en una nueva indagatoria a los acusados, se encuentra el delito de violación, una práctica recurrente en el SI, que denunciaron varias de las sobrevivientes, y que tanto los ex detenidos como los organismos de derechos humanos reclaman que sean consideradas como delitos de lesa humanidad.<br /><br />Las abogados de los acusados, sostuvieron este lunes que el pedido de ampliación solicitado por la fiscalía debería declararse “nulo por falta de fundamentos”. Los defensores de los imputados criticaron el dispositivo jurídico que habilita los pedidos de ampliación de las indagatorias en el marco de un proceso oral.<br /><br />Los jueces del tribunal darán a conocer su resolución sobre el pedido de la fiscalía en la próxima audiencia, que tendrá lugar el martes 7 de junio. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-8657107967495163552?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-31395802886892204782011-05-16T14:19:00.000-07:002011-06-10T14:38:21.259-07:00<span style="font-style:italic;">Por Juane Basso<span style="font-weight:bold;"></span></span>.Los magistrados que llevan adelante el juicio contra la patota de la dictadura que operó en el Servicio de Informaciones de la policía, denegaron este lunes el pedido de nulidad de la testimonial de la jueza Lura Cosidoy, quien había declarado el martes pasado a pedido de los represores.<span class="fullpost"><br /><br />El martes pasado las partes acusadoras del juicio habían solicitado la nulidad del testimonio de Cosidoy, ya que esta se había autorrelevado del secreto profesional y leído en la audiencia correspondencia que le enviaban los ex presos políticos que ella atendió como abogada de oficio, con el intento de desautorizar las críticas que los ex detenidos le realizaron a lo largo de este proceso.<br /><br />Cosidoy pretendió utilizar como prueba de su “buen desempeño” como defensora oficial durante la dictadura, las misivas que le escribían, en total indefensión y privados de su libertad, los hombres y mujeres que habían sido primero secuestrados ilegalmente, luego torturados y mantenidos en cautiverio por el gobierno de facto.<br /><br />Ante el absurdo de la estrategia de Cosidoy, quien incluso llamó “mentirosos” a los testigos, los jueces del Tribunal Oral Tederal (TOF) N°2 hicieron prevalecer el vínculo corporativo que los une con la magistrada, que conforma el otro tribunal oral federal de la ciudad, y resolvieron este lunes denegar el pedido de nulidad de su declaración.<br /><br />Los jueces Otmar Paulucci, Jorge Venegas y Betriz Baravani consideraron que la publicidad dada por los testigos en las audiencias habilitan las consideraciones personales realizadas por Cosidoy y que las menciones realizadas de las cartas que leyó la jueza, sólo versan sobre su desempeño profesional.<br /><br />En otro orden, el abogado del Ramón Díaz Bessone, Gonzalo Miño planteó su oposición a la testimonial prevista para este martes, de Marie Monique Robin ‒autora francesa de un documental sobre el terrorismo de estado en Argentina‒, pero el TOF rechazó la solicitud por “extemporánea”.<br /><br />En este juicio, que lleva adelante el TOF N° 2 de Rosario están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.<br /><br />Los imputados están son acusados de integrar el aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.<br /><br />El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación. Se estima que por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.<br /><br />Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.<br /><br />El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-3139580288689220478?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-18666492931118141562011-05-10T14:56:00.000-07:002011-05-10T15:00:30.414-07:00<span style="font-style:italic;">Por Juane Basso. </span>Abogados de las víctimas y fiscalía reclamaron la nulidad del testimonio de la jueza Laura Cosidoy, quién declaró este martes en el juicio contra los represores de la dictadura que actuaron en el Servicio de Informaciones de la policía de Rosario (SI). Cosidoy había sido propuesta como testigo por los defensores de los acusados.<span class="fullpost"><br />La audiencia de este martes se puso caliente. Lo que parecía que iba a ser una exposición para lucirse, se convirtió en un verdadero problema para la jueza federal Laura Inés Cosidoy, ya que tras su declaración, toda la parte acusadora del juicio reclamó la nulidad de su testimonio.<br />La sala de audiencias estaba llena. El público se repartió en partes iguales entre los habituales partícipes del “aguante” del juicio –familiares de los desaparecidos y referentes de la lucha por los derechos humanos de la ciudad–, e integrantes de la corporación judicial, que llamativamente se acercaron en gran número.<br />Como la jueza Cosidoy había sido propuesta como testigo por los abogados de los represores, comenzaron estos haciéndole preguntas, que la magistrada respondió sin sobresaltarse.<br />Pero el aire se fue poniendo espeso, luego de que la jueza testigo ‒quien integra por su parte el otro TOF de la ciudad, el N°1‒, pidiera “hacer una exposición” en respuesta a declaraciones que habían hecho diferentes sobrevivientes del SI, quienes declararon como testigos antes que ella.<br />La jueza Cosidoy planteó entonces que por las declaraciones hechas públicas por los testigos en el juicio, ‒que habían sido sus representados cuando ésta fue defensora oficial‒, ella se veía relevada del secreto profesional; y luego se dedicó a leer cartas escritas por ellos, y contar hechos que hacen a la complicada situación en la que se veían sometidos por esos años los detenidos políticos, en lo que pareció ser una especie de auto desagravio, puesto que a lo largo del proceso que está en curso su actuación como abogada de oficio se vio claramente cuestionada.<br />La liviandad con la que Cosidoy se refirió a los secuestrados, torturados y detenidos ilegalmente, fue levantando el termómetro de los presentes en la audiencia, hasta que uno de los abogados querellantes pidió la palabra y marcó que los dichos de Cosidoy se estaban llendo del sentido por el cual se la había llamado a declarar.<br />En ese momento, uno de los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación e integrante de HIJOS, Álvaro Baella, realizó un planteo de nulidad del testimonio de Cosidoy al que se sumaron todas las querellas, y la fiscalía, y al que se opusieron los defensores de los represores.<br />Luego de un contrapunto entre abogados defensores y de las víctimas, el tribunal resolvió hacer un cuarto intermedio hasta mañana, en el que darán a conocer su respuesta.<br />Al término de la audiencia desde la agrupación HIJOS se repudiaron los dichos de la jueza. “Se dedicó a atacar a los compañeros sobrevivientes, con agravios insultantes, al punto de que los llamó lisa y llanamente «mentirosos», y cometió la barbaridad jurídica de auto relevarse del secreto profesional”, expresaron desde el organismo de derechos humanos.<br /><br /><span style="font-weight:bold;">Fundamentos de la nulidad</span><br />En el marco de la audiencia, Baella, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –y militante de HIJOS– señaló que la querella “primero escuchó largamente a la testigo” y luego de detectar un sinnúmero de irregularidades en su deposición, todas causantes de nulidad, “solicitó al tribunal que aplique la normativa que no permita la continuación de la misma”.<br />Entre los argumentos planteados por la Secretaría de Derechos Humanos se indicó que “los hechos que ha manifestado (Cosidoy) no son parte del objeto procesal de estos autos”, y luego se puntualizó que “los testigos son un medio de prueba que deben deponer acerca de los hechos que se están juzgando”.<br />La querella recordó además que “muchas veces escuchamos como este mismo tribunal limitó las declaraciones de testigos que depusieron sobre hechos que lamentablemente no se están juzgando aún hoy”.<br />Otros de los señalamientos que fundamentaron la nulidad de la declaración de Cosidoy fue que la testigo “reveló correspondencia privada entre abogado y defendido”.<br />Por último los integrantes de HIJOS recordaron a través de un comunicado de prensa que el artículo del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) que indica las causales de nulidad de una declaración, plantea textualmente: “deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad: los ministros de un culto admitido; los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado”.<br /><br /><span style="font-weight:bold;">La causa</span><br />En este juicio, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF) de Rosario están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.<br />Los imputados están están acusados de integrar el aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.<br />El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación. Se estima que por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.<br />Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.<br />El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Varaban y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta.<br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-1866649293111814156?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-46684801345917015232011-05-09T16:53:00.000-07:002011-05-09T16:56:02.618-07:00Gonzalo Stara, el fiscal del juicio oral que se realiza contra los represores de la dictadura que actuaron en la Jefatura de policía de Rosario, solicitó ampliar la acusación contra los imputados. Este martes declara la jueza Laura Cosidoy, quien fue propuesta como testigo por los abogados de los acusados.<span class="fullpost"><br /><br />En la audiencia de este lunes del juicio Díaz Bessone no hubo declaraciones, ya que el teniente coronel Miguel Ángel Gallay, el único testigo que se esperaba para la jornada ‒propuesto por los defensores de los imputados‒, se ausentó por motivos de salud.<br /><br />Por su parte, el representante de la unidad fiscal, Gonzalo Stara, realizó un planteo de “ampliación del requerimiento de elevación a juicio”, es decir de la acusación contra los imputados que oportunamente hizo la fiscalía.<br /><br />Stara fundamentó su pedido, entre otros argumentos, en que durante el desarrollo del juicio se produjeron pruebas sobre crímenes por los que los imputados también deberían ser indagados en este proceso.<br /><br />El fiscal señaló nuevos delitos por los cuales quiere que sean indagados los imputados Ramón Díaz Bessone, José Lo Fiego, Mario Marcote, Carlos Scorteccini y Ramón Vergara. En la lista de la fiscalía no se incluyó a otro de los imputados, el civil Ricardo Chomicky.<br /><br />Entre los crímenes que enumeró Stara, mencionó “la práctica sistemática de violaciones” contra las detenidas; una constante que se repitió a lo largo de las declaraciones de los y las sobrevivientes del centro clandestino de detención que se investiga en este juicio ‒el que funcionó en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario‒.<br /><br />A su turno, los abogados de las querellas adhirieron al planteo de la fiscalía. Luego el tribunal informó que los defensores de los imputados tendrán tiempo hasta el 30 de mayo para responder a la solicitud de Stara.<br /><br />El juicio continuará este martes a las 11 con la declaración de la jueza Laura Inés Cosidoy, quien fue varias veces cuestionada por ex detenidos políticos que la tuvieron como defensora oficial durante la dictadura.<br /><br />Cosidoy fue propuesta como testigo por los defensores de los represores Mario Marcote, Carlos Scorteccini y Ramón Vergara.<br /><br />La semana pasada, la agrupación HIJOS Rosario recusó a Cosidoy en el marco de otra causa contra el terrorismo de estado que "cayó" en el ribunal oral federal N°1 de Rosario, el cual ella integra.<br /><br />HIJOS pidió que la jueza sea separada de ese proceso por el vínculo ‒hecho público por ella misma‒ con el dictador Lepoldo Fortunato Galtieri, y por las denuncias realizadas por varios de los ex detenidos políticos, quienes cuestionaron su rol como defensora oficial durante la dictadura.<br /><br />En este juicio, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF) de Rosario están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.<br /><br />Los imputados están están acusados de integrar el aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.<br /><br />Se estima que por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.<br /><br />El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación.<br /><br />Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.<br /><br />El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Varaban y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta.<br /><br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-4668480134591701523?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-3320514444499270202011-05-04T05:26:00.000-07:002011-05-04T18:24:16.793-07:00El ex canciller argentino Rafael Bielsa declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario, en las audiencias por el juicio oral de la causa Díaz Bessone, sobre su vínculo con Ricardo Miguel Chomicky, uno de los imputados. Además declaró el perito e integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, Miguel Nievas.<span class="fullpost"><br /><br />Chomicky fue militante de la Unión de Estudiantes Secundarios y de la Juventud Peronista secuestrado por el terrorismo de Estado y está acusado de pasar a colaborar con la patota de Feced en el Servicio de Informaciones. Bielsa, también víctima de la última dictadura y actual precandidato a gobernador por el PJ, reconoció que una noche de 1976 el Cady Chomicky durmió en su casa, antes de caer en manos de la represión. Explicó que le dio albergue, pero no le solicitó explicaciones sobre las razones de la estadía.<br /><br />“Yo lo conozco al Cady por haber sido compañero del colegio secundario de su hermano José”, contó este lunes Bielsa ante el TOF Nº2 de Rosario, donde se tramita la causa denominada Díaz Bessone.<br /><br />El testimonio del ex detenido-desaparecido fue solicitado por las querellas representadas por la abogada de Familiares Gabriela Durruty, que luego desistió del mismo por entender que los delitos sobre los que se le quería preguntar estaban suficientemente probados.<br /><br />Pero pidió que igual declarara la defensa de Chomicky, el hombre que posee la doble condición de víctima y acusado durante la represión ilegal del Estado: por un lado fue secuestrado y torturado en cuanto militante de la Juventud Peronista, y por el otro imputado por participar de la represión junto a sus verdugos tras quebrarse en el SI.<br /><br />“En el año 76 yo vivía en Balcarce y San Lorenzo, en un 4º B, y Cady Chomicky me pidió si lo podía recibir”, contó Bielsa. “Me parece que estaba acompañado de dos jóvenes”, añadió.<br /><br />El ex canciller también señaló que a Chomicky “lo conocía porque era un militante de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios) y nos veíamos en movilizaciones o circunstancias políticas. Esa fue la razón por la que la abrí la puerta. Me pidió si se podía quedar a dormir”.<br /><br />Bielsa rememoró que “era época de calor, pero esa noche hacía frío” y que como “no tenía comodidades, (Chomicky) durmió envuelto en una alfombra que había en el living”, mientras que “las personas que lo acompañaba se fueron”.<br /><br />Según relató ante la justicia federal, al día siguiente el ahora precandidato a gobernador se fue a su trabajo a Tribunales, y cuando regresó Chomicky ya no estaba más en el departamento. Dijo, además, que al poco tiempo supo que estaba desaparecido.<br /><br />“No recuerdo que haya dicho el motivo por el que se alojaba, pero no hacía falta porque era muy frecuente, también se alojó Hernán Gómez Casas, que después murió”, siguió Bielsa.<br /><br />Y agregó sobre aquella noche que dio asilo a Chomicky, ahora imputado por crímenes de lesa humanidad: “No necesitábamos darnos detalles de por qué razón necesitaba que lo guardara”.<br /><br />Chomicky, de militancia en el peronismo revolucionario, cayó el 1º de diciembre de 1976 al salir de un bar de Juan José Paso y Alberdi, según dijo en su testimonial ante el TOF2 en el marco de la causa que lo tiene como imputado.<br /><br />Contó que fue secuestrado y torturado junto a su pareja, Nilda Folch, alias La Polaca, y que la mujer también fue violada durante su estadía en el Servicio de Informaciones de la Policía rosarina, el centro clandestino más grande del sur de Santa Fe que funcionó en Dorrego y San Lorenzo, en una esquina de la entonces Jefatura policial.<br /><br />Si bien Chomicky se exhibió como víctima en su declaración judicial y dio detalles de los tormentos que padeció junto a Folch –quien se encuentra prófuga de la Justicia– está acusado por varios sobrevivientes del SI.<br /><br />Por su parte Miguel Nievas, declaró por su participación en las investigaciones que permitieron reencontrar los cuerpos de los desparecidos Cristina Cialceta y Roberto De Vicenzo, cuyos casos se encuentran entre los que se juzgan en este juicio.<br /><br />Los delitos por los que están procesados son privación ilegítima de la libertad, homicidios y tormentos en múltiples casos, mientras que todos están acusados por asociación ilícita.<br /><br />En el TOF2 están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.<br /><br />Los imputados formaron parte del aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.<br /><br />Según declaraciones de un ex militar que actuó durante la represión ilegal, por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.<br /><br />El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación.<br /><br />Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.<br /><br />El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Varaban y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-332051444449927020?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-82376667419799086012011-05-03T06:06:00.000-07:002011-05-03T06:07:42.468-07:00La audiencia que tuvo lugar este lunes en Rosario en el marco de la causa Díaz Bessone, incluyó una lista, aportada por el periodista Carlos Del Frade, de personas que estarían vinculadas a la causa y en la que se destacan nombres de funcionarios activos del gobierno provincial, de la Justicia y de empresarios.<span class="fullpost"><br />El primer testigo en declarar en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) de Rosario, fue Hugo Méndez, quien recordó que fue secuestrado junto a su padre y a quien en ese momento era su compañera, Laura Torresetti. Los tres fueron llevados a la Comisaría 5 y luego al Servicio de Informaciones (SI).<br /><br />Recordó haber visto en el SI a Alfredo Vivono, José Aloisio, José Berra, Marcelo de la Torre, Esteban Mariño y muchas otras personas de quienes no recuerda su nombre. Dijo también que tenía a su cargo el reparto de la comida entre los detenidos y por eso pudo ver a muchas personas, tiradas en el piso, vendadas, lastimadas, "parecía que ya habían sido interrogadas y que los tenían ahí tirados, esperando para volver a interrogarlos".<br /><br />Expresó también que entre el grupo de policías que vio en el SI se encontraban Lofiego, Marcote, Vergara, "Darío", "Romel", Altamirano, Guzmán Alfaro, Scortechini, entre otros cuyos nombres no recuerda.<br /><br />Aclaró que él no sufrió torturas físicas, pero que otros secuestrados sí; que se escuchaban gritos y que esos gritos por las noches venían desde arriba, desde donde estaban las oficinas.<br /><br />Al terminar su declaración pidió disculpas al Tribunal por no poder recordar más de lo que había dicho, "yo traté de olvidarlo todo, fue muy traumático para mi lo vivido, como lo fue para todos".<br /><br />Luego fue el turno del periodista y candidato a diputado provincial por el Movimiento Proyecto Sur, Carlos Del Frade, quien precisamente en su calidad de periodista, declaró de todo cuanto tomó conocimiento a partir de sus investigaciones sobre los hechos y de las distintas entrevistas realizadas a algunos de los miembros de los grupos de tareas.<br /><br />En el marco de su declaración el periodista manifestó: "A 35 años del golpe de Estado más feroz que soportó la historia argentina, es necesario hacer un repaso de todo aquello que todavía debe investigar la Justicia Federal de Rosario en el marco de la causa Díaz Bessone, como así también demandar acciones al gobierno provincial sobre denuncias cruzadas que apuntan a ex funcionarios, actuales oficiales y suboficiales de la policía santafesina, como también a ex integrantes de la justicia de menores".<br /><br />Asimismo, Del Frade anunció una lista de personas “cuyos aportes serían imprescindibles a la hora de construir, de una buena vez, justicia sobre lo peor que tuvo que atravesar nuestro pueblo”. “Muchos de estos nombres también deberían ser buscados para explicar su conducta sobre aquellos años", dijo.<br /><br />El ex teniente coronel José Bernhardt, como el oficial que trasladaba a los detenidos ilegales de Santa Fe, durante el terrorismo de Estado, hasta el centro clandestino que funcionaba en Granadero Baigorria, La Calamita. La ex Jefa de la Policía de Santa Fe, la doctora Leyla Perazzo estuvo a cargo de la policía de menores de Rosario durante los tiempos de Feced.<br /><br />El testigo también señaló que "el 30 de diciembre de 1985 el juzgado de menores de la segunda nominación, a cargo de la doctora Clotilde Cariello, remitió un “detalle de expedientes caratulados NN” durante el período 1976 – 1983. Son 98 casos en total, se destacan los diez expedientes marcados por un signo más entre paréntesis (+) porque ellos son mencionados como “menores derivados de procedimientos antisubversivos. Dieciocho en total", indicó Del Frade.<br /><br />Del frade aportó datos también sobre personas que participaron en la represión ilegal de 1976: "Los hermanos Isach, Rodolfo y Carlos, que tienen negocios en la localidad de Pinamar, uno de ellos vende materiales para la construcción de techos. El comisario inspector (R) Fernández, alias Quique o Costeleta, cumplía funciones en el SI como guardia y custodia de los presos en La Favela. Se jubiló en la Unidad Regional de San Lorenzo y prestó servicios en seguridad personal".<br /><br />"El ex- Comisario general José Luis Giacometti prestó servicio en la secretaria privada de la policía cuando Feced era jefe. Esto se fundamenta en las fotos del diario La Capital. El comisario inspector (R) Daniel Ferrara, alias Mono o Monito, cumplió funciones en el SI. Figura en el informe Borgonovo. Actualmente vive en el barrio Rucci detrás de la comisaría 34. Tiene un Renault 19 color oscuro, se dedica al comercio de ropa deportiva. Dicen ex policías que participó de la masacre de Los Surgentes", indicó el periodista.<br /><br />El testigo continuó con su largo listado: "Comisario General (R) Alberto Gianola, alias Beto, fue segundo jefe de unidad regional Rosario, tenía el bar del parque Urquiza. Comisario general Ricardo Milicic, amigo personal del Gato Andrada ex- integrante del servicio de inteligencia del ejército. Vive de rentas. Figura como Sapo en el informe de Borgonovo. Comisario mayor (R), Antiogiovanni, vinculado al ministro Superti. Su hombre de confianza es el sargento Ramonda que estuvo preso por el crimen de un narco en Roldán de apellido Ramírez. Comisario principal (R), Horacio Cueva, es espiritista.Comisario mayor Chimenti, alias Mosquito, trabaja en seguridad privada. Comisario mayor (R), Daniel González, estuvo en el servicio y después toda su carrera hasta jubilarse estuvo en Explosivos. Hacía custodia de camiones pero lo dejó. Tiene una casa en la costa atlántica. Es habitué del bar de calle Córdoba y Weelwright. Comisario principal Moore alias Dipy, vive en Granadero Baigorria en calle Ituzaingó al 1800. Hace seguridad privada”.<br /><br />En tanto, Del frade dijo ante el TOF 2 que “al primero que entrevista -por el año 1995- fue a Mario Alfredo Marcote, quien en ese momento era celador del Colegio Santa Unión de los Sagrados Corazones”. Aclaró que dicha entrevista no pudo ser grabada porque Marcote no lo autorizó. Que en esa oportunidad le dijo que él quería humanizar la tortura y que estaba escribiendo un libro que se llamaría La corporación”.<br /><br />En otro tramo de su testimonio el testigo dijo que “también entrevistó en varias oportunidades a José Rubén Lofiego", aclarando el periodista que “varias de esas entrevistas fueron en las oficinas de San Lorenzo y Dorrego, ya que Lofiego seguía desempeñándose en la Policía de la provincia”.<br /><br />"En una de esas oportunidades –continuó Del Frade– me entrega 5 o 6 carillas donde figuraban los números de los expedientes y una sinopsis donde describía los secuestros llevados a cabo por personal militar. Esto me lo entrega Lofiego con dos ideas muy claras, la primera, él no había sido el que había matado y torturado a todas las personas y la segunda, que faltaban esos expedientes originales de la Conadep y los nombres de oficiales o suboficiales del comando del Segundo Cuerpo del Ejército, entre los acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad”, dijo Del Frade y agregó que “ni Lofiego ni Marcote negaron haber sido torturadores en ninguna de las entrevistas realizadas”.<br /><br />Con relación al imputado Díaz Bessone, el testigo manifestó que "Diaz Bessone es el ingeniero del terrorismo de Estado en las 6 provincias que componen el área de jurisdicción del comando del Segundo Cuerpo del Ejército". Agregó que entrevistó a la concubina de Feced y que ésta le dijo que "Díaz Bessone tenía reuniones por lo menos una vez por semana con Feced para hablar de todo lo que obtenía el SI. Me dice que además tenían reuniones permanentes con los grandes empresarios de la zona. La familia Acevedo de Acindar. El Señor Gollán, titular de canal 3, radio 2 y por entonces Cónsul honorario de Gran Bretaña. Y otros dirigentes industriales."<br /><br />Del Frade finalizó su testimonio diciendo "lo que motivó el golpe de 1976 tiene su respuesta en la identidad de los desaparecidos. Cuatro de cada diez eran obreros; tres de cada diez eran empleados. Es decir, el 70% eran trabajadores. La segunda razón la dice el propio Díaz Bessone, estaban en contra de la omnipotencia de la propiedad privada y la empresa, eran trabajadores con ideas revolucionarias. Las FFAA y las de seguridad fueron los títeres macabros de un plan surgido desde el poder económico".<br />Fuente:<a href="http://redaccionrosario.com/noticias/?q=node/12061">Redacción Rosario</a><br /> </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-8237666741979908601?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-46896240462137581492011-04-28T06:16:00.000-07:002011-04-28T06:21:12.793-07:00María del Carmen Sillato relató los pormenores de su secuestro y cautiverio en el Servicio de Informaciones de la policía de Santa Fe, ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, donde se juzgan los crímenes cometidos por la patota de Agustín Feced.<br /><span class="fullpost"><br /><br />María del Carmen Sillato declaró que fue “secuestrada junto a su marido el 18 de enero de 1977” junto a su marido, en momentos que sobrellevaba un estado de embarazo muy avanzado, al punto que su hijo nación durante su cautiverio.<br /> <br />Uno de los aportes centrales del testimonio de Sillato, fue el relato del día en que fueron primero torturadas y luego trasladadas para ser asesinadas Mría Sol Perez y Analía Urquizo, al igual que Horacio Luna. También describió los tremendo tormentos aplicados contra el cura Miguel Ángel Nicolau, que continúa desaparecido.<br /><br />La testigo habló además se su propio secuestro y las salvajes torturas a las que fue sometida, aún en su estado de embarazo avanzado. <br /><br />Sillato recordó otros casos de compañeras de cautiverio que también estaban embarazadas como los de “las tres hermanas Marciani”. Y contó cómo pudo salvar la vida del hijo de una de ellas (Gladis), amamantándolo junto a su hijo, luego de que ésta falleciera por falta de atención médica.(ver nota anterior)<br /><br />La testigo, quien es jefa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Waterloo, Canadá, manifestó al tribunal que pudo comprobar cómo “la escritura puede ser reparadora del trauma que vivieron los ex detenidos-desaparecidos”, en el marco de su testis doctoral de Filosofía. <br /><br />“Los actos de tortura son los que no se pueden verbalizar. Incluso cuando uno busca del holocausto judío, es difícil ponerle palabras”, explicó la sobreviviente, quien describió que en su trabajo de tesis contó con la colaboración de otros ex detenidos, entre ellos algunos que también son testigos y querellantes de este juicio, como Marta Bertolino. <br /><br />También declaró este miércoles, Wilfredo Ángel Brunet, quien relató el secuestro de su madre y sus tres hermanas, de las cuales sólo una sobrevivió, y además describió la apropiación de sus dos sobrinas por parte de los represores y el trabajo que realizó su familia hasta que las pudieron recuperar (ver nota anterior).<br /><br /><span style="font-weight:bold;">Datos del juicio</span><br /><br />En bulevar Oroño al 900 están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.<br /><br />Los delitos por los que están procesados son privación ilegítima de la libertad, homicidios y tormentos en múltiples casos, mientras que todos están acusados por asociación ilícita.<br /><br />Los imputados formaron parte del aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.<br /><br />Según declaraciones de un ex militar que actuó durante la represión ilegal, por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.<br /><br />El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación.<br /><br />Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.<br /><br />El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Varaban y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-4689624046213758149?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-32674589424217206522011-04-26T16:56:00.000-07:002011-04-26T16:57:52.560-07:00<span style="font-style:italic;">Por Luciano Couso. </span>Adrián Jorge Sánchez, ex detenido en el Servicio de Informaciones de la policía rosarina durante la última dictadura, declaró hoy por teleconferencia desde Londres ante el Tribunal Oral Federal Nº2 (TOF2) que “los monstruosos crímenes que juzga este tribunal son imprescriptibles porque constituyen crímenes de lesa humanidad y fueron realizados utilizando la estructura estatal”.<span class="fullpost"><br /><br />Sánchez, quien reside en Londres y declaró desde el consulado argentino en la capital inglesa en el juicio por la causa Díaz Bessone, contó que fue secuestrado el 22 de febrero de 1977 cuando ingresaba a su domicilio de calle San Martín al 3300 de esta ciudad, en la zona sur de Rosario.<br /><br />Sobre su estadía en el campo de concentración sostuvo: “Fue un infierno, (los torturadores) disfrutaban lo que hacían”.<br /><br />“El grupo de detención estaba vestido de civil, portaba armas de alto calibre, fui esposado de pies y manos y llevado a un coche donde me pusieron en la base, y dos de las personas que estaban atrás pusieron sus pies en mi cabeza y me pegaron culatazo en la cabeza”, detalló el testigo.<br /><br />Al momento de su detención Sánchez tenía apenas 16 años y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de Rosario, recordó hoy.<br /><br />“Permanecí desaparecido por más de cuatro semanas, en el Servicio de Informaciones (SI) estuve unos cuarenta días, en (la cárcel de la localidad santafesina de) Coronda completé veintidós meses”, indicó ante el TOF2 vía teleconferencia.<br /><br />En el SI, un área de la policía rosarina, funcionó el principal centro clandestino de detenciones durante la última dictadura en el sur de la provincia de Santa Fe, por donde se estima que pasaron entre 1.800 y 2.000 detenidos-desaparecidos.<br /><br />En su declaración, el testigo Sánchez sostuvo que “el secuestro, tortura y apremios ilegales estaban relacionados con mis actividades políticas en la escuela secundaria en ese momento”.<br /><br />“Me trasladan a la jefatura de policía, estaba vendado, me atan a una cama de metal, entraba y salían personas, 5 ó 6 estaban presentes durante las sesiones de torturas”, precisó.<br /><br />“La tortura era con picana, golpes de puño en el estómago, la venda se aflojó un poco y pude ver al Ciego Lofiego torturándome”, dijo Sánchez.<br /><br />José Rubén ‘El Ciego’ Lofiego es uno de los ex policías imputados en el juicio oral y público por la causa Díaz Bessone, junto a Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y Mario Alfredo Marcote.<br /><br />También están imputados el ex jefe del II Cuerpo del Ejército durante la última dictadura, Ramón Genaro Díaz Bessone, y el civil acusado de complicidad con la represión ilegal, Ricardo Miguel Chomicky.<br /><br />En su declaración de hoy, Sánchez también identificó a otros de los miembros de “la patota” que actuó en el SI.<br /><br />“El Cura se acercaba, tenía algo colgando del cuello, creo que era una cruz”, dijo sobre Marcote, cuyo nombre de guerra durante la represión era “El Cura”.<br /><br />“Otra persona me puso polvo en la nariz, dijo que lo respirara que me iba a ayudar con el dolor”, amplió Sánchez.<br /><br />“Me desvanecí, alguien me levanta la venda y era Ricardo Chomicky, quien me instó a que colaborara, porque íbamos a tomar mates y salir a marcar gente, me pegó un puñetazo, bajó la venda y se fue”, contó.<br /><br />“Los apremios continuaron, luego eran más esporádicos, fue un infierno, disfrutaban de lo que hacían”, narró Sánchez sobre los torturadores. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-3267458942421720652?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-11580067059216949252011-04-25T20:26:00.000-07:002011-04-25T20:30:54.618-07:00La ex oficial Mirta Beatríz Gallardo, quien revistió en la Alcaldía de mujeres de la Jefatura de policía de Rosario, deschavó este lunes ante los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 los nombres de los integrantes de la patota de Feced y las atrocidades que cometieron en el Servicio de Informaciones (SI).<span class="fullpost"><br /><br />En un testimonio que fue clave para confirmar los dichos de los sobrevivientes del SI, ya que en este caso viene de boca de una ex oficial de policía, la calificada testigo complicó seriamente la suerte de los represores imputados en la causa, y señaló otros tantos nombres que dijo “no entender por qué no están siendo juzgados”.<br /><br />La mujer policía, recordó que trabajó en la Alcaldía de mujeres en la Jefatura de Policía tiempo después del golpe en 1976, hasta entrado el año 1977, y que “antes había trabajado para Juan José Seichuck en Seguridad Personal de la policía provincial”, donde conoció José Lo Fiego (imputado en este juicio), y Carlos Altamirano (alias Caramelo, procesado en otra parte del mismo expediente).<br /><br />La testigo consignó que en la Alcaldía en la parte del subsuelo “había sólo subversivas”, a las que traían personal de la policía, de la federal, o de otras fuerzas. Gallardo refirió que todas sabían que los hombres que las traían portaban “credenciales truchas”, y que bajo esos documentos falsos “quedaban registrados en libros de guardia de la Alcaldía”, aunque reconoció que ella conocía sus nombres verdaderos.<br /><br />La policía retirada ‒que hace unos años recibió un diploma como “policía distinguida” por el Concejo Municipal de Rosario‒, recordó un episodio vivido en la Jefatura que le valió una detención, un posterior traslado y que se ganara el apodo de “la montonera” entre los hombres de la patota de Feced.<br /><br />“Un día cuatro hombres que decían que eran de la Federal, en mayo del 76 creo, traen a una mujer en un colchón, muy joven, muy bonita. Cuando me acerco veo que ese está muriendo. Le dije «vos estás mal». Ellos contestan «lo que pasa que uno de los nuevos, el boludo, le dio agua después que la trabajamos»”. La testigo explicó que “trabajar” era la manera de decir que le habían aplicado picana.<br /><br />Gallardo contó que en ese momento ella dijo que “no la iba a recibir, que se iba a morir, que no se va a hacer responsable, que se la lleven”. Y comentó que los que la traían le dijeron que la tenía que recibir, ya que era “una orden del comandante”(Feced). “Yo les pedí entonces que la manden por escrito, relató Gallardo. <br /><br />“Al rato la llama Corrales, que era el secretario personal de Feced, su mano derecha", describió la testigo y agregó: “Me llama la atención que Corrales no esté detenido, porque manejaba todo, era terrible con los detenidos y con el personal”.<br /><br />La testigo continuó con el relato del episodio e indicó que finalmente a la mujer no la ingresan en la Alcaldía, y que cuando volvió al otro día a su trabajo no la dejaron entrar, le dijeron que quedaba arrestada por 15 días, y que iba a cumplir el arresto en su casa, pero que primero tenía que ir a la Alcaldía de tribunales. <br /><br />Gallardo declaró que ahí la detuvieron y como conocía al guardia, pidió ir al baño y se escapó para hablar con el (en ese momento) juez de faltas, Jorge Eldo Juárez, a quien conocía porque había trabajado con él. “Le conté lo que me pasó llorando y muy asustada. Juárez me dijo que se iba a ocupar que me quede tranquila, y a las horas me liberan”.<br /><br />La ex policía explicó que después de eso la trasladaron dentro de la fuerza a la localidad de Melincué. Pero que desde ese entonces la empiezan a agredir y que le decían cosas como “acá lega la montonera”. También recordó que en un momento amenazaron a su familia, al decirle que le iban a poner una bomba en la casa.<br /><br />La testigo comentó que luego siguió sufriendo traslados; Vera, Reconquista y otros lugares, hasta que fue cesanteada en el año 1980. Contó además que recién fue reincorporada a la policía en el año 1987.<br /><br />Gallardo afirmó que en la Jefatuta, “cuando había un procedimiento o traían detenidos, sonaba un silbato, y eso quería decir que nadie podía salir”. Y recordó que un día, que no aguantó la curiosidad y se asomó al SI, “vio varios cuerpos colgados”. “No es buena la comparación ‒dijo la testigo‒, pero estaban como se cuelgan las reses de las vacas, parecían estar sin vida. Yo me fui corriendo, estaba descompuesta, mis compañeras me preguntaron que me pasaba y yo no les podía decir, porque me mataban”.<br /><br />Gallardo recordó además que mientras estuvo hubo dos bebés en la Alcaldía. “A la nena la sacaba una hora por día al sol. Hasta que un día llegué y no estaban más”, señaló.<br /><br />La testigo brindó varios nombres de los integrantes de la patota entre los que mencionó a “ La Pirincha, Antigiovani, Lo Fiego, Marcote, Altamirano, Nast, Corrales”, y luego acotó: “un grupo pesadito”.<br /><br />También declaró este lunes el integrante de Familiares de desaparecidos y dirigente del gremio de los trabajadores telefónicos, Héctor Chinche Medina. <br /><br />Medina, quien fue detenido político y estuvo en numerosas cárceles de la dictadura, ofreció su testimonio para ilustrar el trabajo que despeño Familiares a principios de la democracia, y para dar cuenta de lo que sus compañeros presos de Coronda le relataron de lo que ocurría en el SI por aquellos años.<br /><br />En ese sentido Medina ‒cuyo hermano Oscar está desparecido‒ recordó a varios de sus compañeros de prisión que venían del SI, como “Ramos, Tossi, Vivono, Seminara”, y relató hechos que ellos le comentaron, que fueron coincidentes con los testimonios que dichas personas ‒también testigos de este juicio‒ ofrecieron oportunamente.<br /><br />Al cierre de su testimonio, Medina recordó los episodios sufridos por Silvia Suppo (la testigo de la causa Brusa, asesinada el año pasado en Rafaela) y el más reciente de Víctor Martínez (quien estuvo desaparecido dos días la pasada semana), y reclamó en nombre de la asociación de ex presos que los todos testigos vengan a declarar, que no se dejen amedrentar”. <br /><br />Cabe recordar que el juicio tiene como imputados al ex titular del Segundo Cuerpo, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Carlos Scortechini, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Rubén Lo Fiego; y al civil acusado de complicidad con la dictadura Ricardo Miguel Chomicky. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-1158006705921694925?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-81670551742459811632011-04-05T22:10:00.000-07:002011-04-05T22:33:24.026-07:00<span style="font-style:italic;">Por Juane Basso</span>. Este martes declaró en el juicio contra la patota de Feced, el abogado Elías Carranza, quien fue secuestrado y torturado en el Servicio de Informaciones (SI) de la Policía rosarina durante la dictadura y reside desde hace más treinta años en Costa Rica. El prestigioso penalista, que es en la actualidad presidente del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Trato al Delincuente (ILANUD) ‒y una eminencia internacional en materia de justicia penal‒, explicó que su detención ilegal fue "una venganza" por su trabajo en la investigación sobre la desaparición de Ángel “Tacuarita” Brandazza.<span class="fullpost"><br /><br />La historia vivida por Elías Carranza permite ver los hilos de continuidad que unieron a las dictaduras de Agustín Lanusse con la surgida el 24 de marzo de 1976, aunque la de Jorge Rafael Videla multiplicó hasta lo impensado el terror y la muerte.<br /><br />Carranza relató los infernales hechos que vivió durante su secuestro y cautiverio en el SI, y relacionó esa detención ilegal con su trabajo en una Comisión Bicameral de la provincia de Santa Fe, creada en el año 1973 para investigar los apremios, secuestros y desapariciones ocurridas durante la dictadura de Lanusse.<br /><br />El testigo, que reside en Costa Rica ‒lugar en el que vive desde su exilio‒, vino especialmente a Rosario para declarar en el juicio que lleva adelante el tribunal oral federal N°2, y estuvo acompañado por un importante contingente familiar que llenó la sala de audiencias.<br /><br />Carranza planteó al inicio de su testimonio la “necesidad de referir al trabajo realizado por la Comisión Bicameral que investigó el secuestro y desaparición del militante Ángel “Tacuarita” Brandaza”, secuestrado y desaparecido en noviembre de 1972.<br /><br />El testigo relató que por esos días él era empleado del juzgado de instrucción de Rosario y fue designado para integrar esa comisión investigadora, que logró reconstruir casi todo el recorrido sufrido por el joven militante e identificar a los implicados en el hecho.<br /><br />“Brandazza, era un joven estudiante de Ciencias Económicas y trabajador, que fue secuestrado por policías federales, provinciales, militares y gendarmes. Llevado a la comisaria 5° de calle Dorrego, y picaneado hasta que se murió. Luego su cuerpo fondeado en el río Paraná”, precisó el testigo.<br /><br />Carranza recordó el “valiente” trabajo desarrollado por la comisión presidida por el diputado Juan “Chancho” Lucero (PJ) y secundada por el radical Rubén Martinez. “El caso Brandazza fue de gran notoriedad publica, pero durante el siguiente golpe militar se multiplicaría por 30.000”, apuntó el testigo.<br /><br />Parte del trabajo de investigación realizado por aquella comisión fue relatado por Carranza. “Determinamos ‒señaló el abogado‒, que con diversos grados de participación tenían responsabilidad penal varios integrantes del comando SAR: el General Elbio Leandro Anaya, el General Juan de Dios del Perpetuo Socorro Carranza Zavalía, el Coronel Vilanova, los mayores Gigena y Bonifacino, el Sargento Ayudante Emilio Letto, el gendarme Gamboa; los policías federales Cabo Peregrino Luis Gallardo (alias Jopito), Subinspector Jorge Roberto Ibarra (alias Calculín), Cabo Primero Atilio Gerla (alias Costurera), los agentes Hugo José Bellet y Rubén Felipe Fernández; y los integrantes de la Policía Provincial Oficial Ayudante Ovidio Marcelo Olazagoitía, Oficial Subinspector Alberto Máximo Grandi, Cabos Rubén Oscar San Juan y Gregorio Prieto, y agente Angel Jesús Farías”.<br /><br />Luego el testigo detalló que durante el funcionamiento de la Comisión, en una oportunidad “ametrallaron las ventanas de nuestra sede en el edificio de Tribunales”; en otra “dispararon contra nuestro automóvil, y en otra oportunidad pusieron una bomba en el auto al que íbamos a subir, que explotó destruyendo e incendiando tres vehículos estacionados en hilera”. El más grave de los hechos ocurridos durante el funcionamiento de la Comisión “fue el secuestro y asesinato del abogado Felipe Rodríguez Araya y del Procurador Lescano, quienes habían colaborado aportando con su firma datos muy valiosos para esclarecer los hechos que investigábamos”, refirió Carranza.<br /><br />El sobreviviente agregó que varias veces ametrallaron la casa de Juan Lucero, presidente de la Comisión, y el día del golpe militar de marzo de 1976 entró una patota a su casa secuestrándolo, y aunque posteriormente se oficializó su privación de libertad permaneció encarcelado durante más de cinco años a disposición del Poder Ejecutivo”.<br /><br />El 18 de febrero de 1977 Carranza fue secuestrado mientras iba por el bulevar Oroño, a muy pocas cuadras de donde ahora se desarrolla el juicio, y fue llevado al Servicio de Informaciones de la Jefatura de policía de Rosario, donde funcionó el centro clandestino de detención y exterminio más grande de Santa Fe<br /><br />Por su labor de empleado judicial, Carranza se convirtió en un testigo clave. El sobreviviente contó a los jueces que “conocía muy bien ese lugar” y que aunque “estaba vendado” pudo identificar “las baldosas inmediatamente por debajo de la venda”.<br /><br />En ese momento, Carranza comenzó el relato del infierno. “A pesar de la odisea que pasé y pasó mi familia, pienso que tuve mucha suerte al lado de la gente que estaba en ese lugar ‒describió el testigo‒. Durante el mes que estuve en ese lugar habrá habido entre 20 o 30 personas, mujeres y hombres, entre el primer piso, la escalera y ese sótano a donde se bajaba. La cifra oscilaba porque traían gente nueva, luego de torturarlos se los llevaban y no aparecían más o se los oficializaba llevándoselos a las cárceles. Las sesiones de torturas eran constantes, los gritos desgarradores de los torturados. Pienso que los vecinos deberían haber escuchado, por esa ventanas bajas que tenía el sótano”.<br /><br />Carranza recordó los nombres de varios de sus compañeros de cautiverio, entre ellos el de Analía Minetti, quien está desaparecida y es una de las víctimas fatales de la causa por la que se lleva adelante el juicio. También mencionó a un hombre de apellido Filippini que “era bogado de la esposa de un policía que se estaba separando, y eso le costo que lo metieran junto con nosotros”.<br /><br />El testigo indicó que fue varias veces interrogado, tanto por los jefes del SI, como Feced y Guzmán Alfaro, como por otro grupo de seis o siete personas entre las que reconoció a varios de los implicados en el secuestro y desaparición de Brandazza. Entre las tremendas sesiones de golpes y aplicación de picana eléctrica que sufrió, Carranza escuchó que los torturadores le recordaban su pasado como integrante de la Comisión Investigadora Bicameral.<br /><br />“Recuerdo que uno de los que me rodeaban ‒rememoró Carranza‒, estando yo vendado y maniatado me dijo: «yo vine de muy lejos para este encuentro». Y otro me dijo: «sabes quien soy el que venía en el Tirsa». Ese era Ángel Jesús Farías, posiblemente el más pusilánime de los que yo investigue. Ahora reaparecía con el gobierno militar. Lo habíamos detenido cuando iba en un colectivo Tirsa a la altura de Villa Constitución”.<br /><br />“En algunos interrogatorios pretendían que yo dijera que Carmen Lucero era montonera y usaba armas. Carmen era hija del diputado Juan Lucero. Tenía apenas 16 años”, afirmó el testigo.<br /><br />Carranza hizo un señalamiento especial con relación a Carmen Lucero, que con “sus 16 años soportó con entereza y gran dignidad la tortura”. El testigo aseguró que a ella la secuestraron por ser la hija del “Chancho” Lucero”. También recordó a “Adrián Sanchez de 16 o 17 años, y a otro muchachito, Bas y Mansilla, de la misma edad. Estaba también Juan José Mattos, y había un sacerdote tercermundista, creo que era el cura García que lo habían secuestrado junto con su compañera y lo mortificaban constantemente”.<br /><br />Además refirió que “estaban la pareja el Cady (Ricardo Chomicky uno de los imputados del juicio) y Victoria que militaban en la JUP, tenían un par de años mas de Carmen y ese grupo, y los habían quebrado totalmente y los usaban para secuestrar y torturar a otros”.<br /><br />Entre los represores que pudo identificar, Carranza mencionó a Kunfú, Kunfito, Managua, el Pelado o Sargento (Ramón Vergara, otro de los imputados), el Cura (Mario Marcote) y el Ciego o Menguele (José Lo Fiego), Agustín Feced y Raúl Guzmán Alfaro.<br /><br />Carranza hizo otro alto para hacer una referencia sobre el “Pollo” José Baraballe, otro secuestrado ‒sindicado por varios de los sobrevivientes como colaborador‒ “a quien la tortura había quebrado”. El testigo dijo que “aunque ya esta muerto, siento la obligación de decir que lo conocí en la Favela y en el Sótano, y me confeso lo que había hecho. Me dijo que en su grupo de militancia tenían establecido que a 48 horas de haber sido secuestrado un militante, el resto debían levantar todas las direcciones que este conocía. Baraballe era un ser atormentado que trataba de ayudar a los que allí estábamos, como llevarnos al baño. Cuando pasaban cerca los zapatos del Pollo, podíamos pedir agua o ir al baño, cuando pasaban otro podíamos recibir patadas”.<br /><br />Carranza relató el calvario que sufrió su familia durante su encierro. Puntualizó que luego de su cautiverio en el SI, fue trasladado al penal de Coronda, y que a los cuatro meses recuperó la libertad, previo paso el Comando del Segundo Cuerpo de ejército, donde el general Leopoldo Galtieri decidía sobre la vida y la muerte de los hombre y mujeres de cinco provincias.<br /><br />Al cierre de testimonio, pausado, repleto de fechas, nombres y referencias precisas, de Elías Carranza, el juez que presidía el tribunal, Otmar Paulucci se despachó con un saludo para el testigo que sorprendió a varios de los presentes. “Quiero decirle en lo personal, que siento un gran orgullo de haberlo conocido”, afirmó el magistrado. Luego de la despedida, en la sala estallaron los aplausos.<br /><br />El juicio tiene como imputados al ex titular del Segundo Cuerpo, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Carlos Scortechini, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Rubén Lo Fiego; y al civil acusado de complicidad con la dictadura Ricardo Miguel Chomicky.<br /><br />El “aguante”<br /><br />Afuera, los testigos, querellantes y personas que día a día hacen el “aguante” del juicio, esperaban a Elías para abrazarlo y saludarlo. Uno de los encuentros más emocionantes fue el que se dio con Carmen Lucero.<br /><br />Un texto de Carranza para El Diario del Juicio<br /><br />En un corto cruce de palabras que Elías Carranza tuvo con Redacción Rosario, reconoció haberse olvidado de decir algunos detalles que hubiera querido mencionar, y refirió que antes de su declaración se había tomado el trabajo de escribir una síntesis de lo que pretendía declarar. Redacción Rosario, le ofreció su web y el blog El diario del Juicio (editado por Redacción Rosario y El Eslabón, donde se pueden encontrar todas las crónicas de la causa Díaz Bessone), para publicar ese texto que en este link se puede leer. <br /><br />Podés leer toda la cobertura del juicio Díaz Bessone en El Diario del Juicio. <br /> </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-8167055174245981163?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-79042154668660845582011-04-05T22:08:00.000-07:002011-04-05T22:10:34.755-07:00El viernes 18 de febrero de 1977 regresando en mi automóvil a mi casa, desde los Tribunales Provinciales donde trabajaba, me rodearon otros automóviles y fui secuestrado en la calle Boulevard Oroño entre Córdoba y Rioja. Me vendaron los ojos, me ataron las manos, y fui llevado al entonces Servicio de Informaciones en la Jefatura de Policía, en la esquina de San Lorenzo y Dorrego, donde estuve un mes en total y posteriormente algo más de tres meses en la cárcel de Coronda. Durante el tiempo que me mantuvieron en la Jefatura me pusieron electricidad en el cuerpo (picana eléctrica) y me golpearon muchas veces entre varias personas que me daban patadas y puñetazos, estando yo siempre con las manos atadas y los ojos vendados. <span class="fullpost"> <br />En el Servicio de Informaciones estuve en la llamada “favela”, que era un entrepiso de madera, también estuve en la habitación que había debajo de la favela, y posteriormente en el sótano o “pozo”. En tales lugares estuve con muchas otras personas también secuestradas, a algunas de las cuales las mataron, o desaparecieron.<br />En junio me pusieron en libertad, pero antes me advirtieron que me liberarían pero me darían un tiro en la nuca. <br />Permanecer en el país se hizo difícil para nuestra familia, y el 26 de febrero de 1978 nos exiliamos en Costa Rica, donde actualmente residimos.<br />Ya en el exterior, el 13 de julio de 1984, en Ottawa, en la Embajada Argentina en Canadá, respondiendo a la convocatoria de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas creada por el gobierno constitucional que presidió el Dr. Raúl Alfonsín denuncié los hechos para que fuera remitida mi declaración a dicha Comisión, y para que ésta la remitiera oportunamente a la justicia. Lo hice acompañado del entonces Secretario de Derechos Humanos Doctor Horacio Ravena, y posteriormente en compañía del Dr. Emilio Mignone la entregamos también a los fiscales Strassera y Moreno Ocampo, pero no se tramitó ante la justicia en aquél momento porque en ese entonces se juzgó solo a las cúpulas de las tres armas que habían asumido el Gobierno de la Nación luego del golpe militar. <br />Posteriormente fuí llamado a declarar ante el Juez Baltazar Garzón, quien investigaba casos de víctimas de nacionalidad española, particularmente la desaparición de la familia Labrador. Declaré ante él en Madrid. <br />Como pasaron casi 35 años desde los hechos, me guío en esta declaración por la que hice en 1984 para ser remitida a la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, sin perjuicio de ampliar o aclarar lo que el Tribunal considere necesario.<br />En mi caso, el secuestro y la tortura de que fui objeto se produce como un acto de venganza por la función que me correspondió desempeñar en la Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Torturas de la H. Legislatura de la Provincia de Santa Fe, comisión que se creó en 1973 para investigar este mismo tipo de delitos que hoy se investigan, pero ocurridos durante el régimen militar que comenzó con el General Onganía y terminó en 1973 con el General Lanusse. <br />Es necesario hacer una breve referencia al tema de dicha comisión investigadora, porque tiene directa relación con mi posterior secuestro, y porque personas involucradas en estos mismos delitos cometidos durante el gobierno militar que entregó el poder en 1973, reaparecen en el golpe militar de marzo 1976, y reaparecen en oportunidad de mi secuestro.<br />El 27 de julio de 1973 la Cámara de Diputados de la Provincia creó la Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Torturas, que funcionó durante un año. Estaba integrada por diputados y senadores de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, y tuvo dos sedes, una en Santa Fe, y otra en Rosario. La de Rosario estuvo presidida por el diputado Juan Lucero del Partido Justicialista, actuando como secretario el diputado Rubén Martínez del Partido Unión Cívica Radical. En la sede de Rosario fui designado para trabajar. <br />La Comisión necesitaba personal que tuviera conocimiento en investigación de delitos, y trabajando yo en esa materia en el Juzgado de Instrucción de la 3ª. Nominación, la Asamblea Legislativa solicitó a la Corte Suprema de Justicia que me cediera para tal fin durante el tiempo que funcionaría la Comisión, a lo que la Corte accedió, asignándome para dicha función, y cediendo también un espacio físico para el funcionamiento de la Comisión en la planta baja del edificio de Tribunales que se encuentra frente al Parque Independencia. <br />El caso más notorio que investigó la Comisión fue el que tuvo como víctima a Angel Enrique Brandazza, desaparecido en Rosario el 28 de noviembre de 1972, joven trabajador y estudiante de Ciencias Económicas de 23 años de edad a quien el Comando SAR, Sub-Área Rosario, integrado por militares, gendarmes, policías federales y provinciales, secuestró y torturó con la picana eléctrica hasta que se les murió, y fondearon su cuerpo en el Río Paraná. Fue un caso de gran notoriedad pública en ese entonces, pero que poco después, durante el siguiente golpe militar, se multiplicaría por treinta mil.<br />Tanto el diputado Lucero como el diputado Martínez trabajaron con gran empeño y compromiso, y logramos identificar a los autores, que pertenecían a las fuerzas que integraban el comando SAR, logramos detener a varios de ellos, tomarles declaración, reunir los elementos de prueba, y trasladar el expediente al Juzgado Federal en turno en este mismo edificio. El trabajo de la Comisión fue ejemplar, y su informe final fue aprobado con un voto de aplauso en la Asamblea Legislativa de la Provincia y en la Cámara de Diputados de la Nación. <br />Logramos establecer que quien aplicó la picana eléctrica a Brandazza hasta causarle la muerte fue el entonces Coronel Luis Alberto Sarmiento, en la entonces seccional 5ª de la Policía de Rosario sita en la calle Dorrego, donde lo tenían secuestrado. Asimismo, determinamos que con diversos grados de participación tenían responsabilidad penal varios integrantes del comando SAR: el General Elbio Leandro Anaya, el General Juan de Dios del Perpetuo Socorro Carranza Zavalía, el Coronel Vilanova, los mayores Gigena y Bonifacino, el Sargento Ayudante Emilio Letto, el gendarme Gamboa; los policías federales Cabo Peregrino Luis Gallardo (alias Jopito), Subinspector Jorge Roberto Ibarra (alias Calculín), Cabo Primero Atilio Gerla (alias Costurera), los agentes Hugo José Bellet y Rubén Felipe Fernández; y los integrantes de la Policía Provincial Oficial Ayudante Ovidio Marcelo Olazagoitía, Oficial Subinspector Alberto Máximo Grandi, Cabos Rubén Oscar San Juan y Gregorio Prieto, y agente Angel Jesús Farías. <br />La Comisión, sus integrantes y colaboradores fuimos objeto de varios atentados y amenazas durante su funcionamiento, luego de su funcionamiento, y durante el período del último gobierno militar.<br />Durante el funcionamiento de la Comisión, en una oportunidad ametrallaron las ventanas de nuestra sede en el edificio de Tribunales; en otra dispararon contra nuestro automóvil, y en otra oportunidad pusieron una bomba en el auto al que íbamos a subir, que explotó destruyendo e incendiando tres vehículos estacionados en hilera. Pero el más grave de los hechos ocurridos durante el funcionamiento de la Comisión fue el secuestro y asesinato del abogado Felipe Rodríguez Araya y del Procurador Lescano, quienes habían colaborado aportando con su firma datos muy valiosos para esclarecer los hechos que investigábamos.<br />Varias veces ametrallaron la casa de Juan Lucero, presidente de la Comisión, y el día del golpe militar de marzo de 1976 entró una patota a su casa secuestrándolo, y aunque posteriormente se oficializó su privación de libertad permaneció encarcelado durante más de cinco años a disposición del Poder Ejecutivo.<br />Junto con Lucero secuestraron a Santiago Harte, entonces funcionario de estos tribunales federales confundiéndolo con mi persona, a quien soltaron poco después.<br />Los “grupos de tareas” que hacían los operativos y secuestros entraron en tres oportunidades a buscarme a las oficinas de mi padre, de quien tengo su mismo nombre y apellido, y cayeron también en horas de la noche buscándome en el departamento en el que él vivía. <br />Increíblemente, el mismo General Latella Frías, militar de Intendencia, abogado, quien era el interventor en el Poder Judicial, me advirtió que corría peligro. Entre las funciones del General interventor estaba la de cesar en sus funciones a los funcionarios que el régimen militar determinara, y los policías enemigos de la Comisión promovieron mi cesantía e inclusive pidieron mi captura poniendo mi nombre en el orden del día de la Policía de la Provincia, lo que me obligó a alejarme de la ciudad por un tiempo. La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial me consiguió una entrevista con el interventor, a quien uno de los gremialistas conocía, tenía buen concepto de su persona y pensaba que si me escuchaba y recibía la información correcta me dejaría en mi puesto. Preparé entonces un detalle de las causas penales que me había correspondido investigar tanto en el Juzgado de Instrucción de la 3ª Nominación como durante mi función en la Comisión Bicameral, en las que había policías imputados, y le expliqué al interventor los motivos por los que estas personas pedían mi cesantía. El general me dejó en mi puesto, se levantó mi orden de captura y continué trabajando. Pero poco después de nuestra entrevista me llamó por teléfono al Juzgado de Instrucción de la 3ª. Nominación y me dijo textualmente “cuídese de la policía y de su seguridad”, como diciendo: yo lo he dejado en su puesto, pero no puedo hacer más que eso.<br />Fue una época alucinante. Con mi esposa embarazada de nuestra tercera hija y nuestras hijas de cinco y diez años cambiábamos constantemente de domicilio, gracias al apoyo de amigos y de mis hermanos que trabajaban como corredores de propiedades inmuebles. Nos levantábamos temprano, llevábamos las nenas a la escuela, e ibamos a trabajar a los tribunales. Como parte de mis funciones yo llamaba por teléfono a la Jefatura de Policía o a alguna comisaría para que me trajeran a las personas detenidas a quienes tenía que tomar declaración o practicar con ellas alguna diligencia, trabajaba hasta la una de la tarde, y cuando cerraban los tribunales salía alternando las cuatro puertas que tiene el edificio para evitar mi secuestro.<br />El 30 de diciembre de 1975, casi tres meses antes del golpe militar, al abrir a la mañana temprano la puerta de nuestro departamento ubicado en el piso 10 de la calle Santa Fe 2141 entre Boulevard Oroño y Balcarce, encontramos en el suelo, frente a nuestra entrada, un volante impreso titulado “Parte de Guerra Número 1”, que suscribían la Alianza Anticomunista Argentina, el Comando Libertadores de América y el Comando de Fuerzas Conjuntas que decía que se habían reunido en Córdoba el día anterior, 29 de diciembre, y habían decidido ejecutar, previo juicio sumarísimo y en el lugar en que se los hallare, por el bien de nuestra Patria a los integrantes de ... y enumeraba una lista larguísima de entidades y funciones en las que detectarían a las personas a eliminar.<br />Finalmente, el viernes 18 de febrero de 1977, aproximadamente a la una y quince de la tarde, habiendo salido de mi trabajo como Oficial Principal del Juzgado Tercero de Instrucción y conduciendo mi automóvil en dirección a mi casa por el Boulevard Oroño, llegando a la esquina de Córdoba mi automóvil fue bloqueado por otros tres, uno que se instaló delante mío, otro cerca de mi costado izquierdo, y otro que se detuvo detrás mío, y que posiblemente también pertenecía a los secuestradores. Se bajó un individuo que me encañonó con una pistola, me hizo correr al asiento del acompañante, ocupó mi lugar en el volante y arrancó doblando por San Lorenzo hacia Balcarce. En esa esquina me cambiaron a un automóvil Peugeot, creo que de color marfil, donde uno que iba en el asiento de atrás, me encañonó con una pistola en la cabeza, haciéndome recostar boca arriba con la cabeza sobre sus rodillas y me vendó los ojos con mi corbata. Me condujeron a la Jefatura de Policía de Rosario, al local del Servicio de Informaciones.<br />Por mi función yo conocía bastante bien la Jefatura de Policía, ya que durante mucho tiempo luego del traslado de los Tribunales Provinciales a su nuevo edificio en Av. Pellegrini, y hasta que se puso en funcionamiento la Alcaldía propia de Tribunales sita en el subsuelo, muchas diligencias con presos, sobre todo reconocimientos en rueda de personas, íbamos a hacerlos allí, a la Alcaidía Central. De modo que de inmediato supe dónde me encontraba. <br />A pesar de la odisea que viví, y vivió mi familia, considero que tuvimos mucha suerte, sobre todo comparando con tantas personas que en ese mismo lugar sufrieron torturas horribles, muchas de las cuales desaparecieron para siempre.<br />Ese día venía a nuestra casa un carpintero italiano amigo de la familia, que nos tenía que instalar un placard y a quien habíamos invitado a almorzar. Mi esposa Rita Maxera, al ver que yo no llegaba comprendió inmediatamente que algo malo había ocurrido porque ese día yo debía llegar temprano, y llamó por teléfono al entonces juez de Instrucción Ramón Teodoro Ríos, actualmente juez de la Cámara de Apelaciones de la Justicia de la Provincia, quien se comunicó con la Jefatura logrando determinar que yo estaba allí. Con la llamada de Teodoro Ríos quedó establecido que yo estaba en poder de la policía en el Servicio de Informaciones, lo que daba cierta seguridad a mi situación, si bien mi esposa pudo verme recién a los casi cuatro meses de mi secuestro, y comprobé en mi persona los delitos que antes habíamos investigado con la Comisión Bicameral.<br />En mi misma situación se encontraban en el Servicio de Informaciones numerosas personas del sexo masculino y femenino. Durante el mes que estuve en ese lugar (antes de ser trasladado a la cárcel de Coronda) calculo que nunca habrá habido, en las reducidas oficinas en las que yo estaba, menos de treinta personas secuestradas en promedio, ya que la cifra oscilaba, traían gente nueva, y a otros, luego de tenerlos allí y torturarlos salvajemente, un buen día se los llevaban y no volvíamos a verlos. En otros casos, se hacían traslados oficializando la situación de secuestrados, como cuando yo fui trasladado a la cárcel de Coronda. <br />Las sesiones de tortura con picana eléctrica y golpes en el Servicio de Informaciones eran constantes, y todos los que allí estábamos vivíamos la angustia de ver que se llevaban a alguno que estaba sentado en el suelo al lado nuestro y luego escuchábamos sus espantosos gritos durante tiempos muy prolongados, o a veces oíamos los gritos desgarradores de personas que no sabíamos quienes eran. Pienso que los vecinos de la Jefatura de Policía que vivían sobre las calles San Lorenzo y Dorrego tendrían que escuchar también seguramente, ya que recuerdo que en una oportunidad en que ya estábamos en el sótano, que tenía unas pequeñas ventanas al nivel del suelo que dan a la calle, estuvimos un rato muy largo en silencio todos los que allí estábamos, oyendo los espantosos gritos de una mujer torturada, que advertimos que salían por alguna de las ventanas que dan a la calle en el primer piso del edificio, y entraban por la otra ventana del sótano desde donde escuchábamos nosotros. El acceso a estas dos calles era muy restringido, y siempre estaban sus veredas bloqueadas por vehículos policiales y particulares para uso policial.<br />En el primer nivel de esa parte del edificio, que es como una planta baja elevada, o un primer piso no muy alto al que se accedía por una escalera pequeña estábamos solamente gente vendada, sentados en el suelo. No se permitía hablar ni quitarse la venda, cosa que nadie osaba hacer aunque teníamos las manos libres. Al inicio, y durante varios días, me ataron las manos adelante con una soga, que después me quitaron.<br />Arriba de este primer piso, había un entrepiso con suelo de madera al que se accedía por una escalera también de madera, llamado “la favela”, donde también había gente vendada. Me tuvieron en ese lugar cerca de dos días, luego me bajaron al primer nivel donde estuve sentado en el suelo otros doce días, catorce días vendado en total, hasta que finalmente me bajaron a un sótano o subsuelo donde la gente tenía ya los ojos libres, aunque en dos oportunidades me volvieron a tabicar (vendar) y me llevaron con un grupo de unos diez, en un camión, hacia afuera de la ciudad. Esto ocurrió en oportunidad de la visita que hizo al país la Cruz Roja Internacional, hacia fines de febrero o principios de marzo. En esa ocasión, una madrugada, como a las cuatro de la mañana, ya estando en el sótano y sin los ojos vendados, apareció uno de los guardas y dijo “fulano, fulano, fulano y fulano, con tabique, suban”. El pronóstico de lo que ocurriría no era bueno al ver que a quienes llamaban de esa manera y a esa hora para salir con “tabique”, éramos los que estábamos más marcados por los golpes y la tortura y los que ellos llamaban “la pesada”. Nos pusieron a unos ocho o diez boca abajo en un camión, que creo que era verde oliva como los del ejército, no estoy seguro, con dos o tres hombres con las ametralladoras sobre nuestras cabezas. El vehículo arrancó. Dos días seguidos ocurrió esto, tiempo durante el cual nos decían que nos llevaban para ejecutarnos, que íbamos a morir “en un enfrentamiento” y cosas así. <br />Iba con nosotros una chica jovencita, muy torturada, que se quejaba mucho y posiblemente por su ansiedad necesitaba comunicarse, y pedía agua. Uno de los de las ametralladoras le dijo que se callara, que pronto tomaría bastante agua en el río con los pescados. Por la información que me dio sobre Alicia Minetti su padre tiempo después, quien la buscaba angustiado, deduje que era ella quien iba con nosotros. Su cuerpo nunca apareció. Así estuvimos muchas horas, todo el día hasta la noche, boca abajo y con tabique, en el camión que a ratos caminaba y a ratos se detenía. Estábamos sobre un charco de orines porque no nos permitieron levantarnos y salir del camión a orinar, y algunos no pudieron aguantar, hasta que nos trajeron de regreso al sótano.<br />En el sótano dormíamos todos en el piso, como en una gran cama. A la noche siguiente se me acercó gateando el doctor Filippini, un abogado a quien habían secuestrado por ser el abogado de la esposa de un policía que tenía un pleito de separación o divorcio con su marido, y me dijo en voz baja “Carranza, los van a sacar de nuevo, pero no te preocupés que es porque viene la Cruz Roja Internacional”. Ese día lo habían sacado a Filippini para hacer un trámite judicial y mientras lo llevaban en un automóvil, escuchó lo que conversaban los custodios. Saber eso era importante, porque el operativo tenía todas las características de los fusilamientos que luego aparecían en los periódicos como “muertos en un enfrentamiento”. Cuando pude pasé la información a los demás, porque podía ocurrir que durante el viaje alguno tratara de escapar y le aplicaran la “ley de fuga”. Nos sacaron nuevamente boca abajo en el camión a la madrugada, y regresamos nuevamente a la noche. Después ocurrió que la Cruz Roja, que había venido al país para inspeccionar los lugares de detención del gobierno militar, inspeccionó otros lugares, pero no llegó a Rosario como se creía que ocurriría. De todos modos se había organizado el escenario previendo la visita. <br />El mismo día de mi secuestro y a poco de llegar al Servicio de Informaciones, fui interrogado por primera vez, siempre con los ojos vendados, en la oficina del Jefe del Servicio, por el mismo Jefe de Policía de Rosario, Comandante Mayor de Gendarmería Agustín Feced y por otras personas entre las que estaba Guzmán Alfaro. En esa oportunidad, solamente me dieron varias trompadas en el estómago. Antes de entrar a esa oficina, y después nuevamente, me tuvieron parado en un rincón a la entrada, en la guardia, donde uno hacía girar un tambor de revólver sobre mi oído, gatillando como si fuera a disparar sobre mí sien.<br />Los interrogatorios eran bastante elementales en mi caso, ya que más bien se limitaban a provocarme por haber sido el sumariante de la Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Torturas. Pretendían que reconociera que era un ideólogo de la guerrilla y cosas así, pero no había nada concreto que pudieran preguntarme o que yo tuviera que decirles. Pretendieron que dijera que en oportunidad de un operativo en una casa realizado en Alberdi yo había ocultado un mimeógrafo. <br />Luego de eso fui interrogado de la misma manera en una oficina ubicada enfrente de la del Jefe del Servicio de Informaciones. Esto ocurrió a los dos días aproximadamente. En ésta oportunidad un individuo se limitó a darme trompadas en la cara y hacerme amenazas verbales en nombre de los torturadores a quienes habíamos investigado con la Comisión Bicameral. También pretendían que dijera que la hija del Diputado Juan Lucero era montonera, y que manejaba armas de fuego. <br />Carmen Lucero, que en ese entonces tenía apenas dieciséis años, también fue secuestrada en esos días y salvajemente torturada con la picana eléctrica. Nos sentaron juntos en el suelo en el primer piso del Servicio de Informaciones, y luego estuvimos con muchas personas más en el sótano. <br />En esta segunda oportunidad, me interrogaron dos personas, una que me golpeaba, y otra que escribía en una máquina de escribir. En la tapa del escritorio del que escribía pude ver -por debajo de mi venda, ya que yo estaba de pie y veía algo por las cavidades que se forman al lado de la nariz- una cruz esvástica grande, grabada sobre la madera con un elemento cortante, como las cosas que a veces grabábamos en los pupitres en la escuela secundaria.<br />La tercera sesión estuvo nuevamente presidida por el Jefe de la Policía de Rosario. Esto fue en una oficina más grande, también ubicada en frente de la del Jefe pero más hacia el fondo del pasillo. Había muchas otras personas en la habitación, sobre todo policías que habían sido investigados por nosotros con la Comisión Bicameral. Entre ellos reconocí a Alberto Máximo Grandi, quien continuaba en funciones en la Policía de la Provincia. La sesión fue similar a las anteriores. Tuvo el carácter de una especie de satisfacción personal que ellos querían tener, ya que no había cosas concretas que imputarme o preguntarme. No obstante, la sesión duró creo que como una hora, aunque el Jefe de Policía en este caso no permitió que me pusieran en “la máquina” como otros querían, ni que me golpearan severamente. En un momento dado, inclusive, advirtió por lo bajo a uno de sus subordinados que tuviera cuidado, que conmigo no había “ley de fuga”.<br />En el caso particular de Guzmán Alfaro, con él tuve una sesión en su oficina conversando sin venda (sin “tabique” como ellos decían). Esto fue durante la primera semana de mi secuestro. Me llamó a su oficina, me hizo sacar la venda, me sentó frente a su escritorio y conversó conmigo unos quince minutos. Luego me vendaron nuevamente, y me llevaron a mi lugar en la otra habitación. <br />Al día siguiente, o un par de días después de este diálogo, hubo una cuarta o quinta sesión, nuevamente en la oficina de Guzmán Alfaro, en la que fui lanzado en medio de un grupo de 7 u 8 personas y golpeado brutalmente a trompadas y puntapiés, en la cara, el pecho y zona baja, cubriéndome yo siempre los testículos con las manos. Me pusieron la picana eléctrica en el pecho y me decían “¿Así que ustedes investigaban esto?” Los golpes me produjeron hematomas en la cara, especialmente en la nariz y ojos. Los ojos me quedaron completamente cerrados por la hinchazón, de manera que durante varios días cuando me quitaron el tabique y me bajaron al sótano, para ver tenía que abrirme los párpados suavemente con las manos. Se me produjeron derrames en los globos de los ojos, además de abundante sangre que perdí por la nariz y por las cejas en las que los golpes me produjeron cortes. <br />Recuerdo que uno de los que me rodeaban estando yo vendado y maniatado, antes de golpearme me dijo “yo vine desde muy lejos para este encuentro”, y un tercero, cuando me estaban sacando ya de esa habitación, me dijo en voz baja al oído “¿sabés quien soy? El que venía en el TIRSA”, y me dió un último golpe en la cara. Reconocí entonces la voz de Angel Jesús Farías, posiblemente el más pusilánime de quienes había investigado la Comisión Bicameral, que necesitaba que yo supiera que era él el que me golpeaba. Había tenido cierta participación en el caso Brandazza durante el anterior gobierno militar, y ahora reaparecía nuevamente al servicio del nuevo gobierno militar. Lo habíamos detenido con la Comisión a la altura de Villa Constitución en oportunidad en que él viajaba en un ómnibus de la línea TIRSA regresando de Villa Gesell a Rosario.<br />Esta sesión irónicamente resultó ser un “juicio” según me dijeron, pues nos hacían pasar a los que allí estábamos de a uno, con los ojos vendados, a la oficina en la que nos dijeron que un Capitán del Ejército nos iba a juzgar. Al despedirnos de tales sesiones nos decían verbalmente el número de años que nos habían impuesto como “condena”. A mí me dijeron un número bajo, que me habían puesto dos años. Aunque esta fue la sesión en la que se habló menos y prácticamente se limitaron a golpearme y picanearme. Lo del juicio era evidentemente una burla.<br />A los catorce días me quitaron la venda de los ojos y me pasaron, desde el lugar del primer piso en el que me encontraba, al sótano, ubicado debajo de esa misma esquina, en el que estábamos aproximadamente 25 prisioneros cuyo número oscilaba a lo largo de los días. Muchos de los que allí estaban conmigo habían sido muy torturados. Recuerdo dos que tenían en varias partes del cuerpo llagas que supuraban, producidas por el exceso de picana eléctrica y creo que de cigarillos. No recuerdo bien su apellido, creo que uno de ellos se llamaba Arce, pero no estoy seguro. Luego fue trasladado a Coronda conmigo, aunque a otro pabellón. Temo equivocarme en este apellido. Entre todos los que allí estábamos nos curábamos como podíamos, ya que no teníamos elementos con que hacerlo y las condiciones de higiene eran malas.<br />A los treinta días aproximadamente, junto con otras 17 personas del sexo masculino me trasladaron a la cárcel de Coronda, adonde llegamos luego de un viaje muy angustiante, porque nos trasladaron dentro de un furgón metálico completamente cerrado, apretados cuerpo contra cuerpo y sintiendo que nos asfixiábamos por la falta de aire, pues metieron dentro del furgón supongo que tres veces su capacidad.<br />A los tres meses y medio por primera vez pudo verme mi esposa y otros familiares durante unos 5 minutos sin contacto físico. <br />Aproximadamente a los 4 meses de encierro, sin haber sido puesto a disposición de ninguna autoridad judicial ni recibir asistencia legal fui trasladado a la Sede del Comando del Cuerpo de Ejército II, sita en Moreno y Córdoba, de donde fui liberado junto con otras treinta personas aproximadamente. La nómina de los liberados fue publicada en el diario La Capital de Rosario, y posiblemente en otros. Creo que la soltura se produjo el 6 de junio de 1977. <br />En el acto de soltura nos dirigió un aparatoso discurso el entonces Comandante del II Cuerpo de Ejército, General Leopoldo Fortunato Galtieri, con cuyas palabras ratificó que el Comando del II Cuerpo era la cabeza de la organización que nos había secuestrado, torturado y mantenido en cautiverio. Nos hicieron formar en un semicírculo y el general nos dijo que el día estaba nublado, pero había salido un inmenso sol para nosotros; que íbamos de regreso a nuestras casas; que no debíamos decir una palabra más de lo que había pasado, mirar hacia adelante y olvidarnos de todo, y que si por alguna razón llegábamos a entrar nuevamente en una zona gris en la que volviera a existir alguna duda sobre nosotros, entonces las cosas iban a ser distintas y desapareceríamos definitivamente. <br />Antes de llevarme a Rosario para ese acto con el General Galtieri, en Coronda me sacaron de mi celda y me llevaron a una oficina donde una persona oculta tras anteojos oscuros mantuvo un diálogo conmigo y al final me dijo que me pondrían en libertad pero que me fuera del país, porque de otro modo me darían un tiro en la nuca. <br />Luego de liberado renuncié a mi cargo en la Justicia Provincial en carta explicando las razones por las que debía hacerlo y denunciando los hechos que habían ocurrido contra mi persona. <br />El Interventor del Gobierno Militar en la Provincia, Almirante Desimoni aceptó mi renuncia, pero rechazando los términos. Tuve que alejarme de la Ciudad de Rosario, tramitar los pasaportes de mi familia y el mío, que demoraron en entregarme muchos meses, razón por la cual recién el 26 de febrero de 1978 viajamos a Costa Rica con mi esposa y nuestras entonces tres hijas, que ahora son cuatro hijas y un hijo.<br />En cuanto a los compañeros y compañeras que estuvimos juntos en ese lugar, creo que todos y todas podíamos sentirnos compañeros como seres humanos en esa situación, aunque estábamos personas de muy diversas edades y extracciones laborales, políticas o sindicales. Entre las personas que estuvieron conmigo como antes dije estaba Carmen Lucero, que tenía solo 16 años, a quien secuestraron por ser la hija del diputado Juan Lucero y sometieron a torturas y vejámenes terribles, sin lograr amedrentarla ni destruir su entereza.<br />Estaba Adrián Sánchez, un muchachito que tendría también 16 o 17 años y fue trasladado conmigo en el mismo contingente a la Cárcel de Coronda.<br />Estaba también la pareja que llamaban el Cady y la Victoria, que militaban en la juventud peronista o en la Unión de Estudiantes Secundarios. Tendrían, creo, un par de años más que Carmen y Adrián Sánchez, pero los habían quebrado totalmente y los utilizaban para secuestrar, torturar e interrogar a más chicos y chicas de ese grupo político.<br />Estaba también un señor Gómez, que creo que era sindicalista. El estaba con nosotros en el sótano, y su esposa, embarazada, estaba en otro lugar de la Jefatura. Su esposa murió por el maltrato y por la falta de atención médica. La noticia nos llegó hasta el sótano, y no sabíamos como decírselo. El único que no lo sabía era él. El personal de la guardia se lo llevó sin decirle adonde iba. Cuando regresó nos contó que lo habían llevado a su casa, y al entrar se encontró con el velorio de su esposa. <br />Estaba también Juan José Mattos, que creo que era obrero de la carne, y tenía el mismo nombre y apellido que otro Juan José Mattos que estaba preso en Coronda.<br />Había también un sacerdote tercermundista, a quien la patota burlaba y mortificaba continuamente. Creo que su apellido era García.<br />También estaba con nosotros “el pollo” José Baravalle, a quien la tortura había quebrado e identificó compañeros suyos que fueron también secuestrados y torturados, y luego que lo liberaran, ya en Italia, se suicidó al enterarse que la justicia había ordenado su captura. Aunque él ya está muerto, y no se lo podrá judicialmente condenar, ni absolver, siento la obligación de referir lo que yo ví, y viví, de su actuación en ese infierno. Yo no lo conocía a José Baravalle. Lo conocí en la favela y en el pozo. Conocía sí a un hermano suyo abogado, y por relaciones familiares y sociales el pollo más o menos sabía quien era yo, y yo más o menos sabía quien era él. <br />Era de una generación muy posterior a la mía, creo que de unos diez años menos que yo. En el pozo él sintió la necesidad de contarme, de confesarse con alguien, diciéndome lo que había hecho. Me contó que el grupo en el que militaba tenían establecida la norma de que si alguno no se reportaba en un lapso creo que de 48 horas sus compañeros tenían que alertarse y cambiar de domicilio. Me dijo que había resistido la tortura mucho más que eso, como quince días, y luego no había podido aguantar más, y dio nombres de compañeros, que fueron secuestrados. Tenía mucha angustia y dolor, y a diferencia del Cady y la Victoria, a quienes se los veía muy cómodos en su rol de colaboradores de quienes secuestraban y torturaban, Baravalle era un ser atormentado que permanentemente trataba de ayudar en lo que podía a quienes allí estábamos. Ayudar podía ser algo tan nimio como guiarlo a uno con los ojos vendados hasta el baño, y luego pasar a buscarlo para llevarlo nuevamente a su rincón. Quienes estábamos vendados podíamos ver un poco los zapatos de quienes pasaban cerca, y cuando pasaban los zapatos del pollo se podía pedir agua o tratar de ir al baño. Si pasaban otros zapatos, en vez de agua o de ir al baño se podía recibir una patada. <br />En cuanto a los guardas y represores que nos tenían cautivos, identifiqué al entonces Jefe de la Policía de Rosario Comandante Mayor de Gendarmería Agustín Feced, y al entonces Jefe del Servicio de Informaciones Raúl Alberto Guzmán Alfaro, ambos ya muertos <br />Salvo las cabezas principales, todos o casi todos los que trabajaban secuestrando, torturando o vigilando víctimas tenían apodos para dificultar su identificación. Recuerdo los nombres de Kungfú, Kungfito, Managua, Juan, “El pelado” (que creo que era el mismo que “el sargento”), Lo Fiego alia “el ciego” o “Mengele”, y otro de apellido Marcote, a quien le decían “el cura”.<br />Me llamó la atención lo correcto en el trato (si cabe esa expresión en ese infierno) de uno que creo que se llamaba Diego; en aquél entonces no tendría más de 30 años, no muy alto, pelo negro lacio. Tuve la impresión de que no estaba muy de acuerdo con lo que allí pasaba, pero supongo era de un rango bajo en el escalafón, y nada podía hacer para impedirlo.<br />Como antes dije, en la cúpula de la responsabilidad por los delitos que se investigan estaba el Comandante del II Cuerpo de Ejército General Leopoldo Fortunato Galtieri, lamentablemente también ya muerto. Similar responsabilidad que Galtieri tendría en otras causas similares -aunque no en mi secuestro específico- el General Ramón Genaro Díaz Bessone, quien precedió a Galtieri como Comandante del II Cuerpo de Ejército. Cabría determinar la responsabilidad de Díaz Bessone en los atentados y amenazas de que fuimos víctimas antes de que me secuestraran.<br /> Cabría asimismo determinar la responsabilidad de otros implicados, como el entonces Mayor Fernando Soria, que era quien en el Comando del II cuerpo llevaba los legajos de las personas secuestradas, torturadas y eventualmente asesinadas. Mi esposa, al igual que muchos familiares de otros secuestrados, se entrevistó con él en más de una oportunidad haciendo gestiones para mi liberación.<br />Traté de hacer una síntesis de los hechos principales que podía poner en conocimiento del Tribunal. Quedo a su disposición para ampliar o para lo que fuere menester.<br />-----------------------<br /><br />Los crímenes que juzga este Tribunal en esta causa son crímenes imprescriptibles de terrorismo de Estado, considerados de lesa humanidad, y cometidos de manera organizada y sistemática utilizando para ello las instituciones estatales. Hay que notar que las listas y legajos de las personas secuestradas y desaparecidas se encontraban en el Comando del II Cuerpo de Ejército, y que las personas secuestradas eran alojadas y torturadas en las instalaciones del Servicio de Informaciones sito en el edificio de la Jefatura de Policía y de la Gobernación de la Provincia.<br />Pronto hará cincuenta años que llevo trabajando en la justicia penal, primero en la justicia de instrucción en la ciudad de Rosario, y desde hace más de treinta años en el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Trato al Delincuente ILANUD.<br />“La justicia penal es como las víboras, muerde a los descalzos”, supo decir el Obispo Casaldáliga, en una frase que sintetiza algo harto verificado por la criminología y la sociología criminal: que las personas que tienen mucho poder logran en gran número evadir la justicia con impunidad, mientras por el contrario la justicia penal castiga de manera desproporcionada a los más débiles.<br />Trabajando por mi función en esta materia en toda la región de América Latina y el Caribe, y teniendo asimismo la oportunidad de conocer también el funcionamiento de la justicia penal en países de otras regiones del mundo, puedo observar que en un momento internacional muy difícil, nuestro país durante los primeros años del advenimiento de la democracia y en la actualidad durante el curso de los últimos diez años, ha hecho de la función de la justicia penal en los casos de delitos de lesa humanidad una política de Estado. El país está produciendo una justicia penal más justa, y sentencias de la Corte Suprema de Justicia son citadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.<br />Y afianzar la justicia es tan importante para afianzar definitivamente nuestra democracia y una sociedad con menos violencia, en la que los hechos que hoy juzga este tribunal no se vuelvan a repetir. <br />Aunque sin duda es mucho lo que queda por hacer, estoy convencido que el país va por buen camino. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-7904215466866084558?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-34395676625231129152011-04-04T16:29:00.000-07:002011-04-04T16:35:42.276-07:00El secretario de Derechos Humanos de la CGT y titular del gremio de los Judiciales, Julio Piumato, declaró este lunes ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario, en el marco del juicio contra la patota de Feced, y apuntó que la actual integrante del TOF2, Laura Inés Cosidoy, “cuando era defensora oficial durante la dictadura, les decía (a los detenidos) que era amiga del general (Leopoldo) Galtieri, que era por entonces comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, con quien comía asados muy usualmente”. Además el dirigente indicó que “el objetivo de la represión en la Argentina fue garantizar la implementación del programa económico de (el ex ministro de Economía José Alfredo) Martínez de Hoz”.<span class="fullpost"><br /><br />Piumato declaró el mediodía de este lunes ante la justicia federal rosarina en el marco de la causa Díaz Bessone, que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detenciones que funcionó en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía local.<br /><br />El dirigente judicial fue propuesto como testigo por la defensa de la ex detenida Marta Bertolino, una sobreviviente del SI cuyo marido, el ex delegado sindical de la Sanidad, Oscar Manzur, permanece aún desaparecido.<br /><br />Piumato identificó durante su testimonio a detenidos rosarinos que compartieron cárcel con él en La Plata, adonde habían sido trasladado cuando “levantaron” el penal santafesino de Coronda, a mediados de 1979, antes de la llegada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo el secretario de la CGT.<br /><br />“El objetivo de la represión en la Argentina fue garantizar la implementación del programa económico de (el ex ministro de Economía José Alfredo) Martínez de Hoz”, indicó Piumato, y para eso era necesario “evitar la resistencia de los trabajadores a ese programa”, agregó .<br /><br />En su testimonio, el titular del gremio de Judiciales reconoció a los detenidos-desaparecidos José Aloisio y Eduardo Nasini, quienes fueron trasladados de la cárcel santafesina de Coronda a mediados de 1979 a La Plata, donde él estaba detenido, rememoró.<br /><br />“Yo compartí prisión con Aloisio y otra gente de Rosario, fue allá por el 79, porque ante las denuncias que había en el exterior fueron levantadas las cárceles del Segundo Cuerpo ante de llegada de la CIDH, que vino en septiembre del 79”, narró el dirigente gremial.<br /><br />“A mediados del 79 se levantó la cárcel de Coronda, ahí es cuando llegó gente con la que compartí el pabellón, con Aloisio y Nasini”, precisó.<br /><br />Con relación al vínculo con los dos detenidos rosarinos, Piumato dijo ante el los jueces: “Me quedaron dos cosas: escuché directamente hablar de las torturas en la Dirección de Investigaciones (por el Servicio de Informaciones), escuché los relatos de lo que era el comandante Feced (por entonces jefe de la Policía local), que era el que lideraba las patotas genocidas en Rosario, escuché un montón de situaciones alrededor de ese oscuro personaje”.<br /><br />En su relato, el dirigente también apuntó contra la actual integrante del TOF2 Laura Inés Cosidoy, de quien dijo que durante la dictadura, cuando era defensora oficial en Rosario, “les decía (a los detenidos) que era amiga del general (Leopoldo) Galtieri, que era por entonces comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, y que comía asados muy usualmente en la Quinta de Funes”.<br /><br />“Ella los incitaba, comentaban que les hacía ostentación de partes femeninas, con actitudes como seductoras y los invitaba a que colaboraban, porque si lo hacían y les daba información, ella se comprometía a interceder ante su amigo Galtieri”, añadió Piumato.<br /><br />Cosidoy se excusó en su momento de ser parte del tribunal del anterior juicio contra responsables del terrorismo de estado en Rosario, el denominado Guerrieri-Amelong, justamente por su amistad declarada con Galtieri.<br /><br />En su declaración, Piumato recordó además que fue secuestrado el 1º de junio de 1976 “junto a un grupo de delegados gremiales del Poder Judicial en la ciudad de Buenos Aires” y que permaneció “10 días en calidad de desaparecido, luego puesto a disposición de un juez y sobreseído”.<br /><br />Sin embargo, el secretario de Derechos Humanos de la CGT dijo que luego “fui sometido a un tribunal irregular y detenido hasta 1982”.<br /><br />Sobre las motivaciones del golpe del 24 de marzo de 1976, Piumato fue contundente: recordó que en 1984 se conoció una “orden de batalla del general (Roberto) Viola” en la que “con una claridad meridiana se explica cuál es el objetivo de la represión en la Argentina”.<br /><br />Y agregó: “El objetivo era garantizar la implementación del programa económico de Martínez de Hoz anunciad el 2 de abril del 76”.<br /><br />“Ese documento oficial del Ejército argentino decía que el objetivo era evitar la resistencia de los trabajadores a ese programa económico”.<br /><br />Más temprano, había declarado Marcelo Jalil, hermano del desaparecido Sergio, quien brindó su testimonio para describir el contexto que vivieron los familiares de víctimas de la dictadura en los años del terrorismo de estado.<br /><br />El caso de Jalil, cuya madre Noemí fue una de las reconocidas referentes de Madres de plaza 25 de mayo de Rosario, no forma parte de este tramo del juicio, ya que todavía se encuentra en la etapa de instrucción.<br /><br />El juicio en el que declaró Piumato tiene como imputados al ex titular del Segundo Cuerpo, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Carlos Scortechini, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Rubén Lo Fiego; y al civil acusado de complicidad con la dictadura Ricardo Miguel Chomicky. <br /> </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-3439567662523112915?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-4167755668920291262011-03-30T08:59:00.000-07:002011-03-31T09:01:04.173-07:00Las declaraciones de los ex detenidos de la dictadura, Ernesto Rueda y Juan Luis Girolami realizadas este martes, confirmaron los dichos de Marta Bertolino y complicaron más a los represores que están siendo juzgados en Rosario.<span class="fullpost"><br /><br />Rueda dio una descripción pormenorizada del momento en que el grupo que integraba fue secuestrado por el Ejército, de las torturas padecidas durante su cautiverio, de la euforia cruel con que sus captores festejaban el logro de su cacería, entre otros horrores que ponen en evidencia la participación de los acusados en el plan sistemático de represión y exterminio que llevó a cabo la última dictadura militar.<br /><br />Ernesto Rueda recordó que fue secuestrado por el ejercito las primeras horas del día el 10 de agosto de 1976 mientras estaba en la casa de su novia, María Marcela Girolami, junto con su madre Delfina, su hermano Juan Luis Girolami, el hijo de María, Marta Bertolino y Oscar Manzur, en el piso 2º del domicilio de España 344.<br /><br />“Habíamos terminado de comer hacía un rato, nos habíamos quedado de sobremesa con Juan Luis Girolami, Oscar Manzur y yo –rememoró Rueda–, estábamos terminando la sobremesa, Manzur tocaba la guitarra. Con Juan Luís era amigo desde la infancia y a Oscar Manzur lo conocía desde hacia un año y medio atrás, y lo conocí porque era compañero de la lista naranja de Sanidad, que se presentaba a elecciones. Era empleado del sanatorio Británico. Con Juan Luís nos criamos juntos en el mismo edificio y siempre fuimos amigos. Yo tenia en ese momento 19 años”.<br /><br />Rueda describía así la escena previa al momento en que todo el grupo fue secuestrado cuando se disponía a bajar del edificio para ir a tomarse el colectivo rumbo a su casa. “Bajo y estaba el ejército en la puerta del edificio –continuó–. Me hacen abrir, me preguntan de donde vengo, digo que de lo de mi novia. Van arriba al departamento, yo quede abajo apuntado”.<br /><br />“Había muchos soldados, uno o dos camiones del ejército, una camioneta Ford F100 con una ametralladora. Sube quien se identificó como del Ejército Argentino y golpea la puerta; yo escucho desde abajo. En ese momento desde la parte de atrás del edificio, en las cocheras, se escucha que habían saltado unas personas; evidentemente Marta Bertolino y Oscar Manzur”.<br /><br />“Se escuchan gritos y hacen entrar la camioneta artillada de trompa a la cochera y empiezan a disparar. Tiran tiros no se con que motivo, porque no había razón para que lo hagan. Cesan los tiros y esta pareja viene, como habían saltado, los veo ingresar por una puertita que daba a la cochera y conectaba con el palier del edificio. A Oscar lo veo rengueando y en calzoncillos, Marta no estaba bien de la caída, estaba embarazada de 6 u 8 meses”.<br /><br />El relato de Rueda a los jueces del tribunal, prosiguió: “Nos hacen subir al departamento, creo que nos hacen poner contra la pared; a Juan Luís lo veo, no recuerdo a la madre ni de mi novia, no las tengo presentes en ese acto. Luego vienen unas personas de civil al departamento en forma bastante rápida. Posteriormente nos bajan del edificio y a Juan Luís, a Oscar Manzur y a mi nos suben en un camión del ejército, boca abajo y nos trasladan a un lugar que me doy cuenta que era la jefatura de policía”.<br /><br />A partir de entonces empezó la parte más dura del testimonio de Rueda. “Ni bien llegamos nos vendan los ojos, nos atan las manos atrás, en mi caso con un cable plástico. Nos preguntan los nombres y cuando llega Oscar Manzur se nota un grado de euforia muy elevado en el personal de esa dependencia, como si hubieran hecho un hallazgo invalorable, pero a su vez se notaba que había una crueldad en la forma de festejar que tenían”.<br /><br />“Acto seguido empiezo a escuchar las torturas a Manzur, que lo habían llevado a otra habitación, eran gritos desgarradores. Lo que yo escuche que le hacían a Manzur no era igual que con el resto. Estaba en una habitación contigua, era algo tremendo. Después escuchaba que la torturaban a Marta. Yo percibía la presencia de Juan Luís al lado mío y después dejé de percibirla. Es como que nosotros estábamos en un corredor y Marta y Oscar en una sala contigua”.<br /><br />El testigo indicó que a Oscar lo escuchó “durante horas así, tanto a él como a Marta, hasta que después a Manzur no lo escuché nunca más”. Luego Rueda agregó: “ni se si habrá muerto ahí o se lo habrán llevado, pero no se, me da la impresión que por los gritos que daba, puede haber muerto ahí mismo”.<br /><br />El sobreviviente rememoró además que “a todo esto iban llegando y se escuchaban voces de otros torturados, muchos movimientos de personas”. Y señaló: “también quiero decir que empecé a perder la noción del tiempo, estaba en una sala que no había iluminación natural, estaba vendado, atado, con manos atrás del cuerpo y no se la cantidad de horas o de días, porque no nos dejaban dormir. Eso implicaba la perdida de tiempo espacio, esos eran los métodos franceses de tortura y ahí lo aplicaban a rajatabla”.<br /><br />El testigo registró, mientras lo torturaban, los sobrenombres de "el mudo y el ciego”. Rueda contó que “al ciego lo escuchaba porque era más o menos el que manejaba los interrogatorios, era una voz más bien grave y todo lo que manifestaba era de forma imperativa. No se cuanto tiempo fui torturado, con submarino, picana, golpes. También lo escuchaba a Juan Luís Girolami siendo torturado, nos torturaban un rato a cada uno”.<br /><br />El sobreviviente completó su largo testimonio recordando además a buena parte de los otros detenidos que se encontró en los otros espacios del Servicio de Informaciones, como la Favela e hizo un repaso por las distintas cárceles de la dictadura por las que fue paseado, como la “Redonda”, “Coronda” y “Caseros”.<br /><br />Luego fue el turno de el otro testigo, Juan Luís Girolami ,quien también estuvo en ese edificio de calle España, donde él vivía.<br /><br />“Yo quiero aclarar que era militante de la Juventud Trabajadora Peronista”, aclaró Girolami, y recordó que esa noche cunado los secuestraron, “uno de los miembros del ejercito dice «mira parece que agarramos unos montoneros». Uno del ejercito se comunica con alguien y dice «tenemos un grupo de personas dentro de los cuales están Oscar Manzur y a Marta Bertolino, estamos situados en tal lugar»".<br /><br />El testigo reforzó las declaraciones de su amigo, Ernesto Rueda –que había declarado minutos antes– y de Marta Bertolino, quien declaró en la audiencia anterior.<br /><br />En su testimonio narró también sobre el infierno que encontró en el Servicio de Informaciones (SI) y las terribles torturas a las que fue sometido, hasta que fue llevado al sótano, desde donde “a fines de agosto nos llevan a un grupo de 8 o 9 compañeros en un celular de la policía a la unidad de detención de calle Zeballos”. También recordó que luego fueron trasladados a la cárcel de Coronda “donde el trato siguió siendo inhumano”.<br /><br />Girolami identificó claramente a varios de los imputados de este juicio, a quienes recordó por haber participado en sus tormentos y calvario padecido en el SI. Entre los represores que señaló, nombró a los policías “Lofiego, Marcotte y Scorteccini”.<br /><br />Hacia el final de su testimonio, Girolami recordó un episodio muy doloroso que le tocó vivir en cautiverio: “En el transcurso de mi detención en Alcaidía fallece mi madre, y por orden del juez, en una ambulancia me acompaña el sargento Vergara a la casa mortuoria. Estuve dos horas, el sargento Vergara venía vestido de civil. Posteriormente al otro día fui también llevado por la misma ambulancia y el sargento Vergara al velatorio, y posteriormente al panteón de la familia donde le dieron sepultura a mi madre”. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-416775566892029126?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-48728922780143663792011-03-29T06:46:00.000-07:002011-03-29T12:09:35.835-07:00Cuatro importantes testimonios se escucharon este lunes en el tribunal oral federal N°2 de Rosario, donde se está juzgando a seis imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario.<br /><span class="fullpost"><br />La primera de las testigos en declarar fue la referente de Familiares de desaparecidos por razones políticas, Élida Luna, quien aportó un relato sobre el contexto en que se desarrollaron los hechos que se están juzgando, al describir el origen del organismo de derechos humanos que preside, surgido en los primeros años de la dictadura.<br /><br />Luna recordó cómo se acercó a la lucha de los organismos de derechos humanos tras el secuestro y desaparición de su compañero Daniel Gorosito, militante del Partido Revolucionario del Pueblo (PRT), uno de los casos que se les imputa a los represores del SI, aunque no esté entre los que se están juzgando en este tramo del juicio.<br /><br />En segundo término se presentó el testimonio de Clelia Beatriz Righi. La testigo declaró haber conocido a Alejandro Stancanelli, una de las víctimas fatales de la causa, y realizó un tremendo relato del día en que por un hecho fortuito vio cómo lo fusilaban en plena calle.<br /><br />Righi contó que conocía a Stancanelli de su infancia en Plaza Jewell. Él jugaba al rugby y ella al hockey, y relató un encuentro casual que tuvo, a pocas cuadras del tribunal, en el año 1976, en Oroño y San Luís. “Él iba solo, yo estaba con un compañero, Gonzalo Barrios, justo en la esquina que íbamos a cruzar a la parada de San Luís para tomar el colectivo. Conversamos muy frívolamente. Me dijo «qué linda estás, me voy a la facultad, seguís jugando al hockey», y sigue caminando por Oroño hacia Mendoza y cruzo”.<br /><br />Luego la testigo recordó que, mientras esperaba el colectivo frente al colegio Misericordia, escucha tiros de revólver. “Me escondo como en un umbral de un kiosquito ‒relató Righi‒ y lo veo a Alejandro corriendo hacia Alvear, rengo, y detrás de él venían personas tirando tiros. Se cae al suelo frente a una casa muy linda antes de llegar a Alvear, en la calle. Veo que le tiran un arma encima, un revólver”.<br /><br />Righi después agregó: “Yo quería salir, gritaba. El chico que estaba conmigo me sostenía. Nos fuimos sigilosamente hasta Oroño, y después a Rioja. No supe nada hasta el otro día, que leo fue abatido Alejandro y lo encontraron con arma. Yo no vi que él tuviera un arma, se la tiraron encima, fue asesinado”.<br /><br />En tercer lugar fue el turno de la ex detenida Marta Bertolino. La testigo brindó uno de los más extensos testimonios del juicio, comenzó alrededor de las 16 y culminó recién a las 21. Bertolino relató la “tragedia familiar” que tuvo que vivir, tras la detención y posterior desaparición de su compañero, Oscar Manzur, los pormenores su propio secuestro, los terribles tormentos a los que fue sometida durante su avanzado embarazo en el SI, y el parto en condiciones infrahumanas que debió soportar en el marco de ese siniestro cautiverio.<br /><br />“Éramos hacía tiempo militantes peronistas y participamos muy activamente dentro de la JP, cuando empezó a asomar la democracia en la Argentina. Habíamos vivido casi toda la vida entre dictaduras y proscripciones. Militamos fuertemente en la JP durante todo el proceso que llevó al gobierno a Campora”, recordó Bertolino al inicio de su testimonio.<br /><br />La testigo luego describió las circunstancias de su detención y complicó a varios de los imputados de la causa, en especial al ex policía José Lofiego. “El Ciego (apodo de Lofiego) sobresalia por su desborde de locura, por su crueldad y porque comandaba las torturas”, declaró Bertolino, quien en numerosas oportunidades ‒a través de libros y documentales publicados en la ciudad‒, ha dado cuenta de la increíble historia que le tocó vivir en ese infierno en el que dio a luz a su hija Alejandra Manzur.<br /><br />Por último fue el turno de Alejandra Manzur, hija de Marta Bertolino y Oscar Manzur. Su testimonio tuvo un tono conmovedor, al punto que varias veces se vio a los abogados de los querellantes secarse las lágrimas.<br /><br />Manzur, que tiene por estos días un embarazo de nueve meses, hizo un repaso por la dura historia familiar que le tocó vivir, aludió a los relatos que su madre compartió con ellas sobre su nacimiento, y relató las memorias de cómo fue su vida durante y después de la detención de su mamá.<br /><br />“Mi madre Marta Bertolino ‒comenzó Alejandra‒, embarazada de mí de ocho meses, junto a mi padre fueron secuestrados el 10 de agosto de 1976 y fueron llevados al SI de la Jefatura de Policía, donde fueron salvajemente torturados. Yo no tengo memoria de esto, tengo el relato de mi madre. Mi madre me cuenta que por dos días escuchó las quejas de mi padre que estaba junto a ella y en un momento escucho “nena, me muero”, y no lo escucho más. Ella siguió siendo torturada e interrogada”.<br /><br />La testigo relató luego que “el 3 de septiembre de 1976 mi madre rompe bolsa y antes de llevarla a la Maternidad Martin la amenazan con que el bebe que iba a nacer, que soy yo, iba a ser desaparecido porque ella tiene que seguir siendo interrogada”.<br /><br />A continuación, Alejandra dio una dura descripción de cómo fue nacer en poder de los genocidas: “Había policías custodiando dentro y fuera de la habitación. El obstetra, en un acto de valentía, en algún momento hecha a los guardias de la custodia y puede darme a luz. Era el 4 de septiembre de 1976. Los dos médicos que estaban ahí y la enfermera, tratan de ayudarla y me anotan, y una enfermera pide un teléfono, por lo cual mis abuelos estuvieron en conocimiento de esta situación. Los primeros dos días y medio de mi vida yo paso en esa habitación sin darme ningún tipo de alimento y ella sin poder darme de mamar. Luego vamos a la Unidad Penitenciaria 5 de Rosario, en una semi legalización, después a Villa Devoto, hasta que cumplo seis meses. El 7 de marzo de 1977 me separan de mi madre y me llevan con mis abuelos”.<br /><br />Alejandra contó que luego fue a parar a la casa de sus abuelos maternos. “Con mi abuelo Pocho, mi abuela Rina y mi tío Guillermo, en ese hogar, esas tres personas me brindaron todo el amor, el afecto y la contención necesaria para poder sobrevivir, sin esto hubiera sido imposible seguir viviendo”, recordó la testigo, quien mencionó además que su tío Eduardo, mellizo de su madre, también estaba preso en la cárcel de Coronda.<br /><br />La testigo tocó las fibras de los jueces y el público que quedaba en la sala ‒a esa altura de la jornada eran cerca de las 22 de la noche‒, cuando habló sobre la comunicación con su mama durante la detención en Devoto. “Las cartas llegaban cada semana, cartas de mi mamá llenas de dibujos. Mis abuelos me las leían. Las visitas eran cada dos o tres meses o cuatro, y eran a través de un locutorio, yo chiquita podía registrar muy poco de todo eso”, rememoró Alejandra.<br /><br />En un tramo muy doloroso de su relato, Alejandra contó el reencuentro con su madre cuando recuperó su libertad, a los cinco años, y el suicidio de su abuela Rina cuatro años después. Alejandra ligó ese tremendo hecho “con las atrocidades que había vivido la familia”.<br /> </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-4872892278014366379?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-62041741025378069472011-03-16T07:06:00.000-07:002011-03-16T07:08:02.254-07:00<span style="font-style:italic;">Por Juane Basso.</span>El testimonio ofrecido por Marta Vennera en el juicio contra la patota de la dictadura que actuó en el Servicio de Informaciones, quien declaró este martes, permite descubrir uno de los costados más trágicos sobre cómo impactó el terrorismo de estado en miles de familias argentinas. La testigo brindó un relato plagado de emociones encontradas, donde el miedo, la culpa y el dolor vivido esos años, se hicieron presentes en la sala de audiencias N°2 de los tribunales federales. "Después de muchos años de silencio quiero reivindicar a mi marido como un militante de la Juventud Peronista", expresó Vennera.<span class="fullpost"><br /><br />La testigo declaró que el 27 de septiembre de 1976 ocurrió la desaparición de su marido Antonio Ángel López. Marta recordó que “en la mañana del 27 era lunes Antonio salió temprano, antes de ir a trabajar tenia una tarea como militante de la Juventud Peronistas, tenía que volantear la zona de Villa Diego, iba con un grupo, el tenia una moto, era una misión riesgosa porque era una época difícil, habían caído muchos militante, las citas y controles estaban cantados, el riesgo hizo que el día anterior Antonio reuniera a la familia”.<br /><br />Vennera continuó: “Yo no militaba pero apoyaba la militancia de Antonio. Después de la volanteada tenía que ir al trabajo, de un estudio de arquitectura, yo trabajaba de preceptora en el colegio misericordia, estaba embarazada de 2 meses, estaba angustiada esperando el llamado. Llegó el mediodía y me fui a casa de mi mama, porque si Antonio había caído lo habitual era un allanamiento. Estuve todo el día en casa de mi mamá, a quien no le dije nada, esperando que Antonio me venga a buscar. No le dije nada a mi mamá porque en mi familia había muchos policías y no sabíamos que había pasado, si yo hablaba podía estar hechándole la policía encima a estos chicos. Disimulando que estaba todo bien me fui a casa de un hermano de Antonio, Jorge, me quedé a pasar la noche ahí un par de días mas. En casa de mi cuñado decidimos ir avivir a casa de unas tías abuelas de Antonio que me hacían pasar por una sobrina que llego de otro lado”.<br />Marta realizo un conmovedor relato de aquellos tiempos en los que pretendía no perder la esperanza de reencontrarse con su compañero. “Trate de no llorar, yo tenia que estar bien, si no veo un cadáver, yo tengo derecho a esperar una persona que esta viva”, dijo a los jueces la testigo.<br /><br />Vennera prosiguió: “Lo primero que hice fue una denuncia de desaparición y busca de paradero eso fue el 9 de octubre, habían pasado un poco mas de 10 días. Fue en ese tiempo que me llega una versión. La historia de una pareja que va en moto que un auto, que al muchacho que maneja para, levanta los brazos y le disparan en la nuca, que la chica corre y la meten adentro del auto y al muchacho también, levantan los volantes, y la moto quedo tirada muchas horas en ese lugar. Parecía creíble. Yo me aferré a la posibilidad que un balazo habría terminado enseguida con la vida de Antonio, que no hubiera sufrido torturas”.<br /><br />La versión de ese operativo es la misma que la familia Moro – De Vicenzo obtiene sobre la posible “caída” de Miriam, la hermana de Ana Moro, fundadora de Familiares de desaparecidos y testigo de la causa que ya declaró meses atrás.<br /><br />“Gerardo, mi hijo ‒siguió el testimonio de Marta‒ ya había nacido, y recuedo haber ido con mi cuñado Jorge, a fines del '77 a verlo al padre Héctor García, que nos aseguró que lo había visto a Antonio, que estaba bien, que pronto iba a salir. Por la ilusión, confiamos en el cura”.<br /><br />Luego Vennera comentó que un día su familia se conecta con alguien de la policía federal con quién en un primer encuentro no obtiene respuestas. La segunda vez que se ve con esa gente de a policía federal, Vennera contó el siguiente diálogo: “un policía federal me empieza a decir que quizás Antonio se había ido con otra. Yo le dije que no, que estábamos bien, que el estaba contento con el bebe que esperábamos, y me pregunta si prefería que esté muerto o se hubiera ido con otra. Y yo le di la respuesta mas espantosa, que prefería que este muerto. Y me dijo bueno vamos a buscar entre los muertos. Dijo que había unos cadáveres aparecidos en un camino de tierra que por la descripción y la fecha podía ser Antonio, llamó a un empleado que no estaba uniformado, que me acompañó a los tribunales”.<br /><br />Luego la testigo desarrolló el pasaje más tremendo de su relato: “Allí me me hicieron algunas preguntas en relación a la fecha de mi casamiento, nosotros nos habíamos intercambiado anillos, así que si ese era Antonio tenía un anillo con mi nombre me mostraron fotos, había varias fotos, en una estaba Antonio muerto, un muerto tirado entre yuyales, boca abajo, en otra de frente vestido, tenía como un trapo o una tira rasgada en la cabeza, lo que me dio la idea de que podía haber sido una venda o mordaza. Me desespero, porque pienso que entonces no había caído enseguida. Había otra foto que parecía tomada en una morgue, porque era el cuerpo sobre una mesa; se veía la parte superior del torso, era una situación de morgue, tenía los ojos cerrados y el gesto crispado, tenso, era Antonio yo no tenia dudas”.<br /><br />El suspenso creado por el relato de la testigo no bajaba su intensidad, Vennera comentó que “había otras fotos” de “un cuerpo de una mujer con los ojos entreabiertos y pelo desordenado”, y describió a los jueces: “Me preguntaron si yo tenia idea de quien podía ser, yo pensé que podía ser Miriam (Moro). Pero yo había negado en todo momento la militancia de Antonio, yo dije que no sabía quien podía ser, tenia miedo no sólo por lo que pudiera pasarme a mi sino la consecuencia sobre otras personas, cómo justificar quien era Miriam que había ido a hacer Antonio. Yo estaba ahí, enterándome que Antonio había sido asesinado”.<br /><br />Acomplejada, la testigo pareció revivir en durante su testimonio las sensaciones contradictorias que la atravesaron en aquel instante de hace 34 años: “Yo había cortado todo vínculo con la vida anterior, deje de ver los amigos de Antonio, me quedé en el círculo cerrado de mi trabajo y la casa de mi familia. La idea era no arriesgar a nadie que tuviera relación conmigo y mi entorno, en esa escena en ese espacio de opresión, no se que respuesta podría haber dado más que esa negación que me espanta, porque eso impidió que la familia Moro recupere los restos de Miriam, en un tiempo que le hubiera permitido recuperarlo. Seguramente alguien sabía lo que había pasado y veían a mi ilusionada, esa es la tragedia, esperar la aparición con vida, ponerme a mi delante de las fotos era decirme basta, deja de esperar. La decisión que tomé fue la de negar, no la conozco, no se quien es, fue un dilema”.<br /><br />Más adelante en su testimonio, Marta comentó que en diciembre de 1983, se encontró con Ana Moro. “Le pregunte si había podido saber sobre Miriam ‒declaró Vennera‒, yo le dije que sabia que había pasado con Antonio. Ana se puso mal y me pidió que la acompañe a la calle Corrientes, a la oficina de la APDH, donde estaba Delia Rodriguez Araya. Le hable del expediente, tramite y fotos. Delia me reprochaba como había podido callar tanto tiempo, que locura tenia encima. Se ve que yo seguía mal, esta traba a asumir toda la historia, cuando a raíz de las actuaciones de Ana moro, soy citada a los tribunales, yo sigo sosteniendo que Antonio salio a trabajar y que no estaba en nada”.<br /><br />En ese momento Marta dijo: “Por ello yo quiero reivindicar la figura de Antonio como un militante político de la juventud peronista”, y luego agregó: “Cuando Ana llega al cementerio de Casilda, (donde estaba los cuerpos de Antonio y el de Miriam Moro), se encuentra que en ese pedazo de tierra pública habían levantado un edificio de nichos y no era posible rescatar el cuerpo de Miriam”.<br /> </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-6204174102537806947?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-35780824439970956222011-03-16T07:05:00.000-07:002011-03-16T07:06:53.927-07:00Una nueva jornada de audiencias contra seis imputados de graves delitos de lesa humanidad se desarrolló este martes en el tribunal oral federal N° 2 de Rosario. Liliana Paz, Omar Tion y Marta Vennera brindaron testimonios que ampliaron aún más la carga probatoria que complica jornada a jornada la suerte de los represores que actuaron durante la dictadura en El Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario.<span class="fullpost"><br />En primer término declaró Liliana Rosa Paz, quien también brindó un conmovedor testimonio sobre su detención ocurrida el 29 de mayo de 1976 cuando tenia sólo 17 años.<br /><br />Además de relatar el derrotero sufrido a merced de la patota del Servicio de Informaciones de la policía, Liliana recordó que en esos días de su secuestro se enteró que tenía un embarazo de 5 meses, y que cómo hijo nació en cautiverio, en la cárcel de Devoto 26 de enero del 1977.<br /><br />Otro de los testimonios ofrecidos durante la joranda de este martes fue el de<br />Rubén Héctor Tion, quien se refirió a la desaparición de su hermano, Alberto.<br /><br />“Mi hermano estaba en la juventud peronista, militaba en Perez”, recordó el testigo, quien también se refirió a su cuñada Alicia Tierra, quien según los datos que manejan las Abuelas de plaza de mayo estaba embarazada cuando fue desaparecida, y le habrían robado su bebé.<br /><br />En última instancia declaró Marta Vennera, quien brindó un testimonio tremendo, que prmite ver uno de los costados más traumáticos de cómo afecto el terrorismo de estado a los familiares de desaparecidos (ver nota aparte).<br /><br />En bulevar Oroño al 900 están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.<br /><br />Los delitos por los que están procesados son privación ilegítima de la libertad, homicidios y tormentos en múltiples casos, mientras que todos están acusados por asociación ilícita.<br /><br />Los imputados formaron parte del aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.<br /><br />Según declaraciones de un ex militar que actuó durante la represión ilegal, por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.<br /><br />El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación.<br /><br />Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.<br /><br />El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Varaban y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta.<br /> </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-3578082443997095622?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-13253131429402150842011-03-15T06:31:00.000-07:002011-03-15T06:32:00.536-07:00Dos nuevos testigos se presentaron este martes en el juicio contra la patota de Feced que se está desarrollando en el Tribunal Oral Federal de Rosario. Francisco Reydoó relató su secuestro torturas y cautiverio durante la dictadura en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía, mientras que Mirta Wurm ofreció un crudo testimonio sobre la desaparición de su hermana. “Yo vine a este lugar para que me digan a dónde está mi Hilda”, reclamó la testigo a los jueces.<span class="fullpost"><br /><br />Reydoó, quien había militado en la Juventud Peronista, contó cómo fue secuestrado en su casa a la madrugada el 14 de octubre de 1976, donde estaba toda su familia y su novia, a quien en realidad los represores buscaban y no vieron. El testigo describió cómo lo pasearon por distintos domicilios buscando a su novia, cómo lo metieron en el SI lo torturaron con picana eléctrica y golpes.<br /><br />“Me meten en una habitación y me pegan preguntandome siempre por Alicia (su novia). Me desnudan y me ponen en una especie de cama sillón de metal, me atan y me empiezan a torturar con corriente eléctrica. Eso es espantoso no tiene palabras para describir. Estaba con mucho miedo, en mi militancia, siemrpe pensé que iba a ser detenido y torturado, me prepare para soportar eso, leí declaraciones de compañeros torturados años anteriores”, testificó Reydoó.<br /><br />El sobreviviente recordó a muchos de sus compañeros de cautiverio, y en especial a sus compañeras. “Me dejaron vendado en las escaleras que van a la Favela (otro sector del SI), viene una mujer y me baja la venda y me dice que era Elba Juana Ferraro de Betanin. Estaban Elba, María Inés embarazada, y otra mujer que no se quien era pero que se identifica como una vecina de las Bettanin”.<br /><br />Francisco recordó que una compañera detenida caminaba de un lugar a otro sin parar, y decía que la habian torturado y que la habían violado. En ese punto, el testigo hizo un planteo muy particular a los jueces, que ya han realizado otros ex detenidos. “Quiero pedirle a este tribunal que considere las violaciones como un delito de lesa humanidad, lo pido con el mayor de los respetos, por respeto a las mujeres violadas”, solicitó el testigo.<br /><br />Reydoó también mencionó a muchos de sus compañeros hombres en el SI, como “Manolito Fernández, Eduardo bertolino, Gustavo Picolo, y el cabezon Perez Risso”, con quienes después fue trasladado a la cárcel de Coronda.<br /><br />También recordó emocionado que con Piccolo que fue compañero el colegio Dante Alighieri, junto con Serguio Jalil, Oscar Bouvier y Ricardo Meneguzi (estos tres víctimas fatales de la dictadura).<br /><br />En Coronda el ex detenido político pudo reconocer a dos de los acusados del juicio y reconocidos torturadores del SI. “Cuando en el primer recreo en Coronda yo pude identificar a el Ciego y el Cura. El ciego era el oficial Lofiego, y el cura era Marcote”, indicó el testigo.<br /><br />Al cierre de su declaración, Reydoó mencionó que sobre su historia escribió un libro que habla de mi detención hasta su libertad, en el que habla de sus compañeros desaparecidos y fusilados. El libro que se llama la ventana, y que nunca fue publicado, se entregó como prueba documental a los jueces del tribunal Oral Federal 2, que escucharon atentamente el testimonio de Reydoó.<br /><br />Otro testigo<br /><br />En segundo término declaró la testigo Mirta Ana Wurm por el caso de la desaparición de su hermana. “Hilda Wurm es mi hermana y Jorge Wurm mi papa. Yo se que una vez fue fuerzas del ejército entraron a casa de mi mamá buscaron a mi hermana y mi papa pidió acompañarla, en calle Solis, a media cuadra de Córdoba. Yo no vivía ahí, yo estaba en mi casa y no supe nada de eso hasta mucho tiempo después que me lo contaron”, sostuvo la testigo.<br /><br />“Mi mamá ‒amplió Mirta‒mucho tiempo después me contó. Trataban de tenerme muy al margen y no me enteraba de muchas cosas, yo tenía cuarenta y algo, y mi hermana treinta y siete, o treinta y seis. Mi hermana era profesora de Psicologia, y trabajaba en los Quirquinchos en una escuela secundaria, no se si dejo o la dejaron, ella me dijo que trabajaba con Lescano en educación de adultos. Militaba en Montoneros”.<br /><br />Con un discurso sencillo, humilde, alejado de la verba militante, Mirta desencajó a los jueces del tribunal. Recordó que su hermana se escondía en su casa, y que “hubo un tiempo que venia a dormir a la noche, venia muy tarde y se iba muy temprano, generalmente yo no la veía, venia y se iba”. “La llamaron a mi mamá un día y le dijeron que tenia una hija que vivía en tal dirección y otra que iba a dormir, que le diga que no vaya mas porque la tenían vigilada, mi mamá se comunicó con alguien de enlace con mi hermana y a mi hermana no la vi mas”, dijo la testigo.<br /><br />La testigo contó que con el avance de la represión su hermana fue distanciandosé de la familia para no comprometerlos, hasta que la perdieron de vista en octubre de 1976. “El 26 de octubre (día de su cumpleaños) ella no apareció y un par de días después vino mi papá a casa nervioso. Me dijeron que mi hermana fue a una reunión a Buenos Aires y no volvió”, contó Mirta y reclamó que “a partir de ahora averiguen ustedes”. La testigo confesó que “nunca más” pudieron saber algo de su hermana y en ese momento miró a los jueces y les dijo: “Yo vine a este lugar para que me digan a dónde está mi Hilda”.<br /><br />El candoroso relato de Mirta, fue contundente. “Mi mamá ‒rememoró la testigo‒ vivía con la ilusión de que Hilda que se había escapado a algún lado y me hizo jurar que no la buscara, porque sino yo podría dar algún dato y la iban a encontrar. Y yo en ese momento pensé tengo que cuidar a mi mamá, y mi hermana la respeto porque era una idealista, dio su carrera, sus pertenencias y cuando no le quedo nada dio su vida. Yo me quede con mi mamá”.<br /> </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-1325313142940215084?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-39469919523918325352011-03-06T06:42:00.000-08:002011-03-07T06:44:16.467-08:00<span style="font-style:italic;">Por Alfredo Montenegro. </span>La complicidad en despachos judiciales, militares, eclesiásticos y de la democracia formal no frenó a los familiares que hoy protagonizan la lucha por el castigo a los asesinos.Ya no dan órdenes ni gritan con patéticos gestos de duros. Son cobardes protegidos por vidrios y gendarmes, mientras en silencio se esconden para salvarse. Sin la menor dignidad sirvieron a los intereses y políticas de la clase dominante.<span class="fullpost"><br /><br /><br />Ahora deben escuchar y esperar la resolución del juicio. Aún la justicia del sistema los protege y siguen libres, pero ya una contundente sentencia social los condena por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario durante la última dictadura cívico militar.<br /><br />"Siempre esperamos que algunas de estas bestias dijeran lo que habían hecho. ¿Cuántas madres murieron sin saber dónde estaban sus hijos? ¿Cuántas abuelas mueren sin saber dónde están sus nietos? Y los que tienen las respuestas, callan", remarcó Francisco Oyarzábal.<br /><br />El “Vasco” y su hermana María Inés declararon el último miércoles en el juicio oral sobre la desaparición de su hermano José Antonio, sobre la causa Díaz Bessone, en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario.<br /><br />En la sala del tribunal de Oroño al 900 la memoria y el compromiso rescataron los sucesos que comenzaron aquel 12 de octubre de 1976, cuando fue secuestrado José Antonio. El relato, más allá de los datos e informaciones, fue un testimonio de profundo valor porque los hermanos Oyarzabal, más que meros testigos han sido protagonistas de la lucha junto a otros argentinos, con un inmenso dolor pero también con la clara convicción de pelear y resistir en forma solidaria y colectiva, desde una militancia comprometida.<br /><br />Durante años, sufrimientos, averiguaciones y recorridos por despachos, las familias de las víctimas sólo hallaban mentiras o silencio. María Cristina Márquez, Cristina Costanzo, Analía Murgiondo, Sergio Abdo Jalil, Eduardo Felipe Laus, Daniel Oscar Barjacoba, y José Antonio Oyarzabal, llevados al centro de detención ilegal y clandestino "El Pozo", fueron asesinados en el amanecer del 17 de octubre de 1976, cerca de Los Surgentes, Córdoba. Los jóvenes habían sido trasladados desde el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario. Pero esos datos faltaron por años: ¿qué les había pasado?, ¿dónde? y las dudas sobre el destino de sus cuerpos movilizó a las familias.<br /><br />Recién en diciembre del 82 se pudo constatar el hecho. El Terrorismo manipulaba la verdad para paralizar cualquier respuesta o investigación. Para derrotar al terror, como lo había advertido Rodolfo Walsh, había que “hacer circular la información", y eso es lo que hacen desde muchos años los familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado y los militantes que los acompañan.<br /><br />Sobre José Antonio, su hermana María Inés detalló: “Nació el 20 de febrero del 54, en el 76 tenía 22 años, era estudiante de derecho de la UNR y militaba en la JUP. El Vasco agrega: “En el 76 dejó la casa de calle Urquiza y se fue a vivir a una pensión en España 961. Lo veíamos seguido, venía a casa a comer y traía ropa que mi madre lavaba. El Ciruja era su apodo en el colegio, en el club de rugby Duendes y en el ámbito político, al punto que para muchos: yo era el Cirujita”.<br /><br />Tras el secuestro, “empezamos a pensar en qué podía haber ocurrido y comenzamos las averiguaciones, él tenia un amigo Eduardo Laus, cuya madre nos llamó por teléfono y nos dimos cuenta que estaban faltando los dos. Tuvimos múltiples reuniones con la familia de Laus”, explicó con voz segura y calma Inés.<br /><br />También relató la reunión que una amiga de la familia y miembro del poder judicial mantuvo con el comisario Corrales el 18 de octubre de 1976. A pesar que los jóvenes habían sido asesinados el día anterior, le dijo que Oyarzabal estaba herido, detenido en Jefatura y a disposición del Ejército. Luego, el comandante del Ejercito Andrés Ferrero “la invitó” a no buscar más datos. Entonces, Agustín Feced, el ex comandante mayor de Gendarmería era interventor de la policía rosarina (abril 1976 a mayo de 1978).<br /><br />Mientras comenzaban las averiguaciones, también apareció el miedo y las noches sin dormir. “Inés remarca algunos recuerdos: “El teléfono sonaba en las noches, a cada rato. Atendíamos, nos cortaban, y como si nos vieran, al acostarnos nos volvían a llamar. No podíamos cortar la línea porque siempre esperábamos noticias", cuenta. Además, resaltó “las mentiras que recibimos permanentemente, mientras que mis padres deambulaban de un lado a otro y los maltrataban”.<br /><br />“El 15 y 16 de noviembre y también el 30 de diciembre del 76 hicimos denuncias en el Comando del 2º Cuerpo de Ejercito”, indica Inés. Agrega que su madre y una tía también elevaron el tema al Ministerio del Interior y hablan con el cura García (Héctor), secretario del entonces arzobispo Guillermo Bolatti, “quien nos alentaba a tener esperanza que con la llegada de las fiestas íbamos a tener alguna noticia”, señala Inés. “Seguimos caminos oficiales recurrimos a la iglesia a los militares y a la justicia, pero los habeas corpus fueron respondidos de manera negativa y en el 79 hacemos la denuncia ante la OEA”, agrega.<br /><br />Los sucesos se empezaban a ordenar. Pero recién en diciembre del 82 el Vasco accede a parte de la verdad: tras ser detenido el 12 de octubre del 76, fue llevado con otros seis jóvenes a la Jefatura de Rosario, y de ahí trasladados vivos a un costado de un camino rural en Los Surgentes, donde fueron asesinados el 17 de octubre. Más tarde, llevan sus cuerpos al hospital cordobés San Roque y finalmente a una fosa común en el cementerio San Vicente.<br /><br />Una democracia condicionada<br /><br />“Mi madre buscó hasta que se enteró de la muerte de su hijo, con mucho dolor y silencio pasó la posta y empiezo a trabajar en Familiares de Desaparecidos y en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La militancia en esos organismos era muy importante, muy sana, también era un lugar de contención”, sostiene el Vasco mientras se disculpa ante el tribunal por una permanente carraspera. Admitió que desde que se enteró “que debía testimoniar hoy, me pica la garganta, perdón”.<br /><br />Entre el 82 y 83 viaja a Mar del Plata y otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, por más datos. Con la recuperación de la democracia aparece la Conadep y denuncias en la justicia provincial. Pero también sucederá uno de los momentos más duros para los Oyarzabal.<br /><br />Inés cuenta: “En diciembre del 83, en el diario La Capital se dice que habían identificados algunos cadáveres, entre ellos el de Eduardo Laus. Faltaba poco para que asuma Alfonsín y viajamos a Córdoba con mi hermano y la abogada Délia Rodríguez Araya, vamos al Juzgado y nos dicen que en una fosa de San Vicente había unas 3000 personas enterradas, pero nos pidieron que esperemos al gobierno democrático”.<br /><br />Entre el 3 y 4 de marzo del 84 se abre la fosa común del cementerio cordobés “de una forma bestial, con una pala mecánica que destrozaba huellas y huesos. Pasamos dos días viendo fémures y cráneos, llegamos a contar 50 cráneos. Como no recordar cuando sacan a uno con una venda en los ojos. Luego llevaron los restos a una oficina médico legal donde un equipo los analizó. Habíamos guardado radiografías tomadas por el dentista de la familia. Sólo se reconoció el cráneo de Cristina Costanzo”, cuenta Inés. Al no avanzar en la identificación de los restos, por orden del juez son retirados y guardados para futuros análisis en el cementerio.<br /><br />Ya en 1984, acota el Vasco: “No terminamos de entender hasta que punto la democracia estaba jaqueada. Se produce el robo a los tribunales provinciales y con ello se pierde documentación. Militaba en el Partido Intransigente, y desde ahí se había advertido al gobierno sobre el riesgo que corrían esos documentos”.<br /><br />Entre los trámites que debieron soportar, el Vasco recuerda cuando las denuncias, en el 84, pasan de la justicia provincial a la militar. “Me toca declarar ante un juez militar, y recuerdo que en vez de buscar información trató de amedrentarme”. Así relata la pregunta más recurrente que le hacían: “¿Pero usted está seguro de todo esto?”. También concurre en febrero del 86 a la justicia federal”.<br /><br />Otro duro momento fue acompañar al periodista Carlos del Frade a Los Surgentes, donde se entrevistan con el médico y el fotógrafo que vieron a los cadáveres y con la empleada que tomó huellas dactilares de los siete cuerpos. “En 2003 el Equipo Argentino de Antropología Forense iba a recuperar los cuerpos para identificarlos, se anuncia que reabrirán la fosa común del cementerio para analizarlos con la nueva tecnología y pruebas ADN. Queríamos recuperar algo, uno podría haber excavado la tierra con los dientes”, sostiene el Vasco.<br /><br />La ilusión se estrelló contra otra desilusión, otra burla realizada en supuestas épocas democráticas: “Esos huesos que debían ser resguardados, a los dos días de cerrar el primer análisis en febrero del 85 fueron incinerados y tirados al osario común. Habíamos dejado muestras de sangre para la identificación. Pero ya nos comentaron que se sospechaba sobre la incineración de esos restos, hicimos una nota y nos confirmaron la incineración en febrero del 85. Fue un espanto, terrible, muy duro. Necesitábamos que apareciera aunque sea un hueso, nos negaron la posibilidad de identificar aunque sea algo, era como la segunda desaparición de mi hermano y a partir de ahí entré en un bajón anímico y quiebre”, admite.<br /><br />En los años 90, el Vasco realizó presentaciones por la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Pero también debió soportar que una oficial de justicia lo visitar en su casa porque debía embargarle algo porque un recurso que había sido rechazado generaba gastos. “Dijo que lo único de valor que tenía era una vieja biblioteca de madera. Me produjo gran violencia, porque mi hermano no estaba y a mí me querían sacar una biblioteca”.<br /><br />A esta altura, el relato llegaba al presente, y los Oyarzabal, como tantos militantes y querellantes no dan por terminada la historia porque se reclama la demorada justicia. El Vasco admite su sueño: hallar los restos de su hermano y dejarlos en el cementerio junto a su padres. Pero también sostiene que “con el cambio político en el país, al caer las leyes de impunidad uno vuelve a recuperar la posibilidad de enjuiciarlos”. Antes, ya su hermana había afirmado: “En nombre de mi madre, que recorrió estos bulevares en soledad buscando a mi hermano, en nombre de ella pido justicia”. De las siete madres de los jóvenes de Los Surgentes, sólo vive Angela Costanzo, presente en la sala y acompañando a los hermanos del amigo de su hijo.<br /><br />Aquellos pibes unieron a sus familiares, quienes hicieron un acto a los 30 años del suceso y también participaron en el acto realizado por alumnos de una escuela de Los Surgentes que estudiaron, rescataron e investigaron el caso.<br /><br />Cuando finalmente los funcionarios judiciales estaban por cerrar la declaración, el Vasco pidió decir “una cosita más”- Entonces, con su voz más tranquila y ya sin carraspera descargó: “Para los abogados hay delitos, hay homicidios, privaciones ilegitimas de la libertad, torturas; para los familiares hay dolores y lo que siempre me pregunto es cuantos dolores tienen que pasar por este escritorio para que haya justicia”.<br /><br />Los aplausos estallaron en la sala, todos quedaron de pie. Pero los cobardes siguieron en sus lugares y en silencio, como aplastados en sus sillas por el peso de la verdad y de una condena que no puede esperar.<br /><br />En los tribunales son juzgados Ramón Díaz Bessone (ex Cdte. Del II CE), José Rubén Lo Fiego (oficial principal de la Policía de Santa Fe), Mario Alfredo Marcote (oficial de la Policía de Santa Fe), Ramón Rito Vergara (suboficial de la Policía de Santa Fe), Juan Carlos Scortecchini (comisario principal de la Policía de Santa Fe) y Ricardo Chomicky (civil) por los delitos de privación ilegitima de la libertad y tormentos a 93 victimas, 17 de las cuales fueron asesinadas. En el año declararán unos 200 testigos. </span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7476848387434950358-3946991952391832535?l=diariodeljuiciorosario.blogspot.com' alt='' /></div>H.I.J.O.S. Rosariohttp://www.blogger.com/profile/07305845677628503418noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7476848387434950358.post-85331305559592236652011-03-03T05:02:00.000-08:002011-03-03T05:20:47.012-08:00Cuatro nuevos testimonios se presentaron este miércoles en el juicio oral por la causa Díaz Bessone, que se lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario, donde se están juzgando delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario durante la última dictadura. Entre los hechos destacados se recordó la masacre de los Surgentes, en la que siete detenidos del centro clandestino comandado por Agustín Feced fueron asesinados una madru